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Hay un convencimiento en el Gobierno, expresado a viva voz por el presidente de la Nación Mauricio Macri, de que la corrupción y la existencia de mafias exceden en mucho el marco político. Pone también bajo la mira a la Justicia, a los sindicatos y a sectores de la sociedad civil que por su labor se asocian a algún sector de poder. Ayer fue el turno de las fuerzas de seguridad y su vínculo con la droga. Son por todos conocidos los casos de comisarios cuyo accionar ha sido delictual y policías en general que no pueden explicar de dónde provienen los fondos para llevar vidas lujosas.
Como cuando hay decisión política las cuestiones institucionales parecen tener remedio, la gobernadora María Eugenia Vidal, jefa de la fuerza policial provincial más grande del país, estableció oportunamente la obligatoriedad de que los jefes de comisarías presentaran su declaración jurada. Esto derivó en la separación de varios comisarios a los que, claramente, no les cerraban las cuentas. A consecuencia de esta medida quedaron automáticamente al descubierto los circuitos de “sobres” que llegaban con dinero a comisarías, como la de La Plata, procesándose a todos los agentes. Es que cuando desde abajo se ve que arriba hay intención de poner orden, todo lo que se ve y se sabe es denunciado, porque siempre hay funcionarios honestos pero que se abstienen de decir lo que pasa porque entienden resultarán perjudicados habida cuenta de que las cúpulas suelen estar involucradas. Pero una vez que advierten que el terreno es fértil no tardan en mandar al frente a los corruptos.
Esto es lo que viene pasando, aun a cuentagotas, en la Policía Bonaerense; desde que cambió el gobierno bonaerense la Dirección de Asuntos Internos -que reporta directamente a Vidal- ya apartó a 4.430 policías, suspendió a 1.155 y detuvo o envió a prisión a 362 uniformados por distintos delitos.
Hasta ahora todo lo hecho refirió a los negociados de los uniformados, cosa que es totalmente deplorable. Pero la novedad es que la mandataria anunció que se harán análisis toxicológicos a los 93.000 integrantes de la fuerza. Esto sumado a que quienes investigan el narcotráfico tienen que poder demostrar que su nivel de vida es acorde al ingreso familiar. Algo tan elemental no estaba previsto en los reglamentos de la Bonaerense. Porque como decíamos, es gravísimo que un policía sea parte del negocio del narcotráfico, pero mucho más lo es que ese efectivo sea un consumidor y esté cumpliendo una función tan vital como la seguridad ciudadana bajo la influencia de drogas. Y lamentablemente sucede con mucha frecuencia, ya que el contacto directo que tienen los policías con las sustancias, además del estrés bajo el que trabajan, los hace propensos a caer en la adicción.
El objetivo, que la gobernadora pergeñó junto al ministro de Seguridad Cristian Ritondo, es que nadie que consuma estupefacientes maneje un patrullero y menos pueda portar un arma. Algo tan lógico y acorde al sentido común pero que a nadie se le ocurrió antes, ni a un gobernador, ni a un ministro ni a los ilustrados que ocupan bancas en la Legislatura provincial. ¿O lo pensaron pero no lo ejecutaron por compromisos varios? Porque una “invasión” tan agresiva, con análisis periódicos y sorpresivos, además de blanqueo de bienes de seguro no simpatiza a ningún comisario. ¿Será por temor a la reacción que algo tan elemental nunca se llevó a cabo hasta ahora? Si fue por eso, aplausos por el coraje de la gobernadora Vidal. Y a los defensores a ultranza de todo tipo de derechos, como en este caso puede ser el de la intimidad, por favor abstenerse de reclamos y pensar en todos los actores como seres humanos: si un policía es adicto, corresponde a las autoridades saberlo y prestar asistencia, y del otro lado hay una sociedad que se merece ser cuidada por efectivos sanos y con total manejo de su autonomía. Esos son los derechos humanos que hay que defender en este caso, sin chicanas.
En los próximos 90 días la medida alcanzará a 1.670 personas, pero más adelante los 93.000 efectivos de la provincia serán sometidos al estudio.
Los análisis toxicológicos serán de alcoholemia y de abuso de sustancias ilícitas. Los primeros tests se les harán al ministro de Seguridad; al jefe de la fuerza, Pablo Bressi, y a todo el personal de la Superintendencia de Investigaciones de Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado. Tanto como para dar el ejemplo y tener la autoridad moral para enfrentar a posibles agentes que consuman. Es claro que la narcocriminalidad crece de manera exponencial cuando hay complicidad de los uniformados y estas son las cuestiones que han decidido salir a combatir mirando para adentro de la fuerza. También trascendió que 145 policías ya recibieron sumarios internos por consumir estupefacientes durante el trabajo. Seguramente por esto que decíamos más arriba: ahora que se sabe que hay respuesta, hay denuncia.
La verdad es que los agentes de la Policía solo hacían un examen físico de ingreso y luego nunca más se exponían a ningún control obligatorio y así tomamos conciencia respecto a cuánto camino nos falta recorrer para tener niveles mínimos de institucionalidad. Fuera del país, la DEA y el FBI norteamericanos y las policías de Nueva York, Honduras, Ecuador, México y Australia son algunas de las que hacen análisis similares a sus integrantes. En la Argentina no se exigían, pese a que la droga avanzaba de manera visible.
En la provincia de Buenos Aires, la única que por el momento ha tomado esta decisión, se firmó un convenio para que los tests los realice Fundartox, entidad presidida por Carlos Damín, especialista en Toxicología, Medicina del Trabajo y Salud Pública, profesor de Toxicología en la Facultad de Medicina de la UBA y jefe de la División Toxicología del hospital Fernández. Los análisis orientados a detectar estos casos en las fuerzas de seguridad se harán a través de muestras de saliva. Serán sorpresivos, en el lugar de trabajo de cada uniformado, y sorteados al azar por el número de legajo. En los que casos en que el resultado dé positivo se hará una contraprueba por medio de un test de orina. No se expulsará al agente afectado a menos que se detecte que está involucrado en un delito como, por ejemplo, la comercialización de las sustancias. En caso de que solo se trate de consumo personal se lo asistirá desde el área de salud mental.
La Policía necesita volver a ser una fuerza confiable para la sociedad y según se ha detectado el abuso de alcohol y drogas es cada vez más arraigado en la fuerza y además de lograr que quienes controlan el narcotráfico no ingresen al negocio, ni consumiendo ni mucho menos protegiendo, no deja de representar un peligro enorme que haya uniformados que actúen bajo los efectos de los estupefacientes o el alcohol. Es realmente de una irresponsabilidad manifiesta y de un riesgo a la vista.
No queda fuera del análisis que estas medidas que hoy se implementan deberían haber sido parte de los protocolos ya establecidos y no resultar una “novedad” como lo es en la Argentina donde, además, solo se aplicará en la provincia de Buenos Aires. Una decisión que debiera extenderse principalmente a las policías de frontera y, al fin, todos los uniformados en general. Sabemos que la falta de controles es una marca en el orillo de nuestro país y la verdad es que eso explica cómo en forma tan rápida la droga ha escalado.
Estas medidas que hoy se implementan deberían haber sido parte de los protocolos ya establecidos y no resultar una “novedad” como lo es en la Argentina donde, además, solo se aplicará en la provincia de Buenos Aires. Una decisión que debiera extenderse principalmente a las policías de frontera y, al fin, todos los uniformados en general.
