La designación de funcionarios judiciales en la provincia de Buenos Aires ha sido objeto de críticas recurrentes debido a la opacidad y la percepción de favoritismos en los procesos de selección. El caso del Departamento Judicial de Pergamino porque nos ataña de manera directa, es un ejemplo paradigmático de estas problemáticas, que requieren una mirada crítica y reformas estructurales urgentes.
En el contexto de un proceso de renovación de vacantes iniciado en 2022, marcado por un cambio generacional debido a jubilaciones masivas, la designación de jueces, fiscales y defensores se ha vuelto un tema central en la agenda judicial de la provincia. Este contexto no solo expone las carencias de recursos humanos en el sistema, sino también las fallas en los mecanismos de selección que, lejos de garantizar la equidad y la transparencia, parecen perpetuar viejas prácticas cuestionables.
Un caso particular ha captado la atención: un postulante cuyo pliego ya fue elevado por el Ejecutivo al Senado para ocupar un cargo, continúa postulándose para otros puestos dentro del sistema judicial. Aunque esta situación a piori no infringiría normas legales, plantea importantes interrogantes sobre la ética del proceso y sobre cómo estas prácticas afectan las oportunidades de otros candidatos igualmente o incluso mejor calificados. La posibilidad de que un postulante garantizado ocupe múltiples vacantes no solo limita el acceso de nuevos aspirantes, sino que también genera una concentración de poder en ciertos actores del sistema.
La problemática va más allá de este caso puntual. La metodología actual de selección y evaluación de candidatos judiciales está fuertemente centralizada, con poca participación ciudadana y escasa claridad sobre los criterios utilizados en las decisiones.
Una fuente certera aportó información clave sobre el mismo. Según su perspectiva, "se observa un manejo discrecional de los tiempos y de los procedimientos, donde las relaciones políticas y las alianzas pesan más que los méritos profesionales". Además, mencionó que en algunos casos los concursos parecen diseñados a medida de ciertos postulantes, lo que mina la credibilidad del sistema.
Otro aspecto preocupante es la falta de información pública sobre el avance de los concursos. Los ciudadanos, quienes deberían ser los principales interesados en garantizar un sistema judicial confiable, tienen poco acceso a los detalles de los procesos. Esto genera una desconexión entre la comunidad y las instituciones judiciales, alimentando una percepción de elitismo y exclusión.
El caso del postulante en Pergamino también refleja la tensión entre la urgencia de cubrir vacantes para garantizar el funcionamiento del sistema y la necesidad de garantizar procesos justos y transparentes. En este sentido, las fuentes consultadas por LA OPINION destacaron que las demoras en la designación de cargos no solo afectan el acceso a la justicia, sino que también generan sobrecarga de trabajo para los funcionarios en ejercicio, comprometiendo la calidad del servicio judicial.
Para abordar estas falencias, es imprescindible avanzar hacia reformas profundas. Entre las medidas propuestas por expertos destacan la publicación en tiempo real del estado de los concursos, la incorporación de evaluadores externos independientes y la implementación de sistemas de puntuación más objetivos. Además, se sugiere fomentar la participación ciudadana en la supervisión de los procesos, a fin de democratizar las decisiones y fortalecer la legitimidad del sistema.
El caso del Departamento Judicial de Pergamino no solo expone las debilidades estructurales del sistema de designación de funcionarios judiciales, sino que también pone de manifiesto la necesidad de un compromiso colectivo para mejorar estas prácticas. La justicia no solo debe ser imparcial y eficiente, sino también percibida como tal por la sociedad. Para lograrlo, la transparencia debe convertirse en un pilar fundamental de las instituciones judiciales.
