Productores agropecuarios de distintos distritos de la provincia de Buenos Aires han iniciado una batalla legal contra el aumento considerado "desmedido" de la cuarta cuota del impuesto inmobiliario rural bonaerense, que en algunos casos superó el 100% respecto de la tercera cuota. Mientras el gobernador Axel Kicillof enfrenta dificultades para lograr la aprobación de la Ley Fiscal 2025, el Juzgado Civil y Comercial 4 de Azul, a cargo del juez Juan Guillermo Lazarte, decidió dar curso al amparo presentado por un grupo de productores del distrito. La medida fue ordenada tras recibir el informe de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA).
Cristina Boubee, una de las referentes de los productores de Azul y responsable de convocar a colegas para sumarse a esta acción colectiva, explicó en una entrevista al diario La Nación: "La demanda fue trasladada tanto a la provincia como a ARBA. Ahora comienza la feria judicial, pero en febrero las partes deberán responder. Confiamos en que el proceso será ágil y pronto tendremos novedades favorables. Hasta el momento, el juzgado ha actuado con eficiencia".
Según Boubee, en Azul son unos 25 productores los que optaron por este camino judicial. Como parte del proceso, el magistrado ordenó a ARBA realizar una revisión de las liquidaciones cuestionadas. "Pasada la feria, el juez evaluará si las acciones del ente recaudador fueron correctas o no", indicó.
Además de Azul, se han impulsado medidas similares en Junín y Pergamino, mientras que en Mercedes un caso similar está siendo discutido en Cámara. "En otros distritos los amparos fueron rechazados in límine, pero volveremos con acciones contenciosas. El caso más avanzado es el de Azul", señaló la productora.
Boubee lidera desde hace dos años el Grupo Soluciones de Campo, que reúne a productores afectados por diversas problemáticas. En un reciente encuentro del grupo, los integrantes coincidieron en que, tras la resolución positiva del juez, la presentación de nuevos amparos será masiva a partir de febrero. "El campo está decidido a ir hasta las últimas consecuencias. Este aumento es un atropello a la producción, que ya está golpeada no solo por cuestiones climáticas, sino también por las cargas impositivas y las retenciones que afectan directamente al sector", expresó.
La productora explicó que muchos no pueden afrontar el pago de la cuota con los valores actuales, que en algunos casos han aumentado entre un 100% y un 300%. "Hay productores con 140 hectáreas que pasaron de pagar $300.000 a $1.120.000. Es insostenible. La mayoría pagó pensando que los aumentos serían razonables, pero ahora que se confirmaron estos incrementos, muchos han decidido no pagar hasta que la situación se resuelva judicialmente", agregó.
Boubee también advirtió sobre el impacto que esta situación podría tener en la recaudación. Según sus datos, el nivel de cumplimiento impositivo ya se encuentra en torno al 40% en el caso del inmobiliario rural y al 22% para la tasa vial en algunos municipios. "Por más que suban los impuestos, no los van a poder cobrar porque los productores simplemente no pueden pagarlos", concluyó. (Con información del diario La Nación)
