Desde hace algunos años brinda asesoramiento a los ciudadanos que no pueden pagar los impuestos. LA OPINION dialogó con el secretario de Servicios Públicos del organismo, Jorge Ruesga.
Los tarifazos en las facturas de los diferentes servicios han provocado malestar y preocupación entre los usuarios durante 2018. A los incrementos experimentados en la boleta de luz se sumarán los anunciados en los últimos días, hecho que provocará aún más la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores.
Si bien son varias las manifestaciones que se llevan a cabo en contra de la política de los tarifazos que implementa el Gobierno nacional, que decide sobre los cuadros tarifarios, y aun considerando los reclamos formales presentados desde diferentes organismos, los responsables de aplicar las subas hacen oídos sordos.
La Defensoría
Uno de los organismos autárquicos que ha generado reclamos, incluso en la Justicia, es la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires.
Con el objetivo de analizar la labor de la Defensoría respecto a los tarifazos, LA OPINION dialogó con Jorge Ruesga, secretario de Servicios Públicos, Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
- ¿La Defensoría ha desplegado un trabajo de acompañamiento a los usuarios que acuden al organismo porque no pueden pagar sus impuestos?
- La Defensoría viene desarrollando una importante tarea con respecto a la tarifa de los servicios públicos y también a la calidad del servicio. En la actualidad y considerando el ranking de los reclamos que ingresan a la Defensoría, la cuestión servicios públicos es una de las principales. Por un lado recibimos a los vecinos, referentes de clubes y propietarios de Pymes, que se acercan manifestando la imposibilidad de pagar mientras que por otro lado registramos reclamos por mala calidad de los servicios.
Respecto a lo tarifario, la Defensoría ha participado de todas las audiencias públicas a través del Defensor del Pueblo Guido Lorenzino, que ha sido muy crítico con esta política tarifaria, sostenemos que los aumentos que se dieron en los últimos años no condicen con lo que estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los aumentos deben ser proporcionales, progresivos y no tienen que ser confiscatorios. Los aumentos en las tarifas no cumplen con estos requisitos por eso nos hemos opuesto en todas las audiencias públicas y también judicialmente. Lamentablemente a la fecha la Justicia no ha dictado resoluciones o sentencias definitivas de todos los planteos judiciales que hemos hecho sobre la luz y el gas.
- ¿En las audiencias públicas se resuelve algo?
- Tal como están implementando las audiencias públicas es una mera formalidad porque de las conclusiones a las que se arriba en estos encuentros no se tiene en cuenta nada porque por lo general los aumentos son acordados entre las empresas y el Gobierno nacional. En realidad las audiencia deben tener un carácter de mayor vinculación, participación y lo que se discute allí debe luego ser reflejado en el acto administrativo
- ¿Por qué es necesario ejecutar significativos incrementos en las tarifas?
- Es una política que lleva el Gobierno en estos últimos tres años donde se ha priorizado la rentabilidad de un grupo prioritario de empresas prestadoras de servicios. A esas empresas, que son las productoras de gas, las distribuidoras de energía eléctrica se les dá la posibilidad que ningún otro sector tiene, que sus ganancias estén dolarizadas y atadas a la inflación, por eso se dan estos permanentes tarifazos. Ningún trabajador tiene el beneficio que poseen estas empresas, sino que dependen del arreglo paritario al que lleguen y si la inflación es mayor al porcentual acordado para la recomposición salarial salen perjudicados. Por otro lado un argumento que siempre esgrimen para justificar los tarifazos tiene que ver con la necesidad de inversión de las empresas pero no se están haciendo en tiempo y forma y tampoco se ha mejorado sustancialmente la calidad de los servicios. Esto es una fenomenal transferencia de recursos económicos, dinero específicamente, de toda la sociedad argentina a un grupo concentrado de empresas que tienen ganancias extraordinarias, obtenidas a costa del sacrificio de muchos.
- ¿Hay un número aproximado del aumento de las tarifas de servicios?
- En lo que va de la gestión de Cambiemos los guarismos indican que el incremento está arriba del 1.000 por ciento. En el último año las subas fueron muy significativas incluso a llegar hasta el ciento por ciento. Nos oponemos porque las subas no guardan relación con los sueldos de los trabajadores.
- ¿La tarifa social también ha dejado de ser tal?
- Lo que ha logrado esta gestión en servicios públicos es prácticamente la eliminación de la tarifa social. Si bien en los títulos siguen figurando, en la actualidad es muy escaso el beneficio que otorga esta tarifa social. En el gas, por ejemplo, son muy pocos los metros cúbicos que otorgan por un precio diferenciado y lo mismo sucede con el servicio eléctrico. Los descuentos son mínimos por eso nosotros decimos que la tarifa social no está cumpliendo con el propósito por el que se había creado.
- ¿Tuvieron también demandas por los electrodependientes?
- Tuvimos en este sentido una intensa lucha que llevamos adelante con organizaciones intermedias y la Asociación de Padres de Electrodependientes. Se sancionó una Ley, se pudo reglamentar en la provincia de Buenos Aires a fin de que las personas que dependen del suministro eléctrico por un problema de salud, presentando los requisitos, acceden a este servicio de manera gratuita y la garantía de que no se ejecuten cortes en el servicio. Hemos realizado campañas de concientización porque hay personas que no saben de esto. No obstante entendemos que los trámites para acceder al beneficio son bastante engorrosos por eso asesoramos y acompañamos a las personas en esas tramitaciones.
- ¿Planean seguir acompañando a los usuarios?
- Desde la Defensoría vamos a estar recurriendo una vez más a la Justicia en representación de todos los bonaerenses porque entendemos que se sigue afectando el nivel económico y de vida de los ciudadanos. Vamos a tratar, por todos los medios legales frenar este aumento. En este marco las puertas de la Defensoría, a través de sus distintas delegaciones, están abiertas para hacer efectivo cualquier tipo de reclamo.
