El decreto nacional se basa en lo dispuesto por la Ley de Administración Financiera (24.156), que habilita al Poder Ejecutivo a mantener el presupuesto del año anterior en ausencia de una nueva norma sancionada. El artículo 1 del decreto establece que las disposiciones presupuestarias de 2023 continuarán vigentes en 2025, con las adecuaciones necesarias realizadas por el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en coordinación con el ministro de Economía, Luis Caputo. Según los considerandos del decreto, la medida busca "asegurar la continuidad y eficiencia de los servicios mínimos y esenciales" de la administración pública.
Sin embargo, las críticas no se hicieron esperar. La prórroga otorga al Ejecutivo facultades discrecionales significativas para asignar recursos, lo que genera cuestionamientos sobre la transparencia y la capacidad de planificación fiscal. Esta situación también se replica en la provincia de Buenos Aires, donde la falta de presupuesto afecta áreas clave como salud, educación y seguridad. El gobernador Axel Kicillof, sin el respaldo de una Ley de Presupuesto aprobada, opera con esquemas heredados, limitando la posibilidad de implementar reformas estructurales necesarias para la provincia más grande del país.
En ambos casos, la falta de consenso en las cámaras legislativas impidió que los proyectos presupuestarios avanzaran. En el ámbito nacional, el proyecto presentado por Javier Milei en septiembre quedó truncado por las diferencias entre oficialismo, oposición y gobernadores. Entre las medidas incluidas, destacaban la ratificación de la fórmula de movilidad jubilatoria y la eliminación de la indexación de asignaciones familiares. En la provincia, los intentos de Kicillof de consensuar su presupuesto con los legisladores propios y ajenos no prosperaron, dejando áreas sensibles como la infraestructura educativa y el financiamiento de los municipios bajo incertidumbre.
Además, las implicancias económicas de operar sin un presupuesto aprobado son evidentes. En la nación, la ampliación del presupuesto inicial de 2023 de $40.2 billones a $95.9 billones en 2024 ilustra la dependencia de ajustes discrecionales en medio de una alta inflación. En la provincia de Buenos Aires, esta dinámica se refleja en los constantes reclamos de intendentes que denuncian la inequidad en la distribución de fondos y las demoras en la coparticipación.
Se prioriza la discrecionalidad sobre la planificación, tanto el Gobierno nacional como el provincial enfrentan el desafío de equilibrar sus objetivos financieros con la necesidad de generar confianza en el manejo de los recursos públicos. La repetición de esta situación en 2025 plantea interrogantes sobre las consecuencias a largo plazo para la transparencia, la eficiencia administrativa y la estabilidad política.
