En la cuestión educativa, una grieta que peligrosamente se profundiza cada vez más

Argentina parece haberse acostumbrado a vivir en la grieta. Blanco y negro se ha transformado en la constante y los grises se desdibujan como si una única posición estuviera condenada a imponerse. Sucede en las conversaciones cotidianas y en el debate político. Lo preocupante es que la escalada de un disenso que parece inhabilitado a expresarse gana la esfera pública y la pretensión de "verdad absoluta" aparece encarnada en las más altas esferas del poder.

En los últimos días han sido numerosas las controversias que se han planteado en torno a la educación. Y a uno y otro lado del arco ideológico pareciera existir un ensañamiento sobre la cuestión educativa. Como si la grieta se hubiera filtrado también en un ámbito que debería quedar resguardado de algunas cuestiones que resultan sumamente dañinas al conjunto de la sociedad.

Para citar apenas algunos de los ejemplos que surgieron en la conversación pública fueron las consideraciones del vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, quien en una entrevista expresó que "es incompatible votar a Milei con estudiar en la UBA", como si una universidad del prestigio de esa casa de estudios estuviera reservada solo para determinadas pertenencias ideológicas o modos de pensar y concebir la realidad. 

Ni Cristina Kirchner se animó a tanto en su pretensión de imponer su ideario. Lo que puede resultar una apreciación menor, cobra relevancia y genera preocupación por cuanto corre del eje la verdadera problemática que aqueja a las universidades que es la falta de financiamiento. También desdibuja la matriz propia de la universidad pública en el país caracterizada por la diversidad y la pluralidad de las ideas.

En el mismo sentido habían resonado previamente las apreciaciones del propio presidente Javier Milei cuando en un Foro Internacional tildó de nefasta la bibliografía de los planes de estudio de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y acusó a la comunidad universitaria de "ser parte de la casta y adoctrinar a los estudiantes". Estas declaraciones no solo generaron repercusiones en el ámbito académico sino en buena parte del arco político que observó con alarma semejante acusación.

De la mano de esa consideración, el presidente también expresó que "la educación pública ke ha hecho muchísimo daño lavando del cerebro de la gente" y oficialmente se anunció que se iba a enviar un proyecto de ley al Congreso para pedir la modificación de artículos de la Ley de Educación y habilitar mecanismos para "penar el adoctrinamiento en las escuelas". Frente a ello la voz de académicos, constitucionalistas y especialistas en educación, no tardó en llegar.

La escalada de absurdos en este terreno llegó el pasado fin de semana cuando el diputado de La Libertad Avanza, Alberto Benegas Lynch afirmó que no cree en la obligatoriedad de la educación, mientras cuestionó la injerencia que ejerce el Estado sobre las familias. También sugirió que aquellos que no accedan al "lujo de mandar a su hijo al colegio" podrían poner a trabajar a menores de edad. Sus declaraciones generaron críticas desde todo el arco opositor, poniendo sobre la mesa de discusión cuestiones que van más allá de lo ideológico y que tocan derechos que la propia sociedad ha legitimado y colocado como prioritarios en su matriz propia de constitución para la vida en comunidad. El debate sobre el trabajo infantil ha sido saldado, la Ley N°26.390 lo prohíbe en Argentina y la Constitución Nacional ha incorporado diversas convenciones internacionales que protegen los derechos de los niños, incluyendo el derecho a no ser explotados y el derecho a la educación. 

Si bien es cierto que, a contracorriente de lo que debiera suceder, muchos chicos, aunque están inscriptos en las escuelas, no pueden asistir a las aulas porque son obligados a trabajar, no menos real es que esta problemática debe resolverse con más educación obligatoria y no con menos.

La propia ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello salió a diferenciarse de los dichos del diputado libertario y a través de su cuenta oficial llamó a "no adoptar falsas soluciones" y recordó que "el Estado y la sociedad civil también forman parte de la tutela de la educación".

Asimismo, recordó que "la educación obligatoria fue propuesta en el contexto del pensamiento humanista liberal justamente para promover la libertad de los menores tutelados por adultos" y admitió que "si bien es cierto que la obligatoriedad ha derivado muchas veces en el adoctrinamiento o el monopolio ideológico, por esto no deben seguirse falsas soluciones que caen en otros absolutismos".

La grieta no puede admitirse en el terreno educativo. Si bien es cierto que ha habido en el sistema educativo un ejercicio dañino de la mala política, las instituciones educativas son parte constitutiva de la vida en sociedad y responden a la política entendida en el sentido más sano del término.

La grieta no puede conducir al país a la desnaturalización de lo público. No es cierto que el Estado deba desatender las cuestiones que le han dado origen y que le dan sustento a la vida en democracia. La educación es uno de estos temas que no debieran pasar por un tamiz tan obtuso. En reiteradas oportunidades en este mismo espacio editorial ha sido señalada la importancia de dar el debate educativo para trazar las líneas rectoras de políticas que ayuden a resolver la tragedia educativa que han generado años de deterioro y mal obrar. Pero reducir el debate a pensar que solo se puede asumir ser parte de la solución si se piensa como el poder de turno, es condenar la discusión a la nada misma.

Quizás, ante la dimensión de la crisis y lo estrepitoso del deterioro cultural y educativo del país, sea necesario volver a los orígenes mismos de la Nación, esos que el presidente recrea en sus discursos para recordar que la educación pública ha representado una herramienta potente de movilidad social ascendente a la que no se puede renunciar. Por el contrario, tal vez resulte necesario retomar esa senda, discutir la escuela para dotarla de mejores instrumentos y de más calidad. El propio ADN argentino está amenazado si bajo el argumento de resolver la crisis económica y social que afecta al país y de perseguir a "las castas" a como de lugar, se avasallan y atropellan años de historia, esas mismas que hicieron de esta tierra una Nación libre, equitativa e igualitaria.