Convergencia, transversalidad e integración: eso o nada

Habiendo cumplido tres meses en funciones, Javier Milei ocupa con creces el vacío en que su antecesor había convertido la Presidencia, pieza central del sistema institucional argentino. Su figura ejerce un indudable protagonismo que coexiste con los huecos que persisten en su administración: un número considerable de funciones y puestos importantes (de los que depende la resolución cotidiana de gestiones, desde la firma de un cheque a la distribución de alimentos a los comedores comunitarios o el análisis de la obra pública) están aún desiertos, sea porque no se designó a sus titulares, sea porque los que fueron nombrados renunciaron o se los echó. ¿Se trata, como muchos opinan, de que los libertarios no estaban preparados para gobernar o de que Milei se desinteresa de la administración del Estado, al que considera ineficiente por definición y cuya moralidad interior denuncia al definirlo como "una organización criminal"?

En el plano interno, el presidente comenzó su gestión firmando un muy abarcativo Decreto de Necesidad y Urgencia y enviando al Congreso un ambicioso proyecto de ley de más de 600 artículos, que tituló "Ley de Bases y Puntos de Partida para la Liberación de los Argentinos".

El decreto no ha sido tratado aún por el Congreso (que para anularlo necesita del voto negativo de ambas cámaras), y ha sido cuestionado por inconstitucionalidad. La ley, que el Congreso había aprobado en general, presenta muchísimos artículos e incisos que chocan con planteos de provincias, de sectores productivos y de grandes colectivos afectados (por caso, los exportadores por el aumento de retenciones, los jubilados por ser blanco principal en la licuación del gasto). El oficialismo decidió sacrificar la aprobación general ya conseguida y retirar la iniciativa de la discusión parlamentaria.

El presidente se negó a hablar de un fracaso y dijo alegrarse por lo que llamó "el principio de revelación", que para él se había manifestado al agrupar a quienes anota como adversarios, de modo de forzar voluntariamente una polarización que supone terminará favoreciéndolo.

Simultáneamente, Milei desplegó un ataque en toda la línea contra los "traidores", un colectivo formando en primera instancia por la casi totalidad de los gobernadores y por un buen número de diputados que, aun habiendo votado por la aprobación general de la ley, criticaban algunos de sus artículos. El presidente prometió a sus colaboradores cercanos "secar" a las "provincias traidoras", y decidió cortar a las provincias todas las transferencias por encima de la coparticipación, tanto las llamadas "discrecionales" como las normativamente establecidas (por ejemplo, las que corresponden a los fondos de Compensación Salarial Docente, de Incentivo Docente, Conectividad y Material Didáctico, contemplados en las Leyes Nº 26.075 y Nº 25.053). En esa andanada, el Poder Ejecutivo suspendió a todas las provincias el subsidio al transporte de pasajeros. Inexplicadamente lo mantuvo, en cambio, para la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, un reflejo centralista que el interior no podemos interpretar sino como una discriminación que agrava la apremiante situación del transporte público, una industria deficitaria per sé pero que presta un servicio esencial para la sociedad, por lo que la participación del Estado en la conformación de los ingresos para la subsistencia de las firmas concesionarias forma parte de una ecuación donde todas las partes ganan.

Párrafo aparte para lo acontecido con la coparticipación de Chubut: con el argumento del cobro de una financiación pactada durante el ciclo político anterior, se retuvo la liquidación, que es automática, según la ley. Milei condimentó la tensión con el maltrato verbal, particularmente (pero no exclusivamente) vía redes sociales. El conflicto entre el poder central y las provincias se recalentó y dio lugar a un fenómeno interesante: la creciente coordinación entre mandatarios de diferentes orígenes partidarios.

El denominador común no pasa por el rechazo a la agenda impulsada por el presidente sino a la modalidad acentuadamente centralista adoptada por Milei, a quien se le reclama diálogo, negociación y contemplación del conjunto de intereses involucrados.

Desde el Congreso y con una antena que registra las señales de las provincias, Miguel Pichetto resumió una propuesta de convergencia: "Milei debe apuntar hacia un diálogo amplio con los gobernadores que permita terminar con la incertidumbre fiscal que tienen las provincias".

Martín Llaryora, el gobernador de Córdoba le envió un mensaje directo por televisión al presidente: "Le pido que convoque a los gobernadores para que podamos llegar a un consenso. Cuente con aquellos que queremos ayudar".

La convocatoria del presidente a la coincidencia en los llamados Pactos de Mayo abre, en ese sentido, una oportunidad política. La reconfiguración del sistema político que está en marcha -de la que la elección y la presidencia de Milei constituyen un capítulo- está todavía lejos de haberse consolidado. Requiere de todos los actores un esfuerzo superior de lucidez. No alcanza con el ejercicio enérgico del híper presidencialismo; se necesita la convergencia con los gobernadores que buscan forjar acuerdos con el poder nacional para sostener la autoridad presidencial y para impulsar paralelamente el fortalecimiento e integración de los territorios y sus economías. Una mayor proximidad entre los factores principales (presidente, gobernadores) contribuiría a componer la ecuación, a sumar fuerza legislativa y apoyatura empresarial y social. Está faltando articular con inteligencia y capacidad de movimiento los fragmentos de poder dispersos para convertirlos en un sistema.

Los 10 puntos esgrimidos por el presidente constituyeron una movida astuta para permitir la descompresión de las tensiones, además de ganar un tiempo de sobrevida al DNU, que en las condiciones anteriores parecía condenado a una muerte próxima en el Congreso.

Es obvio que, si la oportunidad efectivamente se desarrolla constructivamente, el trámite no se caracterizará por una hilera de gobernadores convertidos en firmantes sumisos, ni en la mágica aprobación de artículos ya impugnados de la retirada ley ómnibus; será, más bien, un intercambio caliente de puntos de vista y una compaginación de intereses que permita llegar a un "contrato social" sustentable y virtuoso.

El Pacto de Mayo abre una posibilidad de encauzar la renovada tensión entre el Estado central y las provincias. La formulación centralista propuesta por Milei es un punto de partida, no necesariamente un punto de llegada. Las provincias han mostrado saludables reflejos que las empujaron a coordinar una respuesta defensiva común, pero todavía aparecen muy amarradas a miradas principalmente reivindicativas, particulares (en el mejor de los casos, regionales) cargadas de legitimidad, pero no llegan aún a formular una estrategia nacional capaz de ofrecer una alternativa simétrica, complementaria y superadora de los puntos razonables que aparecen en la lista de Milei. Todavía no hay a la vista un programa mínimo integral de las provincias, que contenga una propuesta innovadora sobre los recursos fiscales, capaz de reformar en la práctica la anacrónica coparticipación, y una propuesta que apunte al desarrollo productivo y exportador como marco indispensable del equilibrio fiscal.

Por supuesto que un programa de esta naturaleza también resultaría superador de los encorsetamientos partidarios preexistentes, hoy sumidos en una crisis profunda, ya que sería obviamente transversal, pues el elenco de gobernadores tiene todos los colores (salvo el violeta). Sería un verdadero aporte a la unión nacional, la integración y el desarrollo.