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En los conflictos entre el poder y las organizaciones sociales, gremiales o de la comunidad, las estrategias de negociación a las que se recurran cuentan no solo en relación a los involucrados sino también de cara a la sociedad que mira. Del mismo modo que el fondo de cada cuestión es exhibida, la manera en que la problemática se encara puede dejar fuera del juego a uno de los sectores en pugna.
Es lo que parece estar sucediendo tanto con los gremios docentes como con las organizaciones sociales por parte de la estrategia elegida por el Gobierno para negociar. Ambos sectores van perdiendo en sus respectivas luchas, toda vez que la sociedad empieza a visualizarlos negativamente a partir de los argumentos con que son enfrentados.
En el caso de los docentes, que fueron apoyados por la comunidad en su reclamo salarial, porque en verdad no ganan como debieran, la estrategia del gobierno de María Eugenia Vidal de poner sobre la mesa aspectos del Estatuto Docente como el presentismo, los ubica en la vereda de enfrente de la gente. A ninguna familia le cae bien el ausentismo docente, tanto por la repercusión en la educación de sus hijos como por el gasto que entienden que se genera al Estado. Por ende, si las organizaciones sindicales se niegan a tratar la problemática del ausentismo, se corre el eje del asunto, enfrentándolos a la sociedad.
En el encuentro de esta semana los gremios más allá de considerar “insuficiente” la propuesta económica, se manifestaron firmes ante la insistencia oficial de mantener el presentismo como una vía de mejoramiento salarial y quieren que directamente se excluya este ítem de la negociación.
El Gobierno bonaerense plantea que si logra la meta de reducir al 10 por ciento el nivel de ausentismo (que aun así no se acerca a los niveles que se registra en el sector privado, que es mucho menor) premiará con 5.300 pesos al año a cada maestro. A largo plazo la meta es reducirlo al 5 por ciento para 2019. En ese caso, cada maestro podría cobrar un extra de hasta 32.000 pesos.
La inclusión del ausentismo en las escuelas públicas fue, aparte de una estrategia inteligente, un asunto de larga data que se puso al descubierto de manera oficial, aunque cada familia sabe de su incidencia en primera persona. En la escuela pública es del 17 por ciento contra el 5 de la gestión privada. ¿Los docentes de los institutos privados tienen mejor salud que los de los públicos? El interrogante no resiste el análisis porque de hecho, muchos de ellos cumplen funciones en ambos espectros pero manifiestan una conducta diferente.
El gobierno de Vidal pagó el año último 14.300 millones de pesos en suplencias. Y quiere ahorrar el dinero y pagar más salarios a los maestros que cumplen con sus obligaciones. Tiene lógica. El tema es que evidentemente hay mucho más que saludes endebles detrás de este asunto.
Los gremios además rechazaron la nueva propuesta que duplicó el monto de la suma no remunerativa como compensación de 2016, de 700 a 1.500 pesos pero en este caso es comprensible, porque se trata de una suma en negro, que no incluye al docente jubilado ni se efectúan aportes por ese incremento.
La oferta prevé un incremento del 11 por ciento en abril, que alcanza el 20 en septiembre, es decir, la misma cifra que la del encuentro anterior, pero en dos tramos y ya no en tres, mientras que ahora la revisión para aplicar la denominada cláusula gatillo por inflación será semestral.
La realidad es que se está negociando desde el 6 de febrero en que se realizó la primera reunión paritaria y hoy por hoy el tiempo está jugando en contra de los sindicatos, aun cuando el Gobierno no se esfuerza mucho en las propuestas económicas que, en general, han sido a la baja. Pero la negativa cerrada a tratar el presentismo está haciendo la diferencia para que la sociedad termine poniéndose al lado del Gobierno en esta problemática.
Tal como planteáramos en nuestro anterior editorial, a los jefes de estas organizaciones no les iba a convencer la propuesta, porque su propia supervivencia depende de que sigan los planes. Más allá de alguna desconfianza sobre su viabilidad, se trasluce en ellos algún interés por continuar sin cambios, aunque estos se presentan como favorables a todas las partes.
Las organizaciones sociales que integran a los trabajadores de la economía informal y principales beneficiarios de los planes ven el anuncio como parte de un plan de campaña, más que como una realidad. Incluso, alertan, podría ser una oportunidad para que el empresariado reduzca sus costos contratando a trabajadores subsidiados y despidiendo a aquellos más costosos. Olvidan los piqueteros que echar a un empleado caro conlleva una indemnización también “costosa”, de modo que no es una ecuación tan beneficiosa para los empresarios.
En lo que tienen razón es que en una economía en recesión, como la nuestra, es muy difícil ver que haya generación de empleo.
Lo cierto es que repiten a coro que “no va a andar”. En fin, es muy difícil conformar a todos en la Argentina pero lo cierto es que no dejar comenzar a andar los proyectos es la mejor vía para que no funcionen. ¿Será que no quieren que funcionen?
El costado estratégico de esta propuesta también ubica a la sociedad del lado del Gobierno, al entender que además de poner a trabajar de manera formal a quienes se manifiestan en demanda de trabajo, la cuestión de piquetes y cortes también sería contenida.
La realidad es que tenemos un serio problema con el empleo y la desocupación subsidiada por el Estado en la Argentina. No sabemos cómo resultará esta medida que propone el Gobierno, pero no podemos desecharla in limine. Tenemos la obligación de darle una oportunidad y esto es lo que la gente espera que sea la actitud.
Atravesamos momentos complicados y la mirada de la sociedad no es poco importante, pero las estrategias y las actitudes son las que terminan explicando quién gana cada conflicto a los ojos de la comunidad en general.
