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Oficializan cambios en planes sociales: capacitación laboral obligatoria y más controles


La medida fue adelantada el martes pasado por el candidato presidencial Sergio Massa

Crédito: DIB

La medida fue adelantada el martes pasado por el candidato presidencial Sergio Massa.

El Gobierno anunció una nueva medida pensada para promover la inclusión en el mercado laboral de los titulares de programas sociales.

El Gobierno oficializó este miércoles el traspaso del Plan Potenciar Trabajo de la órbita del Ministerio de Desarrollo Social a la de la cartera laboral a partir del 1 de enero de 2024 y la eliminación de la incompatibilidad que existía para los beneficiarios de pensiones por discapacidad de mantener ese derecho cuando accedían al mercado laboral.

"Van a tener capacitación laboral obligatoria, inscripción en las bolsas de empleo de cada ciudad y de cada bolsa de empleo", explicó el candidato a presidente de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa.

Por medio de la publicación del Decreto 565/2023 en el Boletín Oficial, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social pasará a estar a cargo del programa de capacitación laboral que buscará que las personas que se desempeñen en el ámbito de la Economía Popular sean incluidos en el sistema formal de trabajo.

Se establece además que, a partir del 1 de enero de 2024, se transfiere "a la totalidad de las y los titulares" del Programa Nacional "Potenciar Trabajo", que dependían del Ministerio de Desarrollo Social a la órbita de la cartera de Trabajo.

En tanto, los titulares de este Programa de Inclusión Laboral "podrán acceder a las prestaciones ofrecidas en el marco de las políticas y programas implementados en el ámbito del Ministerio de Trabajo relacionadas a la capacitación profesional, formación laboral, certificación de competencias y fortalecimiento del trabajo autogestivo, o desarrollar actividades socio-productivas, socio-laborales, o socio-comunitarias en el marco de una Unidad Productiva que la Autoridad de Aplicación tendrá la facultad de auditar".

Los ministerios de Trabajo y Desarrollo Social estarán además facultados "en el marco de sus respectivas competencias, a dictar las normas complementarias, aclaratorias y/o de aplicación que se estimen pertinentes para la implementación" de esta norma.

En tanto, el Decreto 566/2023 establece que dejará de regir el impedimento formal para que las personas que tienen pensión por discapacidad no puedan acceder al mercado de trabajo y lleva la firma de Fernández, Rossi, Massa y Olmos.

Se deroga así una normativa vigente desde 1997 y se establece que "la persona con discapacidad y en situación de vulnerabilidad" acceda al "trato más favorable en materia de inclusión laboral, a efectos de brindar una adecuada protección y garantía de igualdad".

El Decreto instruye además a los Ministerios de Trabajo, Desarrollo Social y Economía, junto con la Agencia Nacional de Discapacidad, "a dictar normas y actos necesarios para la implementación de lo dispuesto".

Además, la Agencia Nacional de Discapacidad "dictará y determinará los criterios, procedimientos y documentación necesaria para el acceso y mantenimiento de las prestaciones instituidas".

La justificación

La medida fue adelantada el martes pasado por Massa después de que manifestara: "Queremos que las personas beneficiarias de programas sociales, pasen a ser beneficiarias de programas de inclusión laboral. De esta forma, el candidato presidencial anticipó que "van a tener capacitación laboral obligatoria, inscripción en las bolsas de empleo de cada ciudad y de cada una bolsa de empleo".

Por otro lado, el titular de la cartera económica señaló que el programa se consolidará junto a otra medida nombrada como "Puente al Empleo", el cual buscará que la persona que cobre un plan social pueda trabajar en una empresa en simultáneo. En cuanto a este proyecto, Massa explicó que el beneficiario "va a mantener el beneficio durante un año y el empleador que lo tome, va a tener que completar el salario de convenio", en referencia a los beneficios que obtendrían ambas partes.

En el caso de los empleadores que contraten a titulares de programas de desarrollo social no deberán pagar cargas sociales durante los primeros dos años de trabajo de la persona en la empresa. Además, aquellos que hayan contratado antes de la oficialización de las medidas también gozarán de una extensión no pagar contribuciones hasta que se cumpla el plazo de los 24 meses.


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