Cada vez más sospechas, cada vez más lejos de la verdad

Tal como lo dijimos desde el comienzo de la investigación, sería un hecho muy improbable que conociéramos la verdad, indubitable, sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman. Un funcionario judicial que tenía a su cargo nada menos que la UFI Amia y que apareció muerto (asesinado o suicidado) el fin de semana anterior a presentarse en el Parlamento, tras haber denunciado a la presidenta de la Nación, por espurios acuerdos con Irán.

El agua que ya corrió bajo el puente en estos meses estuvo siempre teñida de todo tipo de especulaciones: políticas, económicas e internacionales. Quedaron bajo sospecha cercanos al Gobierno, sectores de Inteligencia propios y extranjeros que trabajaban con el fiscal, y hasta una pista de carácter económico por cuentas que tenía Nisman en el exterior. Este último asunto que enturbió más la causa porque lleva la mirada a problemáticas que no tienen que ver con el atentado a la mutual judía, generó un serio problema a la familia, que aparece en una denuncia por lavado de dinero, al tener una cuenta conjunta con el fiscal. Tanto Sara Garfunkel madre de Nisman como su hermana atraviesan acusaciones judiciales por dinero del que no se conoce la procedencia y por lavado. También era titular de la cuenta Diego Lagomarsino, encargado de informática de la fiscalía y quien le proporcionó el arma con que apareció muerto el funcionario.

En medio de la maraña de acusaciones cruzadas, la exesposa del fiscal, Arroyo Salgado, aportó datos para rastrear la ruta de un dinero por fuera del circuito legal, con lo cual todas las hipótesis son posibles: un crimen político, un crimen económico, un suicidio inducido o un suicidio a secas.

La Justicia hasta el momento no ha hecho más que acumular todas estas pruebas cruzadas pero todavía no ha podido darles un lugar en el rompecabezas en que se ha transformado la causa por la muerte, que es al fin, la que es de interés a la sociedad y sobre todo a la salubridad de la República. 

Esta semana se conocieron las conclusiones de un estudio que detectó rastros de pólvora en las manos de la persona que efectúa un disparo con una pistola Bersa, como la encontrada en la escena de muerte de Nisman. Sin embargo, los dos primeros análisis que se le hicieron al fiscal dieron negativo respecto de esta presencia, lo que abonó las sospechas de que alguien más pudo haber efectuado el disparo y no el occiso.

Se realizó un tercer estudio, un barrido electrónico de partículas realizado sobre la pistola Bersa calibre 22 que mató a Nisman en su departamento de la torre Le Parc de Puerto Madero, en enero pasado y ahora dio positivo pero en el arma tras haber sido disparada, no en las manos del fiscal, por lo que cada vez son más las dudas si efectivamente se trató de un suicidio. 

Si bien la hipótesis más firme para la fiscal Viviana Fein es que Nisman se quitó la vida, la querella, encarnada por la exesposa maneja un abanico de argumentos que sostienen el homicidio. 

Para justificar la ausencia de pólvora en el marco de la versión del suicidio, Fein planeta que alguien hubiera limpiado los rastros de la mano de Nisman, que alguien hubiera disparado en su lugar pero “a pedido”, que los otros dos estudios hubieran estado mal hechos o que el arma de pequeño calibre en algunas circunstancias deje partículas de pólvora adheridas a la piel y en otras no, por lo cual el dato no sería concluyente. En definitiva siempre damos vueltas en círculos respecto de lo mismo. 

Pero si algo faltaba para aumentar más las sospechas de que hay victimarios en este caso es que la fiscal Fein dijera que emitirá un dictamen sobre la muerte de Nisman después de las elecciones de octubre. Es decir, la Justicia, que una familia y un país esperan, se soslaya a la vil política. ¿La dilación tiene que ver con que su dictamen perjudicaría al Gobierno? Si no es así, no habría razón para la postergación. Y si no es así, con esta decisión da a pensar que sí, que hay temor real de que el dictamen de la fiscal complique a los actores políticos aludidos en la causa. 

Todo esto lo dijo en el día en que retomó el contacto con el expediente, tras un tiempo de licencia. También se mostró molesta con la querella a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, que ha presentado diversos recursos para apartarla de la investigación. Es que según la magistrada federal, la causa se ha instruido en forma desastrosa, lo que ofende a la fiscal que afirma que todo está seriamente encausado.

Lamentablemente y más allá de las posturas de la querellante, la tarea de la fiscalía no parece tan seria, toda vez que hemos visto los videos de la misma noche de la muerte del fiscal y se han pisoteado pruebas, se han tocado sin guantes objetos de la casa y del baño escenario del crimen o el suicidio. Si hasta surge el temor que alguno de los investigadores o la Policía se haya llevado algún objeto como “souvenir” del resonado caso.

También ayer salió a la luz lo erráticas que han sido las pericias informáticas: se dijo había dicho primeramente que la computadora de Nisman había sido accesada desde el exterior, cuando ya estaba muerto, después como se fijó otra hora del deceso y resulta que podría haberla encendido el mismo. Y ahora, la pericia iniciada el 31 de julio pasado demuestra que una de sus computadoras y uno de sus teléfonos fueron manipulados. Concretamente, una laptop que estaba prendida en el departamento sufrió alteraciones en el reloj y en su sistema operativo el mismo 18 de enero. También el teléfono celular del fiscal fue intervenido, de acuerdo al examen: al aparato se le practicó lo que se conoce como borrado seguro, que es una técnica reservada a especialistas (es decir que no lo hizo Nisman). Por ese borrado es que el teléfono tenía sólo dos registros del día anterior: una llamada de un número que todavía no se pudo identificar y un mensaje de texto de uno los custodios. Si no había nada relevante ¿por qué borrar? Si el fiscal decidió matarse, ¿a quién podría perjudicar? Cabe señalar que de este teléfono celular se había suspendido momentáneamente el rastreo a pedido de Arroyo Salgado. Luego de que se rechazara el pedido de la magistrada federal, volvieron sobre el celular y raramente estaba borrada la información.

Casi al mismo tiempo que la fiscal Viviana Fein aseguraba ayer a los medios que “no hay pruebas de un homicidio” en el caso Alberto Nisman, la jueza Sandra Arroyo Salgado enumeraba 14 indicios que sus abogados y peritos recolectaron en los últimos meses para probar que en realidad su exmarido fue asesinado. Los más contundentes son: su cuerpo tiene un golpe en la pantorrilla (como si hubiese sido pateado para que se arrodillase) y un hematoma en la cabeza (según la querella, podría haber sido producido por un objeto contundente que no deja marcas, como puede ser una cachiporra rellena de arena). El cuerpo del fiscal fue movido dentro del baño de su casa. El recorrido que hizo la bala al ingresar en la cabeza de Nisman sugiere que no fue él quien realizó el disparo. Para haberlo hecho, debería haber tomado una postura claramente antinatural. El lugar por el que ingresa la bala al cráneo (por arriba y detrás de la oreja derecha) es también inusual. Según la última pericia, la pistola Bersa calibre .22 que mató al fiscal deja rastros de pólvora en las manos de quien la dispara. Ninguna evidencia de ese estilo fue encontrada en el cuerpo. De acuerdo con las pericias informáticas, la computadora del fiscal había sido infiltrada. El celular del fiscal fue intervenido por un desconocido luego de la muerte. Mensajes, mails y llamados fueron borrados del dispositivo. Efectivos de Prefectura realizaban inteligencia sobre Nisman. La fuerza alega que era un refuerzo de su custodia, pero el investigador del caso Amia no estaba al tanto de esa medida. No hay una carta, nota o cualquier tipo de mensaje que Nisman haya dejado como despedida.

Con esto no estamos diciendo que haya pruebas suficientes para decretar el suicidio pero lo cierto es que tampoco las hay para descartar el homicidio, como insiste la fiscal Fein, al menos ante la prensa. Si fuese tan evidente el crimen, no habría motivos para que la causa aún esté en etapa de instrucción. Tanta demora no hace más que alimentar sospechas y enfriar pruebas. Pero sobre todo trasluce que hay un interés superior de que el expediente no avance hacia el esclarecimiento. Todo esto coronado por la sorprendente declaración de Fein, diciendo que no va a dictaminar hasta pasadas las elecciones. Sin decir demasiado, dijo mucho, aunque no quisiera. Prácticamente dejó por sentado que el origen de la muerte no está en una íntima decisión y que su documento dejará heridos políticos.