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La oficial nacional de Protección y Acceso a la Justicia de Unicef, María Angeles Misuraca, consideró que la medida es “regresiva en derechos” y resaltó que no hay “evidencia científica de que bajar la edad de punibilidad sirva para algo”.
Buenos Aires, (NA) - El proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil recibió ayer duras críticas durante una audiencia en la Cámara de Diputados en la que expusieron especialistas, funcionarios judiciales y representantes de la sociedad civil.
El principal foco de controversia de la reforma del Poder Ejecutivo, que fue debatida en el marco de un plenario de las comisiones de Legislación Penal, Familia y Presupuesto, es la propuesta para rebajar la edad de imputabilidad de 16 a 15 años.
Medida “regresiva”
La oficial nacional de Protección y Acceso a la Justicia de Unicef, María Angeles Misuraca, consideró que la medida es “regresiva en derechos” y resaltó que no hay “evidencia científica de que bajar la edad de punibilidad sirva para algo”.
Advirtió que en la norma propuesta no se fija un tope al monto de las penas y que el plazo máximo de tres años para tramitar el proceso penal “es mucho tiempo”, al tiempo que cuestionó que se establezca la posibilidad de prisión preventiva hasta dos años para los adolescentes.
“Nunca va a ser positivo que entren más chicos al sistema penal. No es lo mismo cómo transcurre el tiempo para nosotros que para los adolescentes y qué marcas les va a dejar que atraviesen por el sistema penal”, enfatizó.
En ese sentido, pidió “no aplicar por analogía el derecho penal de adultos” para los menores de edad, y opinó que la ley que se pretende aprobar corre serios riesgos de ser impugnada constitucionalmente.
“Populismo penal”
Por su parte, el “obispo villero” Gustavo Oscar Carrara dijo que “es necesario tener cuidado con el populismo penal, la creencia de que mediante una pena se pueda obtener determinados beneficios”.
A su entender, “hay que evitar esa tendencia de construir deliberadamente enemigos, con características estereotipadas de lo que la sociedad supuestamente rechaza”.
Imputabilidad
Carlos Parma, juez en lo penal de menores en la provincia de Mendoza, reconoció que la norma vigente -que data de la dictadura militar- “tiene que ser derogada definitivamente” pero advirtió que el proyecto que el Gobierno puso sobre la mesa para el debate presenta numerosas “incongruencias”.
Destacó que “la madre de todas las batallas va a ser el tema de la imputabilidad” y sin vueltas agregó que “debe rechazarse la baja”.
En este sentido, afirmó que “quien se encargó de la redacción del proyecto ha improvisado en la materia”.
El ex secretario nacional de Niñez, Adolescencia y Familia Gabriel Lerner subrayó que “no es cierto que cualquier cambio sea un avance” y tildó de “insostenible” la propuesta para bajar la edad de punibilidad, además de cuestionar las “penas exorbitantes” que fueron contempladas en la letra del proyecto.
Defensa de derechos
En el marco del debate, también tomó la palabra un adolescente de 16 años, Julián José Hollman, quien en representación del Consejo Provincial de Niñez y Adolescencia de La Pampa manifestó que “la niñez y la adolescencia no son un problema de seguridad o inseguridad, es una cuestión de derechos y, por lo tanto, de recursos.
“Esto deberían estar discutiendo ustedes señores legisladores: cómo lograr que no se sigan recortando los presupuestos a la niñez y adolescencia”, exhortó, en medio de aplausos de los legisladores opositores.
En tanto, la militante de Derechos Humanos e hija de desaparecidos Alejandrina Barry definió la iniciativa del Gobierno como “un plan de guerra contra la juventud, porque lo único que se propone es persecución y encierro”.
