Durante la cuarentena decretada por el Covid-19, el Tribunal de Casación Penal autorizó el uso de teléfonos celulares a los detenidos en todas las cárceles de la provincia de Buenos Aires mientras se mantuviera la suspensión de visitas de familiares, contemplando que la situación era excepcional y durante el período de vigencia del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio que anulaba toda posibilidad de contacto de los internos con sus seres queridos. Y esta resolución a su vez imponía al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense la creación de un protocolo normativo que asegurara que esta tecnología no se utilizara con fines delictivos.
"A esta altura si hay algo que queda en claro es, por un lado, la responsabilidad y decisión del gobernador Axel Kicillof para extender la medida más allá de los plazos y los objetivos planteados por la resolución judicial que lo autorizó; y por otro, y esto es lo más grave, que el Ministerio de Justicia no fue capaz de garantizar los protocolos y el control del uso de celulares a través del Servicio Penitenciario Bonaerense", señaló la presidenta del Concejo Deliberante, Gabriela Taruselli.
La edil acaba de presentar un proyecto para dar tratamiento a este tema y lo fundamentó explicando que "esto consolida de una manera innegable una modalidad delictual donde nuestros vecinos deben sumar a la inseguridad que se vive en las calles, la actividad de los delincuentes que operan desde dentro de las unidades penitenciarias".
Datos concretos
Según las investigaciones y en las unidades penales de referencia para nuestra ciudad, tanto en la Nº 49 de Junín como en la Nº 3 de San Nicolás, se procesó en este último tiempo a personas privadas de su libertad por estar involucradas en delitos de amenazas, estafas, extorsión, drogas, grooming, abuso sexual y pornografía infantil, usando como medio para los mismos los aparatos de telefonía celular con impacto dentro de dichas cárceles.
"En este sentido, es destacable la actuación que tuvo la Fiscalía Nº3 de nuestro Departamento Judicial y el área de Cibercrimen en uno de las casos más aberrantes que concluyo con un allanamiento en una celda de la cárcel de Junín. Allí un sujeto que cumplía prisión preventiva por los delitos de abuso sexual de un niño menor de edad sería quien distribuyó 57 imágenes y videos de abuso sexual infantil conectando desde el penal de la vecina localidad", resaltó Taruselli en la entrevista con el Diario.
En otra celda de la cárcel de San Nicolás se encontraba detenida una persona que estaría involucrada en el delito de extorsión telefónica. "El denunciante indicó que se comunicaron con él para amenazarlo con una denuncia por un delito sexual. Haciéndose pasar por policía, el extorsionador le sacó 200 pesos para no 'escracharlo por el supuesto intercambio de fotos íntimas con una mujer, diciendo que era menor de edad. Y el origen de las llamadas era del interior de la cárcel", aseguró la concejal.
Otra modalidad investigada por Cibercrimen en San Nicolás tiene que ver con sustraer datos de tarjetas de créditos y débitos que son utilizados para compras a través de Internet. Un hecho de estas características tendría como protagonista nuevamente a un individuo que se encontraba detenido en la Unidad Penal Nº3. "Otros hechos llevados adelante y que tiene sindicados como autores a detenidos privados de la libertad en esta ciudad vecina tienen que ver con llamadas que se realizaban desde la cárcel donde contactaban, a través de Marketplace (apartado de ventas de Facebook) a sus víctimas, quienes tenían ofertados elementos o productos, para posteriormente generar un encuentro presencial en el cual luego de exhibir comprobantes apócrifos de transferencias bancarias se llevaban consigo los elementos y las víctimas nunca recibían el dinero acordado".
"Esta modalidad tenía como partícipe a un interno que hacia los llamados desde el penal y un familiar que actuaba fuera de dicha institución", aseguró la integrante del bloque de "Juntos".
Proyecto y respuestas
Taruselli indicó que estos ejemplos "son solamente algunos casos" perpetrados desde las cárceles de la zona, pero que también merced al permitido uso de celulares so pretexto del no contacto con familiares por la pandemia, se han corroborado otros delitos relacionados a la narcotráfico en todas las cárceles, incluyendo las Federales. "Es necesario que los responsables tomen medidas. No podemos permitir que el delito se maneje también desde las cárceles", reclamó la concejal
Ante esta realidad, la legisladora local se pregunta "¿cuál es la respuesta del Servicio Penitenciario Bonaerense?: negar lo evidente. Y nos explican que, según el protocolo, el uso de celulares se circunscribe a su utilización para actividades educativas a distancia y contactos familiares; y que prohíbe las redes sociales, con excepción de WhatsApp; y este es un argumento insostenible no solo frente a los hechos que involucran actores intramuros sino también frente a la presencia cotidiana de internos en las redes sociales".
Gabriela Taruselli afirma en su proyecto que el Servicio Penitenciario Bonaerense "no pudo, no quiso o no recibió la orden política de encontrar los mecanismos para controlar el uso de los celulares en las unidades penitenciarias" y por ello propone rever de forma urgente el protocolo que ellos mismos generaron y que hoy estaría facilitando la comisión de delitos.
Pedido desde Pergamino
Es por eso que en la última sesión del Concejo Deliberante se aprobó, aunque con el voto en contra del bloque del Frente de Todos, una Comunicación solicitando al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires que suspenda el uso libre de celulares en las cárceles hasta tanto se revea el protocolo de uso y los medios necesarios para garantizar la seguridad de los bonaerenses. "Señor gobernador, depende de usted", cerró la edil.
