En un movimiento político que combina pragmatismo y cálculo electoral, el presidente Javier Milei decretó la implementación de la Ficha Limpia, retomando una bandera histórica del PRO para continuar con su juego de seducción hacia ese electorado. Este decreto se presenta como una solución luego de que el año pasado la Cámara de Diputados no lograra tratar el proyecto original impulsado por la bancada del PRO, debido a la falta de quórum.
Paradójicamente, esta nueva versión habilitaría a Cristina Kirchner a participar en las elecciones del año en curso, un detalle que no ha pasado desapercibido y que algunos interpretan como un guiño del kirchnerismo hacia el debate del proyecto. Según se detalló, el mecanismo establece que las inhabilitaciones para ejercer cargos públicos regirán únicamente para elecciones posteriores al dictado de una condena, siempre que esta haya sido emitida antes del 31 de diciembre del año previo a los comicios. De esta forma, una condena dictada durante este año no impediría la participación electoral inmediata del condenado.
La iniciativa no solo abarca a los candidatos electorales, sino que extiende sus disposiciones a la Administración Pública Nacional. Esto incluye la inhabilitación para altos cargos como ministros, secretarios y subsecretarios, en un intento por garantizar la idoneidad en el acceso a todas las funciones públicas, tal como establece el artículo 16 de la Constitución Nacional.
Desde el oficialismo, destacaron que esta versión busca blindar los procesos electorales al garantizar la seguridad jurídica y evitar el uso arbitrario de sentencias judiciales, especialmente en provincias donde el poder judicial podría estar "cooptado". En este sentido, el gobierno libertario aseguró que la cláusula que permite competir a candidatos con condenas recientes hasta el cierre del año previo a las elecciones responde a la necesidad de evitar que el sistema sea utilizado como una herramienta de proscripción política.
Además, el proyecto contempla la creación de un Registro Público de Ficha Limpia, que permitirá a las autoridades electorales verificar de manera ágil si un candidato tiene condenas en su contra, promoviendo la transparencia sin generar costos adicionales ni burocracia. Este registro es fundamental para que la Ficha Limpia no solo sea un concepto, sino una herramienta práctica de control electoral.
La Ficha Limpia no es una idea nueva en el país: varias provincias y municipios ya cuentan con reglamentaciones similares. Sin embargo, esta es la primera vez que se busca implementar una normativa a nivel nacional, marcando un hito en la lucha contra la corrupción y la promoción de la ética en el servicio público.
El ministro de Defensa, Luis Petri, fue el encargado de afinar los detalles del decreto, luego de que Alejandro Fargosi, designado inicialmente por Milei para trabajar en el tema, quedara relegado. Este cambio se dio en un contexto marcado por tensiones políticas y cuestionamientos hacia La Libertad Avanza, acusada por el PRO de no comprometerse lo suficiente con la lucha contra la corrupción tras la ausencia de ocho de sus legisladores en la sesión de diciembre.
Finalmente, desde el gobierno libertario enfatizaron que esta medida "iguala las reglas de juego, elimina incertidumbres sobre posibles candidatos y garantiza la división de poderes". No obstante, para el PRO, el decreto pone de manifiesto la incapacidad del Congreso para avanzar en un proyecto que ya había sido impulsado por sus filas, lo que no deja de generar malestar en algunos sectores de la oposición.
