La residencia de los padres en el barrio Martín Illia es el domicilio legal del sujeto involucrado en múltiples estafas a vecinos de la ciudad ocurridos recientemente y que generaron causas en los juzgados civiles y comerciales y en el fuero penal que lo involucran seriamente.
Así lo hizo saber en los Tribunales recientemente cuando se presentó acompañado de su abogado, Rodolfo Migliaro.
El letrado acompañó a esta persona de 38 años de edad, a quien varias personas lo denunciaron por estafas en sede penal y otros iniciaron juicios de cobro ejecutivo en el fuero civil y comercial.
El viernes 3 de enero es la fecha en la que se presentó a firmar la notificación del proceso penal, por la calificación de estafas reiteradas, que lo involucra.
En estos días trascendió esta notificación, donde este individuo se puso a disposición de la Justicia y firmó el compromiso de presentarse cada vez que sea requerido formalmente en el expediente.
La causa está radicada en el Juzgado de Garantías 2, donde el juez Renato Santore interviene en el caso por haberse excusado los tres magistrados de ese fuero.
Desde el Juzgado de Garantías 2 en los últimos días de diciembre lo eximieron de prisión por no ser una persona con antecedentes penales condenatorios y que la pena máxima en expectativa no supera los seis años de prisión y el mínimo de la escala en esa calificación es de un mes.
En los considerandos del juez Santore al darle el beneficio de la eximición de prisión dejó establecido que podría perder esta posibilidad de afrontar el proceso en libertad si no se notificaba de las actuaciones penales que lo involucran.
Por ese motivo, la estrategia de la defensa, que integran los abogados Rodolfo Migliaro y Alberto Decunta, fue presentarlo y que se someta a derecho y afronte las instancias del proceso.
La acusación fiscal la lleva adelante el fiscal Francisco Furnari, quien apeló la eximición de prisión.
Esta apelación de la Fiscalía 5 se encuentra en la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Junín por ser el órgano de segunda instancia de turno durante la feria judicial del mes de enero.
Todavía los camaristas juninenses no resolvieron el recurso interpuesto por el fiscal Furnari.
La instrucción judicial debe avanzar con ampliaciones de declaraciones de las víctimas que se presentaron como damnificadas; las evacuaciones de citas a partir del contenido de cada una de las testimoniales del expediente y los requerimientos de mayores documentaciones o citaciones a más testigos que acrediten como eran las maniobras de estafas.
Inhibición de los bienes
El juez Renato Santore hizo lugar, en su momento, al requerimiento fiscal de decretar la inhibición general y bloqueo de sus cuentas en entidades bancarias y de billeteras virtuales a través de una resolución al Banco Central de la República Argentina.
Hay tres causas acumuladas con al menos diez víctimas, cuyas identidades se preservan.
Todos los casos se instruyen en la Fiscalía 5 que tiene a cargo Furnari y requieren la presentación del sospechoso para someterse al proceso penal a partir de la indagatoria y la imputación del delito del que lo acusan, que es el de "estafas reiteradas".
Estuvo desaparecido
En estos días se conoció que en la jornada en la que este sujeto se presentó a la Justicia lo hizo bajo un estricto cuidado de no quedar expuesto públicamente y sin que nadie se entere; por temor presuntamente a que lo pudieran interceptar los acreedores.
Aparentemente, habría venida a Pergamino para formalizar esa notificación y luego se habría ido nuevamente al lugar donde se oculta para no recibir el asedio de personas que le reclaman el reintegro del capital en dólares invertido.
De acuerdo a las presentaciones formales en sedes judiciales estuvo 77 días sin que se conociera su paradero.
Los afectados por las estafas hace más de esos dos meses y medio que no lo ven y les dejó de responder las llamadas y mensajes telefónicos.
Hace más de tres meses que no actualiza las habituales redes sociales en las que posteaba las cotidianidades de su vida afectiva, familiar y de amistades.
Antes de esa presentación a principios de este mes en el palacio de Tribunales bajo un estricto hermetismo, el viernes 18 de octubre sería el último registro previo de presencia del sujeto de 38 años en nuestra ciudad porque en esa fecha está ingresada una denuncia que formalizó él mismo en la Fiscalía.
En su momento denunciaba hostigamientos por cinco acreedores puntuales a quienes acusó de graves intimidaciones, incluso una con armas de fuego.
Esa denuncia se volvió como un boomerang en su contra porque al citar a las personas mencionadas desmintieron el carácter violento de las negociaciones que llevaban adelante para recuperar el capital invertido.
Lo cierto es que desde ese momento desaparecieron él y sus padres de la ciudad.
En este sentido, su papá, siendo un médico psiquiatra estuvo ausente de Pergamino más de un mes hasta regresar sin dar precisiones sobre el paradero del hijo de 38 años; de quien se desconoce donde puede estar.
Para los investigadores se está ocultando de los acreedores y desde este momento estaría evadiendo su responsabilidad ciudadana ante la Justicia que lo tiene como sospechoso de varias defraudaciones.
Las propiedades familiares aparecieron con carteles de venta y antes de formalizar la denuncia en sede judicial vendió los tres vehículos, suyo, de la novia y de los papás, para reintegrar dinero a los acreedores que más lo hostigaban.
Juicio por cobro ejecutivo
No sólo tiene un proceso penal en la Fiscalía; sino que también tiene una demanda en el fuero Civil y Comercial por cobro ejecutivo.
El titular del Juzgado Civil, Renato Santore, es el mismo que firmó la eximición de prisión y decretó la inhibición de bienes y el bloqueo de cuentas bancarias.
Las actuaciones de la Justicia Civil y Comercial son por las existencias de documentos firmados y las personas damnificadas iniciaron acciones por el no cumplimiento de pago.
En el Juzgado de Santore se tramita el expediente en los que hay unos pagarés que firmaron dos personas, entre ellos el estafador, que fueron presentados por uno de los damnificados. Se trata de una demanda para cobrar más de 120 mil dólares que sería el capital invertido en el fondo piramidal del pergaminense.
En esa causa también quedó comprometido un amigo del sujeto sospechado de las defraudaciones.
Se trata de un empleado público que lo conocería por residir en viviendas cercanas y confiar en los argumentos de ganancias millonarias en corto tiempo, sin realizar esfuerzos y a tasas inexistentes en el mercado financiero legal.
Esta persona sería inocente de las maniobras defraudatorias y habría prestado su firma por confiar en su amigo, el embaucador.
Ahora debe responder ante la Justicia Civil y Comercial y sus bienes pueden ser embargados por existir un compromiso de pago firmado que tiene iniciado un juicio por cobro ejecutivo.
