Buenas intenciones con los mismos errores

Sin sorpresas, y repitiendo el andamiaje de “la emergencia económica” las primeras medidas del gobierno de Alberto Fernández están dirigidas a “hacer caja” y trasladar el esfuerzo al sector privado. Ya había adelantado el ministro Martín Guzmán en su primera aparición que el sector público no está en condiciones de realizar más ajuste fiscal en 2020, ya que se profundizaría la recesión.

De manera que, los recientes anuncios confirman que el ajuste lo realizará otra vez el sector privado, pagando más impuestos. El Estado, ya sea la Nación, las provincias o los municipios, no tiene previsto recortar sus gastos, incluidos los vinculados a la política, que continúan indexados y en alza cualquiera sea el color de la gestión, y busca por otra vía aumentar sus recursos para decidir los aumentos salariales, de jubilaciones y planes sociales.

Guzmán había señalado que el crédito para financiar los gastos estatales, aumentando la deuda, no está disponible, y que de la emisión monetaria no sería conveniente abusar ya que generaría más inflación.

Hasta aquí, la ecuación que plantean cierra: ese dinero que se busca poner en el bolsillo de los argentinos para salir de la recesión provendrá del bolsillo de otros argentinos. Pero el escenario de otro aumento de la presión tributaria no parece abrir un panorama que frene la caída productiva, el estancamiento económico y una persistente caída del empleo privado.

Los afectados por la mayor carga impositiva son por ahora el sector agropecuario y los exportadores, precisamente el sector más dinámico y competitivo, y que origina la mayor parte de las divisas que ingresan al país. Habrá que esperar y comparar el tratamiento que reciban los petroleros y la minería, integrada la mayoría por firmas internacionales, que mantendrían sus operaciones en Vaca Muerta y otros puntos de Argentina, pero contra garantías contractuales muy concretas de reconocer precios internacionales, disponibilidad de divisas, regalías y dividendos.

Más allá de que lo de las retenciones era una medida esperada, sabida de antemano, los funcionarios, y el mismo presidente habían comprometido consultas previas que no ocurrieron.  Por no haber mantenido esta conversación con quienes están y saben de esta industria, ahora el Gobierno puede haberse pegado un tiro en los pies.

¿Por qué lo decimos? Si bien la medida era esperada por una necesidad fiscal, llega en un momento en que las cosechas de granos están seriamente comprometidas por las sequías. El trigo recolectó 18,5 millones de toneladas contra 22 millones estimadas. En maíz, solo se ha plantado un 45 por ciento de lo esperado y la soja lleva un 60 por ciento.

Además, por la guerra comercial entre China y EE.UU. están deprimidos todos los precios. Con estas retenciones no solo se ataca la magra rentabilidad de los productores sino que se compromete seriamente las posibilidades de siembra para el próximo año.

Es decir que la misma medida a la que se recurre para mejorar la situación fiscal, puede (y así va a ser) afectar el objetivo del Gobierno, tanto en términos de recaudación impositiva como respecto del necesario ingreso de una mayor cantidad de dólares más dólares.

Es verdad que la frazada es corta, pero hay que tener cuidado y poner sintonía fina para no pegarse un tiro en el pie. Y hay que sumar a esto que las provincias quieren que se derogue el Pacto Fiscal para volver a aumentar impuestos locales y el cuadro no permitirá conseguir la reactivación que el gobierno busca.

La consulta con la mesa agropecuaria, además de venir a cumplir con lo prometido horas antes, hubiese evitado estos serios riesgos en los que ahora estamos inmersos.

Lejos de ser una proclama de defensa al campo, lo que planteamos es estratégico: no es momento para gravar de tal manera la producción agropecuaria y las economías regionales, porque en este paquete caen también otros cultivos de exportación, como la fruta. Imagínese el lector, que a una cosecha que se anticipa paupérrima, se le sumará una carga impositiva imprevista  (que no va a resultar en ponchadas del dólares como ocurrió en el período kirchnerista 2003-2007, cuando la soja tenía precio récord), lo que a su vez redundará en que la próxima campaña el productor recalcule sus intenciones de siembra.

Sabido es que quienes habitan en zonas metropolitanas y trabajan detrás de escritorios, poco saben de las vicisitudes del campo, una industria a cielo abierto, con todos los riesgos que ello conlleva. Para suplir ese desconocimiento y así actuar con todos los elementos en la mano, la consulta es fundamental y no estuvo.  Volvemos sobre los mismos errores.