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Habitualmente cuando se habla de política, se piensa en las cuestiones de coyuntura y la atención se centra solo en lo urgente. Allí se suelen colocar las prioridades y las demandas respecto de aquellos otros temas que no ocupan esa agenda, quedan relegadas o se transforman en la bandera de otros actores de la vida pública. Pocas veces en los países en crisis se piensa la política ambiental como pilar y base para el desarrollo. En muchas ocasiones, incluso, el tema aparece por lo menos en el escenario público como una barrera que obtura la posibilidad de inversiones. Y como todo aquello que genera debate, cae en una grieta que imposibilita el pensamiento de largo plazo.
¿Qué rol ocupan los movimientos ambientalistas en este escenario? ¿Cómo pensar colectivamente la agenda ambiental pendiente?
El tema ambiental aparece en la consideración pública cuando sucede una catástrofe o se vivencia un fenómeno asociado a variables climáticas o productivas. Se habla de la consecuencia más a menudo que de la causa.
Es necesario convencer a los decisores públicos y privados de dar la conversación e invertir el eje del debate para poder trabajar sobre una estrategia de política ambiental a tono con las exigencias del comercio internacional y de los desafíos que plantea el cambio climático.
Para ello hay que observar una economía que está emergiendo y que surge de una nueva producción más sostenible en distintos campos, y todo ese conjunto de pautas que suelen ser aún marginales, deben ser estimuladas y observadas como una oportunidad para el país y colocar a la cuestión ambiental como la llave que ponga en marcha en la senda del crecimiento y la inclusión.
De la mano de ello, y lejos de parecer utópica, hay otros aspectos que obligan a considerar el tema ambiental, como una cuestión urgente. El Panel Intergubernamental de Cambio Climático, del que forman parte más de 5 mil científicos de casi todo el mundo, afirman que el planeta muy probablemente supere el grado y medio de aumento de la temperatura previsto como límite en la cumbre de París del 2015 y alcance los dos grados. Si esta tendencia no se revierte, muchas zonas comenzarán a inundarse con frecuencia con lo que ello implica en términos sanitarios y habitacionales.
Lamentablemente el inventario no termina ahí. Hay múltiples variables que exigen comenzar a poner sobre la mesa de decisión el tema medioambiental para abordarlo de manera estratégica.
El interrogante que surge es si los cambios que propone el Gobierno nacional en este aspecto afectan o benefician la realidad ambiental del país en el escenario presente y futuro.
En principio, y de acuerdo a lo que sostienen muchos colectivos ambientalistas, le ley de glaciares afecta potencialmente el recurso agua, en las provincias que dependen del curso de agua de los Andes. La economía del vino depende de eso y también la calidad del agua, porque puede haber contaminación. El gobierno, a través del DNU y del proyecto de ley, dice que hay toda una zona periglaciar, alrededor de los glaciares y de su cuenca baja, que pueden ser intervenidas para el desarrollo productivo sin inconvenientes. Eso en la actualidad está prohibido por la ley vigente. De la mano de ello, en otro plano, mejor protección sobre los bosques nativos podría generar que se perdieran muchos millones de hectáreas con las consecuencias ambientales asociadas a ello.
Lo que señalan muchos especialistas ambientales es que la política que se aplica o se propone en materia ambiental significa un retroceso. Y advierten que prácticamente todos los cambios ambientales que se propusieron en los últimos años han implicado cambios que no alcanzan a abarcar la raíz del problema y advierten que el mundo está yendo en otra dirección. En este punto ponen como ejemplo con lo que sucede con la matriz energética y refieren que se siguen eliminando el fondo de promoción de las energías limpias y se siguen manteniendo los subsidios al petróleo.
Hay que establecer políticas de largo alcance que promuevan la soberanía ambiental y energética. Y ello implica tocar negocios e intereses de actores poderosos. El contexto actual exige que estas cuestiones se incluyan en la conversación pública. Para ello, hay que correr la mirada de lo inmediato y coyuntural y establecer las prioridades de la agenda pendiente.
Porque la crisis ambiental ya comienza a mostrar sus voraces consecuencias. Los impulsores de ese diálogo deben ser los ambientalistas, pero no solo ellos como colectivo, sino el conjunto de la sociedad que dispuesta a realizar cambios radicales en muchas de las órbitas de la vida cotidiana debe por fin darse el tiempo y la oportunidad de pensar en la salud del planeta como algo más que un concepto abstracto y asumirlo como un problema que afecta la vida cotidiana en el plano sanitario, laboral, productivo y de sustentabilidad y el botón de muestra del fracaso de políticas y de reclamos que no han encontrado aún un lenguaje propicio para instalarse y promover la transformación y las soluciones, tan necesarias.
