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Podríamos escribir un libro sobre la corrupción en la Argentina (algunos lo han hecho), partiendo desde Bernardino Rivadavia hasta Cristina Kirchner; salvo honrosas excepciones, en todos los gobiernos hubo maniobras oscuras que tomaron estado público. Seguramente fueron muchísimas más.
En este caso, a modo del balance de rigor que se hace a esta altura del año, vamos a hablar de las que pesan sobre el actual Gobierno y que durante 2014 se sumaron o que, viniendo de antes, evidencian estancamiento o escaso avance. Como para saber de qué punto arrancamos 2015 en este sentido.
En “la década ganada”, el kirchnerismo acumula más de 50 causas de corrupción. Claro que algunas por haberse realizado las denuncias cuando el poder estaba muy concentrado en el Gobierno, la Justicia Federal, en líneas generales cajoneó los casos. Ahora que se viene el fin de ciclo, cada denuncia empieza a correr otra suerte, como le sucede al triple procesado, el vicepresidente Amado Boudou.
En la causa de la exCiccone, la imprenta que fabrica papel moneda, el procesamiento data de 2013 y está en manos del juez federal Ariel Lijo que, cuando no le interponen algún recurso dilatorio (que finalmente son desestimados por falta de sustento pero que ayudan a prolongar más allá de lo normal los trámites), hace marchar la causa.
La Justicia tuvo en sus manos denuncias sobre el empresario favorito de los Kirchner, Lázaro Báez, socio del matrimonio presidencial en sus finanzas privadas e investigado ahora por lavado de dinero. Dos financistas admitieron que blanquearon sus fondos, el juez Sebastián Casanello los indagó y la Justicia uruguaya sigue los pasos del empresario por la compra de un campo.
En tanto, a fin de año una investigación reveló cómo las empresas de Báez transfirieron dinero a los hoteles de los Kirchner prealquilando sus habitaciones. Bastó la denuncia para que un juez penal tributario, Javier López Bizcayart, investigara a Báez por evasión y allanara el corazón de su imperio financiero: la firma Austral Construcciones, reina de la obra pública patagónica.
Esta causa amenaza con ser el principio de una investigación a fondo sobre el entramado de las finanzas de los Kirchner y de Báez, y tiene un final abierto.
Ni hablemos de Ricardo Jaime que enfrenta dos juicios orales por recibir de regalo viajes y el alquiler del departamento donde vivía por parte de empresas a las que debía controlar. De las varias causas que tiene abiertas una es por enriquecimiento ilícito, otra por dádivas y hasta por cohecho.
En los tribunales se juega el futuro también el jefe del Ejército, César Milani, investigado por sus bienes. La causa la tiene el juez Daniel Rafecas, y sobre el fin de año comenzaron a avanzar las causas en La Rioja y Tucumán por su actuación durante la dictadura.
La decisión del juez federal Norberto Oyarbide de incluir en la investigación por las denuncias de coimas en la construcción de un gasoducto al ministro de Planificación, Julio de Vido, reavivó, en su momento, el caso Skanska. Se trata de una de las causas más emblemáticas de la primera etapa kirchnerista, pero está lejos de ser la única. En la Justicia Federal, como dijimos, son más de 50 expedientes por corrupción contra funcionarios o exfuncionarios K.
El crecimiento patrimonial del matrimonio Kirchner, los presuntos sobreprecios pagados por las obras públicas, las licitaciones y concesiones que podrían haber favorecido a empresarios amigos del poder. Los manejos con la publicidad oficial también están bajo la lupa aunque no vinculados a causas de enriquecimiento sino por contraponerse con principios básicos inherentes directa o indirectamente de la libertad de prensa y empresa. Todo eso está documentado y presentado a la Justicia pero nada se mueve. Incluso en algunas causas, la discrecionalidad de jueces amigos del poder como Oyarbide, ha permitido el cierre total del expediente y sin posibilidades de juzgamiento a partir de la decisión de desestimar pruebas sobre la base de los más rebuscados argumentos. Tales son los casos de enriquecimiento ilícito del matrimonio presidencial o parte de las imputaciones a Ricardo Jaime, que quedaron muertas al determinarse que no eran válidos como prueban los miles de intercambios de mails que constataban en la causa.
Néstor y Cristina Kirchner; el ministro de Planificación, Julio de Vido; los exsecretarios de Energía, Daniel Cameron; y de Medios, Enrique Albistur; el de Transporte, Ricardo Jaime; y el extitular del Occovi, Claudio Uberti, por su participación en el resonado caso de la valija de Antonini Wilson son los funcionarios que más causas tienen o han tenido, según sea el caso.
Algunas parecen avanzar más rápido y con algo más de ruido y otras se mueven lenta y silenciosamente. Los jueces federales, encargados de investigar los delitos de los funcionarios públicos, son verdaderos especialistas en adecuar los tiempos de las investigaciones a los vientos políticos que soplan. Dicho más crudamente: las causas sólo empiezan a tomar velocidad cuando en los Tribunales advierten que los funcionarios comienzan a despedirse del poder. Esta es la dura realidad de nuestra Justicia Federal. Por eso decimos que el caso Boudou cayó en mal momento, porque toda denuncia que aparece cuando hay cambio de época va destinada a que los magistrados se luzcan, para quedar bien con el Gobierno entrante. En el medio, muchas causas cayeron, fueron sobreseídas casi a la fuerza. Y las que no, es seguro que permanecerán inmóviles al menos hasta las elecciones de octubre.
Un ejemplo de cuando el kirchnerismo tenía pleno poder de fuego, fue cuando imputaron a Uberti por haber participado del vuelo con el que Guido Antonini Wilson intentó ingresar al país de una valija con casi 800 mil dólares sin declarar procedentes de Venezuela. Según trascendió, la investigación también podría terminar alcanzando en algún momento a De Vido. Y nunca más se supo nada de ese tema.
Entre las causas que avanzaron más rápido en los últimos años, se destacan las que protagonizaron los “parias” del poder, aquellos que salieron o fueron expulsados del amparo kirchnerista. Por ejemplo, la que tiene como imputado al exsecretario de Medios, Enrique “Pepe” Albistur, acusado de haber otorgado fondos de la publicidad oficial a empresas vinculadas con su familia. El juez Octavio Aráoz de Lamadrid rechazó la durísima recusación en su contra y se tuvo que presentar a indagatoria, en su momento. En tanto fue condenada la exministra de Economía Felisa Miceli por la causa de la bolsa con dinero hallada en su despacho del Ministerio. Al Gobierno no le interesó protegerla y le soltaron la mano.
En el oficialismo se preparan para una embestida en aumento. Hasta ahora, no todas fueron malas noticias para ellos. Desde que los Kirchner están en el poder, los jueces federales ya cerraron 130 causas contra el expresidente, 57 contra Cristina, 36 contra Jaime y 19 contra De Vido. Pero difícilmente pueda considerarse una buena noticia para la sociedad. ¿O tenemos que pensar que tantas denuncias eran infundadas?
Eran otros tiempos, el poder del kirchnerismo se encontraba en su momento más alto y las relaciones con la prensa eran un idilio. Ahora, el decadente rol periodístico en que ha caído Clarín, preso de sus propios intereses, lo ha convertido en una especie de reloj cu-cú que no deja de sonar ante cada caso que se denuncia. De esta forma, aunque lo hace para su propio juego, la sociedad al menos está al corriente de todos estos asuntos. De no ser así, posiblemente las influencias del poder político estarían no sólo trabando sino también silenciando el accionar judicial.
No queremos aturdir al lector con el listado de causas que todos estos años generaron, pero los tiempos de la Justicia Federal “son demasiado políticos”. Cuando no conviene, la causa se archiva, cuando se soplan ya los nuevos vientos las causas se siguen. Y es así como siempre paga uno por todos. Ya le pasó a María Julia Alsogaray en el Gobierno de Menem, que parecía la única corrupta en una administración que hizo privatizaciones oscuras como la noche en muchos casos. Lo mismo parece suceder con Boudou, son los botones de muestra, de tantos que fueron protegidos por la Justicia. Así cierra 2014 y siendo 2015 electoral, no abrigamos demasiadas esperanzas de que se cumpla la promesa de Néstor, de ver a los corruptos usar el traje a rayas.
