Editorial

Boudou a un paso del juicio oral, vergüenza política y justicia a fondo


Hemos cuestionado que la presidenta no haya permitido a los senadores, propios y opositores, que hagan renunciar a Amado Boudou. Lo que optó por hacer Cristina Kirchner es invisibilizarlo, aislarlo, como si no existiera, en una suerte de destierro en el mismo sillón del Senado que aún conserva. La realidad es que es una vergüenza como funcionario, ocupar un lugar de tan alto rango y estar procesado por todo tipo de inconductas, desde graves hasta picardías imperdonables. También quedó fuera de las listas de candidatos, con lo cual sus fueros tienen apenas unos meses de duración, hasta el 10 de diciembre y luego le esperan largas recorridas por los pasillos de tribunales. Una historia, la de Boudou, sin final feliz.

Lo cierto es que el vicepresidente quedó esta semana a un paso del juicio oral y público en el caso Ciccone por presuntos actos de corrupción y negociaciones incompatibles con su función pública. El Máximo Tribunal penal del país, la Cámara de Casación, rechazó su último recurso y confirmó su procesamiento y los de otros cinco protagonistas de la operatoria, por lo que ahora depende del juez federal Ariel Lijo definir cuándo cerrar este primer tramo de su investigación y enviarlo a un tribunal oral.

Concretamente, Lijo deberá correr vista al fiscal federal Jorge di Lello y escuchar luego a las defensas de todos los procesados en la causa, para después enviar la causa a sorteo, para que se defina qué tribunal quedará a cargo de la causa, lo que podría ocurrir antes de fin de año, según estimaron fuentes judiciales.

Este fallo que acorrala a Boudou de una manera indisimulable, lo emitió la Sala IV de la Casación Penal y confirmó por unanimidad los procesamientos, al rechazar los recursos de apelación que habían presentado los acusados en contra del fallo de Lijo en primera instancia y de la Cámara Federal porteña.

De este modo quedaron firmes los procesamientos de Boudou y Ciccone, uno de los fundadores de la imprenta -su hermano Héctor falleció en 2012-, al igual que los de Núñez Carmona y de Vandenbroele, quien todavía es el único rostro visible de The Old Fund, la sociedad que tomó el control de la exCiccone y la sacó de la quiebra. A Boudou también se sumarán en el banquillo de los acusados Rafael Resnick Brenner, exjefe de Gabinete de Asesores de Ricardo Echegaray en la Administración Federal de Ingresos Públicos, y Guido Forcieri, su contraparte en el Ministerio de Economía durante la gestión del actual vicepresidente.

Lijo también debe avanzar sobre la ruta del dinero, en la que aparecen el exbanquero acusado de lavado en los 90 Raúl Moneta y, más atrás, el dueño del banco Macro, Jorge Brito. Y el fiscal pidió que se cite a indagatoria a Echegaray y a Katya Daura.

Para clarificar aún más la cuestión: Boudou enfrentará el juicio oral acusado de haber cobrado una coima de los Ciccone para salvar la imprenta, pero que no recibió dinero sino que se quedó con el 70 por ciento de las acciones de la propia empresa, mientras como funcionario impulsaba su rescate. Su socio Núñez Carmona quedó acusado como partícipe en las acciones de Boudou. Vandenbroele, por su parte, quedó señalado como el presunto testaferro o incluso empleado de ambos.

Distinta es la acusación contra Forcieri, procesado por negociaciones incompatibles con sus obligaciones como funcionario, sospechado de haber buscado que la imprenta obtuviera beneficios extraordinarios de la Afip y cuando ya estaba Vandenbroele. Por último, el dueño de la empresa a la que buscaba salvar, Nicolás Ciccone afrontará el juicio oral acusado de ser quien le entregó el 70 por ciento de la imprenta familiar a Boudou como soborno.

Solo a modo de recordatorio, el caso se conoció tres años y cuatro meses después de que Laura Muñoz revelara que su marido, Alejandro Vandenbroele, trabajaba para Boudou y su socio, José María Núñez Carmona, con el objetivo de quedarse con Ciccone Calcográfica, a la que acudió la Casa de Moneda para imprimir los billetes de 100 pesos. Su esposo era el testaferro de la operación y cuando sobrevino la separación, la esposa decidió contar lo sucedido.

Lo importante de este caso es que se está llegando al final de un proceso de una persona que detenta o detentaba poder político, nada menos que el vicepresidente de la Nación. La Justicia, en este caso, fue a fondo y los resultados están a la vista.

Para el oficialismo, más allá de que pretendan invisibilizarlo, es una vergüenza que no solo ellos llevan, se la hacen sentir a toda la sociedad.


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