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No es que nos sorprenda que el Programa Empalme, que Mauricio Macri presentó el 1º de mayo pasado bajo la premisa de reconvertir unos 400 mil planes sociales en empleo genuino, esté fracasando. Era una de las posibilidades, quizá la de mayor certeza, de que no se lograría la incorporación deseada de quienes tienen un plan a sumarse al trabajo registrado.
A decir verdad, este tipo de programas, con características similares decimos, se intentaron aplicar en épocas de Carlos Menem y durante el kirchnerismo sin éxito, quizás por las mismas razones que ahora.
Para comprender el tema, que es clave para que la Argentina transforme planes en trabajo, nos detenemos ante la falta de resultados concretos que tiene el Empalme y una aparente tensión entre los responsables de su aplicación y las organizaciones sociales involucradas, en la versión del Gobierno.
El plan, lo recordamos en trazos muy gruesos, apunta a la reconversión de programas sociales de los Ministerios de Trabajo y Desarrollo Social. Les otorga a los beneficiarios la chance de acceder a un empleo en relación de dependencia en el sector privado (con empresas que acuerdan con el Estado la inclusión de estos postulantes) bajo los parámetros del Programa de Inserción Laboral para beneficiarios de programas sociales que de este modo pueden mantener la prestación como parte de su salario durante dos años. Es, en definitiva, un subsidio al empleador, que debe cubrir el resto del salario de convenio y las cargas sociales correspondientes pero que resulta beneficioso para todas las partes: sin dudas el sujeto que hoy no tiene trabajo; el empleador, que no tiene que abonar la totalidad del salario, y el Estado, que comienza a percibir los tributos de leyes sociales. Al momento de su lanzamiento en la cartera laboral, que encabeza Jorge Triaca, explicaron que una empresa que contrata a un beneficiario de un plan como Argentina Trabaja, al que debería pagarle un sueldo neto de 12 mil pesos, el Estado aportará por hasta dos años el equivalente a los 4.030 mensuales que percibe por ese programa social. O sea que, de bolsillo, el actual portador de un plan pasa de cobrar 4.000 pesos a 16.000.
Sin embargo a cuatro meses de su lanzamiento, el plan apenas incorporó a 78 personas, de acuerdo con los registros oficiales. ¿Cómo es posible, cuando el beneficio es tan evidente y la demanda de trabajo formal tan persistente?
En el Ministerio de Trabajo explicaron que en realidad el número de beneficiarios hasta ahora es de 6.814 al contabilizar todas las incorporaciones previas que pasaron del subsidio a un empleo pero no como resultado del Programa Empalme, el que viene demostrando casi nulos resultados.
La explicación que dieron los técnicos de la cartera laboral a Triaca respecto de este fracaso es que está resultando conflictiva la actuación de las organizaciones sociales invitadas a participar de la gestión del programa. Mencionaron, en particular, el Movimiento Evita, de Emilio Pérsico, al que sindican como presunto obstáculo para incorporar a sus afiliados al Empalme por entender que de ese modo lo perderían de sus filas. Esta es la versión oficial, sin embargo a favor de esta presunción del Ministerio, es conocido que muchos jefes de organizaciones sociales no viven de un plan sino de todos los que reciben planes, que aportan a la organización en calidad de “gestora” del beneficio, de modo que difícilmente quieran perder miembros y mucho menos votos, ya que al pasar a ser empleados y no subsidiados, el vínculo –muchas veces aceitado por la gratitud, otras por el sentido de pertenencia y otras tantas por la coerción bajo amezana de quita del plan- puede cortarse.
En el entorno del ministro agregan que de parte de esas organizaciones habría una preferencia por mantener a los afiliados como subsidiados y no promover que se transformen en empleados registrados. Y pusieron como ejemplo el trabajo de un sector del Movimiento Evita en la campaña de Florencio Randazzo, como supuesta motivación para mantener su estructura sin cambios. Incluso dan por hecho que esta semana comenzarán las protestas por la falta de ejecución de una parte sustancial del presupuesto asignado a planes previsto en la emergencia social, que es otro costado de la tensa relación entre el oficialismo y los movimientos sociales.
La controversia en torno del Programa Empalme evoca el escaso resultado que tuvo el Gobierno con el plan de Primer Empleo que intentó aplicar en un acuerdo realizado con la cadena de comidas rápidas McDonald’s y que quedó virtualmente discontinuado, producto de las escasas incorporaciones de desempleados al plantel de la compañía que vende hamburguesas.
En un intento de explicar el fracaso del Programa Empalme aparece una teoría claramente pergeñada por quienes administran los actuales planes, una figura no legal pero existente. Dicen que quienes reciben un plan tienen gran temor a perderlo y la intervención de los dirigentes partidarios y punteros apunta a fortalecer ese fantasma: convencen al adherente que si se suma al trabajo registrado, le pagan el plan por los dos años previstos, pero pasado ese lapso si lo echan del trabajo se queda sin nada. Es una posibilidad, sin dudas, como también lo es que la misma chance tiene en caso de conseguir el empleo por su cuenta, con iguales posibilidades también de preservarlo e incluso crecer de acuerdo a su desempeño. En fin, que tener un trabajo estable no es una oferta que se pueda desperdiciar “por si…”, a no ser que realmente no se quiera trabajar o que a otros no les convenga que trabaje, como parece ser el caso.
La solución es que este Gobierno cambie definitivamente la lógica de cómo les llegan los beneficios a los vecinos de cada distrito que tienen necesidades. De una vez y por todas el Estado debe asumir el rol de control de las áreas sociales, trabajando en forma directa en el territorio, evitando estas organizaciones intermediarias o punteros que, al fin, terminan teniendo a la gente a su merced a cambio de un plan. No tienen un sueldo formal del Estado pero administran de algún modo fondos del Estado al intervenir en la asignación de planes, de los que finalmente, obtienen un rédito económico que negarán eternamente porque no figura en ningún lado pero que cualquier beneficiario conoce porque que es dinero que sale de sus propios planes, para “sostener la causa”. Tiene que desaparecer de la gestión esta gente y en su lugar aparecer asistentes sociales que registren las necesidades, otorguen o suspendan planes, o los actualicen a nuevas modalidades cuando el Estado las genera, como es el caso que nos ocupa. No pueden existir más “jefaturas” de grupos de los más necesitados. Con estas subestructuras de por medio, que necesitan del drama para justificar su existencia, nada cambiará. Lamentablemente antes y ahora, la cuestión social ha funcionado con la misma lógica, estableciendo acuerdos con los jefes de organizaciones sociales, lo que no hace más que perpetuar la situación de quienes reciben planes.
La idea del Programa Empalme era buena y uno de los anuncios con mayor preparación en la gestión de Mauricio Macri que va directamente al corazón de una problemática que la Argentina tiene con el empleo. Pero insistimos: solo si se cambia la lógica como se entrega la ayuda social este tipo de planes tendrán éxito, de lo contrario solo se sumarán fracasos.
