Tres de los cuatro imputados del falso procedimiento policial en el hotel alojamiento cuentan con el beneficio de arresto domiciliario que todavía no se hizo efectivo por la carencia de pulseras de monitoreo electrónico.
El juez César Solazzi les brindó el beneficio de seguir el proceso penal en sus domicilios a quien quedó identificado como líder del procedimiento ilegal, su cómplice civil y la oficial de la Comisaría Tercera.
En tanto, sigue detenido el sujeto que era pareja de la oficial de Policía al no requerir ningún beneficio.
Tal como surge de la Resolución del Juzgado de Garantías 1 se les concedió el arresto domiciliario con monitoreo electrónico a través del sistema de pulseras. Por ese motivo, el oficio judicial fue dirigido al Servicio Penitenciario Bonaerense para que instrumente las instalaciones de estos dispositivos a los imputados para hacer efectiva esta disposición judicial.
La falta de este equipamiento a nivel provincial demora que esta medida se ejecute rápidamente.
Es importante aclarar que la oficial femenina involucrada atraviesa un tratamiento oncológico que le permite seguir el proceso en su domicilio para lograr cumplir con las intervenciones médicas en un centro de salud especializado.
El efectivo policial que lideró esa falsa intervención sigue preso hasta que se haga efectiva la medida ordenada por el Juzgado.
Los abogados defensores requirieron que, de todas maneras, se les de la posibilidad de regresar a sus residencias con el compromiso de cumplir con las reglas de conducta que les impongan.
El fiscal Nelson Mastorchio se opuso a beneficiar a los imputados con la posibilidad de estar excarcelados.
Este recurso interpuesto por la Fiscalía debe resolverlo la instancia de apelación.
Fuentes allegadas al Palacio de Tribunales daban por sentada el arresto domiciliario tendría posibilidades de quedar firme.
La instrucción judicial avanza a cerrar el sumario con una gran producción de pruebas que incluyen declaraciones de testigos, registros fílmicos e informes periciales de compañías de servicios de telefonía móviles.
La acusación fiscal cuenta con sólidos argumentos para reconstruir lo ocurrido en esa madrugada de septiembre del año pasado en las instalaciones hoteleras ubicadas en la zona sur sobre la ruta nacional 8.
El incidente tuvo lugar en un motel ubicado sobre la ruta 8, donde cuatro personas, incluyendo dos efectivos policiales, ingresaron ilegalmente en la habitación 14 del establecimiento con la intención de despojar a tres personas de medio kilo de cocaína y una suma considerable de dinero en efectivo. El principal sospechoso fue detenido el mismo día del hecho luego de que se le encontrara una importante suma de dinero y una escopeta recortada en su vehículo, un Renault Duster.
Los restantes son una oficial de la Comisaría Tercera, su pareja, y un hombre que sería amigo del principal sospechoso. Los tres fueron señalados como participantes directos del operativo ilegal, junto al líder.
Robo de cocaína y dinero
Según los testimonios, los delincuentes irrumpieron violentamente en la habitación bajo la falsa premisa de realizar un allanamiento, alegando ser "personal de la Jefatura Departamental". Dentro de la habitación, los asaltantes amenazaron a los ocupantes con armas de fuego, exigiendo la entrega de la droga bajo la promesa de que nadie sería arrestado. Uno de los asaltantes, aún no identificado, golpeó a uno de los hombres presentes y lo redujo contra la pared. Mientras tanto, el cuarto cómplice, un hombre no identificado hasta el momento, permaneció en las inmediaciones del vehículo como apoyo.
Las víctimas del allanamiento ilegal afirmaron que los agresores les sustrajeron medio kilo de cocaína y una cantidad significativa de dinero en efectivo. Una vez que los asaltantes abandonaron el lugar, las autoridades policiales fueron notificadas y comenzaron una investigación en profundidad que incluyó el análisis de cámaras de seguridad y allanamientos en los domicilios de los sospechosos.
Coartada del jefe de la Tercera
El jefe de la Comisaría Tercera tuvo una coartada que lo eximió de este episodio delictivo, pero lo dejó exonerado de la Policía por una situación fuera del reglamento de la fuerza de seguridad bonaerense.
En los días posteriores al incidente, surgieron sospechas sobre la posible participación del jefe de la Comisaría Tercera. Sin embargo, tras la presentación de pruebas irrefutables por parte de su defensa, incluyendo registros de cámaras de seguridad y datos de lectores de patentes, se descartó su implicación en los hechos. Las pruebas demostraron que el comisario no se encontraba en las cercanías del motel en el momento del allanamiento ilegal.
El abogado defensor del jefe policial, Aquilino Giacomelli, presentó estas evidencias ante la Fiscalía, y tras ser corroboradas, el jefe de la Comisaría fue desvinculado de la investigación.
El titular de la dependencia estaba en un móvil policial en un domicilio particular de la localidad de Manuel Ocampo y la utilización del vehículo oficial para menesteres personales lo dejó imputado de un caso penal de la figura de "malversación de fondos".
Esa es otro caso que también instruye el fiscal Nelson Mastorchio en la Fiscalía 3.
