En el marco del Operativo Protección de Infancias IV, la Fiscalía Nº 3 de Pergamino, liderada por el fiscal Nelson Mastorchio, y el Departamento de Cibercrimen local, a cargo de José María Cifuentes, llevaron a cabo cuatro allanamientos en la ciudad con el objetivo de combatir el tráfico de material de abuso sexual infantil.
Las investigaciones se iniciaron a raíz de reportes emitidos por el National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC, por sus siglas en inglés), en los que se alertaba sobre el intercambio de material ilegal en redes digitales en cuatro domicilios de Pergamino. A partir de estas denuncias, el agente fiscal solicitó a la Policía Federal, bajo la dirección del Subcomisario Nicolás Koch, la realización de tareas preliminares que confirmaron la presencia de usuarios vinculados a la distribución de estos archivos en las viviendas investigadas.
Las órdenes de allanamiento, otorgadas por el juez César Solazzi, titular del Juzgado de Garantías Nº 1, fueron ejecutadas por la Unidad de Inteligencia Criminal (UIC) y la División Unidad Operativa Federal (DUOF) de la Policía Federal, con la colaboración de la ASIC (Oficina de Análisis y Seguimiento de la Información Criminal). En los operativos participaron además el Dr. José María Cifuentes y equipos del Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Material de Abuso Sexual Infantil y Grooming, dirigido por Eleonora Weingast, junto al Secretario de Política Criminal, Francisco Pont Verges.
El procedimiento fue parte de un operativo a gran escala que incluyó 150 allanamientos en diversos departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires, todos en cumplimiento de la "Guía integral de empleo de la informática forense en el proceso penal: Protocolo de Actuación en Informática Forense a partir del Proceso Unificado de Recuperación de Información (PAIF-PURI)".
Durante los allanamientos, los agentes secuestraron una amplia gama de dispositivos tecnológicos, incluyendo computadoras de escritorio, portátiles, teléfonos celulares, tabletas y unidades de almacenamiento extraíble, en línea con el Protocolo de Actuación en Informática Forense. Además, se identificaron a todas las personas presentes en los domicilios.
Uno de los procedimientos permitió identificar a un menor de 14 años que habría sido víctima de grooming (acoso sexual a menores por redes sociales). Asimismo, se imputó a una persona que poseía cientos de archivos de material de abuso sexual infantil.
Este caso subraya la relevancia del trabajo conjunto entre distintas fuerzas y el Ministerio Público Fiscal en la protección de los derechos de la infancia y en la lucha contra los delitos de abuso y explotación sexual infantil en el ámbito digital.
