La revelación de que el pedido de audiencia pública por la reforma municipal fue tipiado e impreso en el ámbito del Hospital San José, una institución pública cuya conducción está a cargo de dirigentes identificados con la oposición local, pone en evidencia una grave distorsión de lo que deberían ser las prioridades en la gestión de los recursos públicos. A través de los capitulares y los pies de página de los documentos entregados, se puede rastrear el uso de instalaciones y recursos destinados al sistema de salud para llevar adelante una acción política que, en última instancia, no hace más que erosionar la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas.
Este tipo de prácticas no solo refleja un comportamiento éticamente cuestionable, sino que también pone en jaque el sentido de responsabilidad que debe guiar a cualquier dirigente o agrupación política. Los recursos del Estado, especialmente aquellos destinados al sector de la salud, no deben ser usados con fines partidarios ni como una herramienta para avanzar en intereses particulares. Son bienes de todos los ciudadanos, destinados a garantizar el bienestar colectivo y, en este caso, la atención sanitaria de miles de personas que confían en que esos recursos se gestionen con honestidad, eficiencia y sin interferencias ajenas a la finalidad para la cual fueron destinados.
El uso de instalaciones públicas para tareas políticas es una práctica que, más allá de la falta de ética, puede tener consecuencias graves. En primer lugar, desvirtúa el propósito de los servicios que se ofrecen desde el Estado. El Hospital San José, por ejemplo, está al servicio de la salud pública y su misión es proporcionar atención médica, no convertirse en un espacio para la logística de campañas políticas o la promoción de intereses partidistas. Si los dirigentes a cargo de esta institución están más preocupados por cumplir con sus objetivos políticos que por garantizar la correcta atención a los pacientes, estamos ante un serio problema de gestión pública.
Por otro lado, el hecho de que esta acción no haya sido disimulada o escondida, sino que haya quedado expuesta de manera tan evidente, demuestra una total falta de transparencia. Utilizar un recurso tan sensible como el de la salud pública para fines ajenos a la misión institucional es una forma de abuso que no debe ser tolerada. Los ciudadanos tienen derecho a saber que el dinero de sus impuestos, así como las instalaciones públicas, se utilizan de manera adecuada y conforme a los principios democráticos que todos debemos defender.
El casi sirve, además, para preguntarse si se realizan otras prácticas impropias de una entidad de este tipo, por ejemplo resolver turnos médicos, para estudios o prácticas, a discreción del político de turno. Se sabe que los turnos en un hospital público suelen ser a largo plazo, pero atendiendo a cómo puede ser entendido el manejo de los recursos públicos, no vaya a ser que también se estén otorgando "favores" con la salud para crear dependencia política.
Lo que está en juego aquí es la confianza pública en las instituciones, algo que se construye con años de esfuerzo y que se puede derribar en un instante con prácticas como estas. La utilización de los recursos del Estado con fines políticos no solo es inapropiada, sino también peligrosa, porque si se normaliza esta conducta, podemos estar ante un escenario en el que se pierde la independencia de los servicios públicos, donde la política se inmiscuye en cada rincón de la vida cotidiana y la ciudadanía queda completamente desprotegida ante los intereses partidarios.
Las agrupaciones políticas, sin importar su ideología o color, deben comprender que el ejercicio del poder conlleva una enorme responsabilidad. No se puede permitir que el interés colectivo sea relegado en favor de objetivos partidarios. El recurso a las herramientas y espacios públicos no puede ser una práctica habitual para facilitar la ejecución de proyectos políticos o hacer avanzar una determinada agenda. Si bien la política debe influir en la toma de decisiones sobre el destino de los recursos públicos, nunca debe transformarse en un pretexto para apropiarse de lo que pertenece a toda la sociedad.
Este episodio también invita a una reflexión sobre la necesidad urgente de una legislación más estricta y de mecanismos de control más eficaces sobre el uso de los recursos públicos. Es imperativo que existan auditorías y monitoreos constantes que aseguren que las instituciones del Estado operan exclusivamente en función del bienestar general y no como una extensión de los intereses políticos de turno.
En definitiva, este tipo de prácticas no debe tener cabida en nuestra democracia. La utilización de recursos públicos con fines políticos no es el camino. Los militantes y dirigentes tienen la obligación de respetar las normativas, los valores democráticos y, sobre todo, el derecho de los ciudadanos a recibir servicios de calidad sin que se les mezcle con las luchas políticas. La salud de la población, y en general los recursos del Estado, deben ser respetados como un patrimonio común que debe ser gestionado con la mayor de las responsabilidades. No hay justificación para que la política, en lugar de servir a la gente, termine utilizando el aparato estatal para su beneficio particular.
Es hora de que todos los sectores políticos reflexionen sobre este tipo de comportamientos y asuman la responsabilidad que les corresponde en la gestión pública. Los ciudadanos tienen derecho a esperar de sus representantes no solo decisiones acertadas, sino también un comportamiento ético y respetuoso de los recursos que, en última instancia, son de todos.
