Argentina está dando una dura batalla contra la inflación y la clase media, haciendo malabares para sortear el impacto que las medidas económicas tienen en el bolsillo. El conjunto de la sociedad entiende que el ajuste es necesario no solo para reordenar las cuentas públicas, sino para generar nuevas condiciones que le permitan al país retomar el círculo virtuoso del crecimiento.
La alta adhesión popular que tiene la figura del presidente Javier Milei es una prueba de ello. Pero esta consideración positiva que se traduce en términos de imagen, no alcanza a toda la clase política. Por el contrario, el desprestigio se ha transformado en la moneda corriente y amenaza con deslegitimar a quienes ocupan cargos públicos. Hay una desilusión de la población con sus dirigentes y un algo grado de sensibilidad colectiva en relación a cómo funcionan los poderes del Estado y qué nivel de empatía demuestran frente a ese esfuerzo que la gente común está haciendo para sacar el país a flote. Hay quienes observan que esta atención minuciosa puesta sobre los actos y los gestos de quienes ocupan cargos públicos es una señal de madurez cívica y un clima de la época que se ha instalado fuertemente. La gente exige lo mismo que pone al servicio de la recuperación del país, no menos. Y no está dispuesta a soportar lo que entiende es un atropello.
En los últimos días, hubo una medida que caló profundamente en la opinión pública y generó un rechazo casi unánime: el aumento de las dietas que votaron los senadores. Apenas se conoció la noticia, las repercusiones no tardaron en llegar para desatar el escándalo.
En una sesión y a mano alzada, los senadores determinaron llevar el monto de sus ingresos a más de cuatro millones de pesos de bolsillo, además de incluir el aguinaldo.
Como sucede cada vez que se trata un tema controvertido que solo beneficia a "la política", sin debate previo, la aprobación se dio casi a espaldas de la sociedad. Aunque se cumplió con las exigencias del reglamento en términos formales, la sesión estuvo teñida de cierto oscurantismo, como si alguno no estuviera en sintonía con lo que espera la gente de sus representantes.
Más allá de la legitimidad que tienen los legisladores que han sido elegidos por la voluntad popular, y del hecho de que el ejercicio de tamaña responsabilidad exige de dedicación y merece un buen haber, la medida tocó un punto sumamente sensible y fue leída como algo que va a contracorriente del momento y de la realidad. Un país sumido en la pobreza, con sus lazos sociales resquebrajados por la crisis y en una economía que aún va a tientas tratando de hallar un camino, resulta inadmisible que quienes ostentan la responsabilidad y la ejercen piensen solo en su propia recomposición salarial.
No es casual que la ciudadanía se haya hecho eco de la definición del presidente que instaló en la conversación pública el concepto de "casta". No es llamativo que una decisión de este tipo genere como contraparte, esta reacción.
Una vez más el sentido común ganó la calle, incluso de inmediato se hizo viral el mensaje de un médico cardiólogo que expuso lo que buena parte de la ciudadanía quería decir frente a lo que consideró por lo menos un atropello. Y la escalada del rechazo tiene aún consecuencias impredecibles.
La medida aprobada en el Senado sacudió al arco político y no tardaron en llegar argumentos a favor y en contra. Tampoco excusas ni explicaciones, pero nada logró acallar eso que ya había marcado una huella en el ciudadano de a pie. De nuevo la dirigencia le daba la espalda.
Nadie discute que, para convocar a los mejores, la tarea política debe estar bien remunerada. Esa es una discusión que hay que dar de cara a la sociedad y hacerlo en el momento oportuno. Precisamente lo que le faltó a esta medida fue oportunidad y debate.
Si se piensa que un jubilado apenas alcanza como remuneración los doscientos mil pesos, y que los trabajadores de distintos sectores tienen pisadas sus negociaciones paritarias como parte de la estrategia para contener la espiral inflacionaria, resulta por lo menos inoportuno, cuando no obsceno, que en tan solo cincuenta segundos el ingreso de los senadores se haya podido duplicar sin tan siquiera medir el impacto que esto podía tener en la opinión pública y en las arcas flacas del propio Estado.
Más allá de lo que suceda en lo formal con esta decisión que ya ha sido cuestionada hasta por el propio presidente de la Nación y de lo que derive del trámite legislativo que tengan iniciativas que se han presentado para retrotraer la medida e incluso imponer cambios en el reglamento de la Cámara, lo cierto es que el mal ya está hecho. El común de la ciudadanía argentina entiende que los senadores operaron como lo hacen otras corporaciones, privilegiando sus intereses y alejados de ese sentimiento de empatía que requiere el ejercicio de la función pública en momentos de crisis.
La gente se quedó con la idea de que todos son parte de lo mismo. Que ninguno tuvo el decoro de oponerse firmemente, o lo hizo después, cuando la medida ya estaba consumada. No alcanza con la vocación de donar la dieta, tampoco con gritar en los canales de televisión la denuncia de posibles "acuerdos" para dejar expuestos a legisladores de algunas fuerzas políticas opositoras y sobreactuar esta idea de que "este es el modo en que se expresa la casta".
El país, quizás como nunca antes, requiere de responsabilidad y pericia en el ejercicio de cualquier tarea pública. Se necesitan ejemplos, escribir con la mano y sostener con el codo, no borrar. Porque el tejido social está lo suficientemente dañado como para que se instale la idea de que la política sigue funcionando divorciada de los verdaderos intereses de la gente. Tampoco para que en el imaginario colectivo vuelva a ganar la certeza de que el aumento de las dietas es el "toma y daca" para conseguir la dedicación que requiere el tratamiento de otros proyectos.
La política que es la herramienta de transformación de la sociedad debe ser ejercida por líderes que estén a la altura de las circunstancias. Que en las diferencias sepan como construir acuerdos sin que la variable económica sea la moneda de cambio. Porque la gente no está percibiendo más por hacer esfuerzos titánicos, y porque de lo contrario el costo del ajuste lo paga solo aquel que no está haciendo otra cosa que intentar remediar esos daños profundos que ha dejado el saldo de la mala política.
