El vándalo de 39 años se encuentra aprehendido tras los ataques contra las cubiertas de al menos siete vehículos estacionados en Castelli entre 25 de Mayo y Azcuénaga
En cuestión de minutos la Policía del Comando de Patrulla lo aprehendió en inmediaciones de Mazzei y Lugones del barrio José Hernández.
La Policía lo trasladó al Hospital San José para que el médico forense analice sus condiciones de salud y corrobore que no tenga lesiones y le realicen extracciones sanguíneas para practicarle análisis de presencia de alcohol o sustancias estupefacientes en el organismo del sospechoso.
Una vez concluida la intervención médica de rutina, desde el escuadrón del Comando de Patrulla lo trasladaron en calidad de aprehendido a un calabozo policial.
Además, desde la instrucción judicial de la UFI 5 hicieron que los oficiales relevaran las cámaras particulares y del sistema de monitoreo municipal que hayan registrado videos del paso del sospechoso previo, durante y posterior a los ataques vandálicos.
El fiscal Francisco Furnari requirió los testimonios de todos los damnificados para incorporarlos como evidencia de cargo contra el individuo aprehendido por la Policía.
En el expediente judicial incorporarán como indicios las denuncias que los propietarios de los vehículos formulen en la sede de la Comisaría Primera.
De esa manera, en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio, esperan contar con un cúmulo de pruebas en estado preliminar que le permitirán sostener la acusación por los delitos de daños reiterados e incendio cuando lo indague el sábado a la mañana.
Tras la indagatoria el fiscal Furnari pedirá la conversión de la aprehensión en detención al Juzgado de Garantías interviniente.
Para el fiscal, el sujeto es responsable penalmente de los ataques vandálicos hasta que una pericia demuestre o no su inimputabilidad.
Dentro de las medidas de prueba que restan producir durante el proceso se encuentran las pericias psiquiátricas y psicológicas para determinar si es capaz de conocer las consecuencias de sus actos.
La imputabilidad o no del atacante es determinante en el futuro de las actuaciones judiciales y las medidas que se adopten con respecto de este individuo.
En principio, los trascendidos aducirían una patología de salud mental que lo podría llegar a eximir de sanciones punitivas con medidas privativas de la libertad.
En el caso que los profesionales determinen en los informes oficiales que no sea consciente de sus actos y no pueda responder penalmente por los ataques cometidos, la Fiscalía podría llegar a considerar la posibilidad de pedir una medida de seguridad si es que su cuadro clínico lo torne una persona peligrosa para si misma o para terceros.
Por ese motivo, la figura de la internación en un centro de rehabilitación de salud mental sería la medida que se podría llegar adoptar.
De todas maneras, una vez que lo indaguen y le imputen los cargos penales por los relatos de los hechos y los fundamentos de la evidencia basada en testimonios de damnificados, imágenes de cámaras de seguridad, los elementos que le secuestraron, la coincidencia de la indumentaria y el acta de procedimiento, le harán el requerimiento formal al juez de mantenerlo detenido por la peligrosidad que representa para la comunidad.
