La investigación fue iniciada en abril de este año por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 3, a cargo de Nelson Mastorchio, y el Departamento de Cibercrimen, representado por José María Cifuentes. Todo comenzó a partir de la recepción de un informe del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, Ncmec (National Center for Missing and Exploited Children), que es una organización sin fines de lucro que informa en todo el mundo el acceso a material vinculado con abuso sexual de menores. A raíz de este reporte, comenzaron las pesquisas en Pergamino, que derivaron en el operativo exitoso realizado en un domicilio particular.
Por las características del caso la pesquisa se orientó hacia las redes informáticas y con los datos aportados por el informe Ncmec se solicitó información al sitio Nosis y a la página oficial del Renaper. Asimismo a través del Juzgado de Garantías Nº 3 se ofició a WhatsApp.
Paralelamente el personal de la Policía Federal Argentina de Pergamino, a cargo del subcomisario Federico Galarza, realizó distintas averiguaciones encubiertas a los fines de "marcar" el domicilio del imputado e identificar sus moradores.
Asimismo, a partir de los números telefónicos obtenidos en la investigación, se diligenciaron sendos oficios a las compañías telefónicas Telecom y Claro.
En el mismo sentido, a partir de las direcciones de correo electrónico recabadas se solicitó informe a la compañía Google en el cual se acreditó que el sospechoso es el propietario del correo desde el cual se accedió al sitio de Internet con material de abuso sexual infantil. Ello posibilitó dar con la IP de conexión a dicha página Web y revelar que Cablevisión Fibertel era la empresa prestadora del servicio de Internet utilizada por el sospechoso.
Todos esos datos permitieron a Nelson Mastorchio solicitar a Fernando Ariel Ayestarán, titular del Juzgado de Garantías Nº 3, un allanamiento y secuestro en el domicilio apuntado por las probanzas reunidas.
Material probatorio
Dicho operativo concedido por el magistrado, posibilitó a los funcionarios policiales y de la Justicia secuestrar una extensa lista de dispositivos electrónicos y de almacenamiento de memoria de potencial importancia a la hora de comprobar la comisión del delito de producción, comercialización, divulgación de representación de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales, previsto y sancionado por el artículo 128 del Código Penal.
El operativo posibilitó el secuestro de computadoras (de escritorio y/o portátiles); celulares; tabletas, diversos dispositivos de almacenamiento extraíble; un módem y un router. A su vez se constató la existencia de una línea telefónica fija del domicilio allanado y se identificó a todas las personas que se encontraron en el lugar.
Así también se procedió a la identificación de la infraestructura IT, que es el servicio que ofrece el conjunto de dispositivos y aplicaciones necesarios para el usuario y se gestiona a través de la monitorización mediante el despliegue, por parte de la empresa prestadora del servicio, de los equipos tales como máquinas (hardware) y software para dicho cliente. Todo ello se solicitó para poder efectuar un "Volcado de Memoria Principal", un "Volcado de Tráfico de Red" mediante la utilización de la técnica de sniffing y proceder a la enumeración de los dispositivos informáticos conectados a la red de computadoras del inmueble.
Positivo procedimiento
Al momento de realizar la manda judicial se autorizó el ingreso de personal de Policía Científica local a los fines de proceder al levantamiento de rastros, confeccionar una pericia planimetría y fotográfica.
El exitoso secuestro de los dispositivos electrónicos posibilita a la Fiscalía el análisis de los mismos en la Unidad de Análisis Informático Forense con el objetivo de extraer la información que se halle y proseguir con los pasos procesales en la investigación.
Las fuentes judiciales consultadas no descartan la citación a declaración indagatoria del principal sospechoso cuando se obtengan los datos electrónicos que confirmen la comisión de este aberrante delito.
La presentación del sujeto de mediana edad podría concretarse en los próximos días y no se descarta que pueda quedar detenido imputado en distribución y tenencia de material de abuso sexual infantil. Podría recibir una pena de hasta tres años de prisión efectiva.
