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Referentes de inquilinos y del mercado inmobiliario se reunirán el jueves en la mesa de alquileres conformada en el ámbito de la Secretaría de Comercio Interior, con el objetivo de debatir distintas alternativas para ampliar la oferta actual de alquileres y reducir los impactos de la suba de precios.
El segundo encuentro de la mesa se realizará a las 11 y se abordarán las propuestas de la Federación de Inquilinos Nacional, la Cámara Inmobiliaria Argentina y el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (Cucicba).
La Federación de Inquilinos Nacional indicó que llevará a la mesa la iniciativa de regulación del precio inicial del alquiler, que se fije en 2% del valor fiscal de la vivienda, "siendo éste el único precio que el Estado regula y actualiza todos los años y por el que los propietarios pagan sus impuestos".
En tanto, otro de los puntos centrales de las propuestas de la Federación que preside Gervasio Muñoz, es la aplicación de un impuesto del 5% sobre el valor fiscal a los bienes inmuebles en desuso por más de dos meses para todos aquellos que tengan más de tres propiedades. "El impuesto a la vivienda vacía es una medida que se toma en casi todas las ciudades grandes del mundo. Su función es limitar la especulación, y aumentar la oferta para bajar la presión sobre los precios", remarcó.
También abordarán la necesidad de establecer un canal para denuncias ante Defensa de Consumidor/Secretaría de Comercio por incumplimiento a la legislación aplicable a las relaciones de alquiler. Según detallaron, los más frecuentes son no aceptar pago electrónico, no emitir factura, indexaciones fuera de la ley, los plazos de los contratos y la transferencia de impuestos al inquilino.
Por su parte, desde la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA) adelantaron que una de sus propuestas es que la actualización de los contratos sea cada seis meses y de acuerdo al índice actual o a otros índices alternativos, como puede ser el que mide la evolución de los salarios. Además, otra idea es pedir la extensión del blanqueo para la construcción, que incluya una opción que permita destinar el dinero no declarado a la compra de propiedades usadas -no solo nuevas o a construir- con beneficios en el caso de que luego se destine al mercado de alquileres.
Cabe recordar que la Ley de Alquileres, vigente desde mediados de 2020, fue aprobada por la Cámara de Diputados en noviembre de 2019, durante el Gobierno de Mauricio Macri pero terminó siendo sancionada por el Senado en junio de 2020, durante la gestión de Alberto Fernández. Los principales cambios que introdujo en los contratos fueron la duración (el mínimo pasó de dos a tres años) y la actualización anual de los valores a través de un índice (ICL) que publica el Banco Central y que combina la evolución de la inflación y los salarios en partes iguales. Actualmente, la indexación anual ronda el 51%.
Desde el mercado inmobiliario aseguran que desde la implementación de la nueva ley la cantidad de propiedades en alquiler se redujo, lo que provocó un aumento de los precios iniciales de los nuevos contratos. Y que las subas anuales terminan siendo muy altas para los inquilinos. (DIB)
