En un clima enrarecido en la Argentina, ahora amenazan al juez Claudio Bonadio

Cuántas cosas extrañas comienzan a suceder en nuestro país, una trama que empezó a destejerse con la muerte del fiscal Alberto Nisman, que involucra a agencias federales no solo argentinas; se blanquean amenazas e incluso jueces con otras causas que no son del porte de la Amia, también las reciben.

¿Qué está pasando? La jueza Federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, exesposa de Nisman y madre de sus dos hijas, denunció que en una fotografía de la revista Noticias había una sugestiva marca en la frente de su exesposo que podría simular un balazo.

Así lo sostuvo en una presentación que hizo ante el juez Federal Luis Rodríguez que, junto con el fiscal Guillermo Marijuan, tiene a su cargo una investigación sobre amenazas que Nisman recibió vía correo electrónico entre agosto de 2012 y febrero de 2013.

Mientras tanto, el Ministerio de Seguridad denunció ante la Justicia a los custodios que tenían a su cargo la protección del fiscal Alberto Nisman el día de su muerte. La acusación se basa en que incurrieron en una demora de “doce horas” entre “el momento en que debieron haber tenido contacto con el funcionario a quien debían custodiar” y cuando efectivamente lo hicieron, se corroboró su muerte y se la notificaron a los superiores de la Fuerza. Si así cuidan a los funcionarios judiciales en riesgo, cómo podemos estar más tranquilos los hombres de a pie.

Y aquí viene el hecho más discordante, el que no encaja en la causa Nisman, que es la que tiene a todos preocupados. Un mensajero arrojó el papel por debajo de la puerta de la secretaría privada. La amenaza no estaba escrita a mano. Había sido hecha con una pegatina con letras de papel de diario. La advertencia mafiosa era clara. Palabras más, palabras menos, se afirmaba: “Asís (por el escritor Jorge) tenía razón. La yegua también lo mandó a matar. Cuide a su hijo. Le están armando una causa por drogas”. Un empleado del Juzgado Federal de Claudio Bonadio encontró la amenaza. 

Al día siguiente, el magistrado presentó la denuncia, que después de un sorteo recayó en el juez Federal Norberto Oyarbide y el fiscal Federal Guillermo Marijuan. El expediente está caratulado como “Averiguación de delito”. Porque en la amenaza se pretende fabricar, dice el anónimo, un delito a su hijo. Y abundaban: era por un “tema de drogas en provincia de Buenos Aires”. Se nombraba a las ciudades de La Plata, San Isidro, Morón o Lomas de Zamora, departamentos judiciales donde hay juzgados federales, que tienen a su cargo delitos vinculados al narcotráfico.

No sabemos de dónde proviene la amenaza, tanto puede ser de fanáticos del Gobierno, como de quienes pretenden perjudicar al Gobierno, dándole un carácter definitivamente mafioso a su accionar.

Bonadio es el juez que ordenó el allanamiento a la sociedad Hotesur, la firma que controla la presidenta Cristina Kirchner y sus dos hijos, Florencia y Máximo. Pero hay que ser realmente impune para tirar una amenaza debajo de la puerta de la secretaría de un juzgado. Aún cuando el momento elegido por el mensajero fue cerca de las 14:00, donde pocas personas transitan por los pasillos de los tribunales de Comodoro Py, más tratándose del último día de la feria judicial.

Pocos minutos después de que se hiciera pública la noticia de la amenaza contra Bonadio, referentes del ámbito judicial y políticos de la oposición que se dieron cita en la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional que se reunieron para firmar un “Acuerdo político institucional en defensa de la independencia judicial” se mostraron sorprendidos y preocupados por el mensaje mafioso.

La empresa Hotesur es el eje de dos investigaciones judiciales simultáneas: una, en manos del juez en lo penal tributario, Javier López Biscayart, analiza si se evadieron impuestos mientras el empresario patagónico Lázaro Báez se encargó de la administración de ese hotel de la familia Kirchner. El segundo expediente, que instruye el juez Federal Bonadio, busca determinar si esa operatoria ocultó maniobras de lavado de activos de la familia presidencial.

Tras el allanamiento en las oficinas de Hotesur, Bonadio sumó numerosos ataques del oficialismo, a coro como suelen salir cuando hay que defender a la presidenta. El Gobierno lo definió como un “extorsionador”. La presidenta llegó a denunciar una “persecución” de la Justicia a los funcionarios de su Gobierno y dijo que a los “sicarios mediáticos” ahora “se les unen algunos secuaces judiciales”. Las palabras de la jefa de Estado tuvieron una respuesta por parte del presidente de la Asociación de Magistrados, Ricardo Recondo, que sostuvo: “Somos secuaces de la Constitución Nacional y de las leyes; de eso sí. Somos institucionalistas”, y definió a los magistrados como políticos, pero no “partidistas”.

Lo cierto es que hay un clima enrarecido en la Argentina en estos días, viejos fantasmas reaparecen, cuando vemos una amenaza o más aún, una muerte. La violencia no debe escalar, porque solo genera más violencia.