El viernes 21 de febrero, alrededor de las 16:00, la comunidad de Pergamino se vio sacudida por una serie de actos vandálicos perpetrados en la vía pública. Un individuo de 39 años atacó bienes de vecinos, provocando destrozos significativos que incluyeron el reventón de cubiertas de siete vehículos, el incendio de un automóvil estacionado y la destrucción de ocho medidores de gas domiciliarios. A pesar de la gravedad de estos hechos, el vándalo se encuentra en libertad pese que ordenaron su internación en un establecimiento sanitario, tras ser declarado inimputable por razones de salud mental, lo que ha generado indignación y preocupación entre los habitantes de la ciudad.
Riesgo para sí y para terceros
El caso ha dejado en evidencia una preocupante situación en la que el sistema judicial y de salud mental parecen no ofrecer soluciones efectivas para evitar que este tipo de incidentes se repitan. La pericia psicológica y psiquiátrica, requerida por el fiscal Francisco Furnari y ordenada por el juez Fernando Ayestarán, determinó que el individuo padece un trastorno psicótico agudo con ideación delirante y juicio desviado. Además, presenta un consumo problemático, crónico y grave de sustancias como pegamentos y nafta, lo que agrava su situación.
Los peritos oficiales, la Licenciada Ivana Righetti (Psicología) y el Dr. Walter Oscar Mártire (Psiquiatría), establecieron que el acusado carece de contención familiar y social y que representa un riesgo cierto e inminente tanto para sí mismo como para terceros. En su informe, recomendaron una internación en salud mental como medida necesaria para su tratamiento y para prevenir futuros episodios violentos.
Sin seguimiento judicial
El Juzgado de Garantías 3, en base a la evaluación de los peritos, dispuso la internación provisoria del individuo en la Sala de Psiquiatría del Hospital San José de Pergamino. Sin embargo, los profesionales del nosocomio determinaron que no existía criterio para su internación prolongada según la Ley de Salud Mental, por lo que el paciente fue dado de alta y puesto en un régimen de tratamiento ambulatorio, sin monitoreo de ningún órgano judicial.
A su vez, al remitir el caso al Juzgado de Familia, desde ese fuero rechazaron la competencia por no tratarse de una internación formal. Esta situación dejó al individuo en libertad, sin un seguimiento efectivo, lo que ha generado una profunda preocupación en la comunidad.
Riesgo social
El caso ha evidenciado un problema estructural en la aplicación de las leyes por parte de los operadores del sistema. La carencia de un operador judicial que coordine todas las inconsistencias de las interpretaciones de las leyes y el riesgo que actuar de acuerdo a lo que establece la legislación pueda generar un riesgo para la comunidad.
Porque en el espíritu de la medida judicial de otorgar una medida de seguridad que mantenga contenido y asistido a un sujeto capaz de hacer daños siderales no pudo materializarse al existir leyes de salud donde el paciente puede decidir sobre su libertad. Estas normativas otorgan a los profesionales médicos la potestad de decidir sobre la internación de una persona, pero al mismo tiempo limitan la intervención de la Justicia cuando el paciente no se encuentra internado. Esto genera un vacío legal que deja sin control a individuos con antecedentes de violencia y trastornos psiquiátricos graves, como en este caso.
Expertos en derecho han señalado que la Ley de Salud Mental n.º 26.657 establece que solo se puede internar a una persona si se considera que representa un peligro inminente para sí mismo o para terceros. Sin embargo, en la práctica, esta decisión queda sujeta a interpretaciones médicas que pueden variar según los criterios de los profesionales de salud.
Rechazo de la comunidad
La liberación del individuo ha generado un fuerte malestar en nuestra comunidad, donde los vecinos temen que vuelva a protagonizar hechos de violencia sin que exista un mecanismo efectivo para evitarlo. Las personas no pueden entender como los operadores de Justicia no ponen en prácticas medidas de seguridad que redunden en una mejor convivencia comunitaria.
La ciudadanía pide articular un sistema de seguimiento más riguroso para personas con antecedentes de este tipo. Evidentemente es necesario que los operadores de la Justicia tengan en cuenta mecanismos que beneficien a los pacientes y tengan en cuenta los riesgos comunitarios si no se toman medidas de seguridad para evitar posibles riesgos. Deben existir interacciones interdisciplinarias que permitan un monitoreo adecuado de estos casos, asegurando tanto el respeto de los derechos de los pacientes como la seguridad de la comunidad.
Sociedad desprotegida
El caso de este vándalo social pone en relieve la contradicción entre las leyes de salud mental y la necesidad de protección de la comunidad. Mientras el sistema penal declara la inimputabilidad y el sistema de salud descarta la internación, la sociedad queda desprotegida ante individuos con antecedentes de violencia y trastornos psiquiátricos severos.
La legislación actual permite que situaciones como esta se repitan, dejando a la población expuesta a posibles episodios trágicos. Urge una revisión de los mecanismos de control y un debate sobre las reformas necesarias para garantizar un equilibrio entre el respeto por los derechos individuales y la seguridad colectiva.
