Karim Dib: "Es imposible direccionar contrataciones como se quiere hacer creer"

Como consecuencia de una denuncia presentada el pasado jueves por un concejal de la oposición al ejecutivo municipal, el fiscal a cargo, Pablo Santamarina solicitó a la Municipalidad de Pergamino expedientes administrativos en los que hayan participado a las empresas Autopista Pergamino S.A.; Abati S.A.; Sanifer Pergamino S.A.; y Frigoper S.A.

La base argumental de la denuncia que recibió Santamarina es difusa. No especifica la comisión de ningún delito; probablemente previendo una futura respuesta por daños de los mencionados. La denuncia manifiesta que habría un claro direccionamiento de las contrataciones por parte del Municipio en beneficio de personas amigas. Lo cierto es que se pide a la Municipalidad que se detallen las licitaciones. Todas cuestiones inconexas que aparentemente son el ariete de una embestida política.

En consecuencia el fiscal pidió el expediente de expropiación de Giácoma y Cía SA; el decreto del intendente solicitando un acuerdo tripartito para la resolución del nuevo Parque Industrial y un pedido de comunicación del concejal Lan de Ross donde solicita información a la CELP sobre la venta de la División Vial.

Según pudo saber LA OPINION, Autopista Pergamino Zona Industrial nunca fue ni es proveedor de la Municipalidad. Las demás mencionadas, han ganado y perdido licitaciones como decenas de empresas que conforman las prestatarias de las obras y servicios de la administración Municipal; de hecho, son un porcentaje menor del centenar de licitaciones que se ejecutan. 

La desconexión entre contrataciones públicas y la embestida contra el nuevo Parque Industrial sientan las posibles bases para que la política ahora elija al Poder Judicial para dirimir sus diferencias. En circunstancias normales, existen los pedidos de informe del Honorable Concejo Deliberante, el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires y eventualmente las notas que los políticos hacen en los medios de comunicación. En esta oportunidad, Santamarina deberá despejar la paja del trigo y eventualmente no ser él, un elemento útil de los dirigentes locales.

La voz del Ejecutivo

Para conocer cómo cayó esta denuncia en el Ejecutivo municipal y qué piensa sobre la misma, LA OPINION entrevistó al secretario de Gobierno, Karim Dib.

-¿Desde el punto de vista técnico, en concreto qué es lo que se denuncia?

- En concreto, se denuncia un potencial direccionamiento de contrataciones del municipio a allegados del poder ejecutivo municipal. Al ser licitaciones todas se concretan en el marco de expedientes administrativos que tienen un régimen propio y rígido de más de cinco o seis décadas. Que lo inician y lo terminan funcionarios con estabilidad y que ocupan cargos que no se pueden prescindir porque son impuestos por ley. Y a su vez esos expedientes son controlados por otro organismo que es el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires que se dedica a ese tipo de cuestiones. En ese marco es imposible direccionar como se quiere hacer creer.

-¿Cómo toman este hecho en el seno de la administración? ¿Los sorprendió?

-Tratándose de quien hace la denuncia y al grupo que pertenece, para la administración no es ninguna sorpresa. Este tipo de prácticas se vieron con anterioridad. Es una mecánica que se repite. De hecho, ya lo hicieron durante el primer mandato del intendente.

-¿Qué cree que es lo que moviliza a un sector de la oposición a llevar un caso como este a la Justicia, cuando podría entenderse que dentro de de los mecanismos de control orgánicos hay posibilidades de plantearlo?

-Probablemente es para confundir y sembrar dudas a la gente. Es una práctica política que utiliza al proceso judicial como un acto condenatorio en sí mismo, cuando es todo lo contrario. No es una práctica sana ni está dentro de la lógica de los desencuentros políticos. 

-Los políticos cuando son denunciados suelen defenderse con política y no con documentos. ¿En este caso el Municipio hará una defensa política que exponga a los denunciantes o se limitará a colaborar con la Justicia?

-Estamos colaborando con la Justicia, para nosotros es una prioridad. Por otro lado, nuestra gestión ha calificado sistemáticamente entre los diez municipios más transparentes del país. Hemos digitalizado la totalidad de la administración y puesto en valor la consulta pública a través de nuestras web de transparencia. Las prácticas y el nivel de información que tiene la ciudadanía son óptimas. En ese sentido el Municipio está a disposición de la Justicia.

-¿Qué tipo de vínculo tiene el intendente o algunos de sus funcionarios con las empresas aludidas en la denuncia?

-Ninguna. Vivimos en una ciudad donde nos conocemos todos, el que no fue compañero de colegio, ha sido colega en la profesión. Es típico de ciudades como la nuestra. Eso no es un vínculo en los términos de la denuncia. De hecho, una de las empresas mencionadas es cliente de mi estudio, pero es información que nunca se ocultó.

-¿Cuántas empresas son las que habitualmente se presentan a licitaciones o que forman parte del registro de proveedores del Municipio?

-Depende de la materia. Pero en promedio concurren cuatro empresas por licitación. Ya sea de servicios, compras en general, obras, etcétera. Según el registro de proveedores en el último año se han presentado más de un centenar de empresas para diferentes contrataciones. 

-¿En qué tiempo piensa que podría haber luz para que se esclarezca este tema?

-Depende de la cantidad de información que se pida. Entiendo que en 60 ó 90 días el fiscal debería tener un panorama claro sobre si los hechos que se denunciaron tuvieran alguna evidencia. Por supuesto estamos tranquilos que no va a ser así. 

-¿Cual es la relación del problema del nuevo parque industrial con esta denuncia?

- Porque los inversores privados que presentaron el proyecto, algunos de ellos tienen alguna relación de conocimiento con miembros del Ejecutivo. Como la gran mayoría del sector profesional en cualquier otro ámbito en una ciudad como la nuestra.

- ¿Puede explicar en detalle cómo es el caso del predio de la familia Giácoma, que en definitiva parece haber sido el disparador de este conflicto?

- El inmueble conocido como la feria Giácoma, lindante al Parque Industrial de la ciudad, fue declarado de utilidad pública a instancia del actual gobierno municipal, con la finalidad de ampliarlo. A partir de la entrada en vigencia de la Ordenanza que declaró dicha utilidad pública, el Ejecutivo local inició los trámites para su expropiación; en el marco de ese trámite, como no resultó posible acordar el precio del inmueble con la empresa titular, tal como en primera instancia ordena la ley, se iniciaron las actuaciones judiciales necesarias, a fin de que el juez interviniente fije el monto de dinero a pagar por esa expropiación. La expropiación no pudo perfeccionarse durante todo este tiempo porque no se lograba acordar el precio con los dueños del inmueble. Durante los años transcurridos, la empresa nunca perdió ni la propiedad ni la posesión del predio, pero quedando vigente hasta la fecha su declaración de utilidad pública

A principios de este año la empresa propietaria requirió disponer en lo inmediato el inmueble sin restricciones frente a la necesidad de la empresa y las familias que la componen a los efectos de reformular sus proyectos de vida. De esta manera, propuso la realización de una operación comercial con un desarrollador o empresario local para la venta del predio y la puesta en valor mediante la construcción de un parque industrial, sugiriendo como posible solución en beneficio de ellos y para el Municipio en el cumplimiento del fin público encomendado.

Previo requerimiento del Municipio, la empresa Giácoma presentó a la firma "Autopista Pergamino" como interesada para adquirir el bien en cuestión y desarrollar un emprendimiento industrial sujeto al régimen de la ley 13.744, allegándose documentación técnica respaldatoria mediante la cual se pudo observar las características y alcances del proyecto a emplazar en el lugar.

A partir de ese momento, se abre un canal de diálogo, en el cual la Municipalidad planteó que no iba a resignar el objeto de la utilidad pública en cuanto a que en ese predio se construya un parque industrial, recibiendo como respuesta que esa era la finalidad para la cual los posibles compradores harían la operación.

Incorporados estos últimos a la mesa de trabajo, nos presentan el proyecto que tenían para dicho inmueble, el cual luego de ser analizado entendimos que responde y respeta la utilidad pública que pesa sobre el inmueble; momento a partir del cual, tomamos las precauciones correspondientes para defender la construcción de un parque industrial en dicho lugar, concretado en un acuerdo suscripto entre las dos empresas y la Municipalidad, en el cual se deja constancia detalladamente de las obligaciones que cada uno asume al respecto, siendo la más importante en cabeza de los inversionistas la de construir un parque industrial, reservándose la Municipalidad el derecho de inspección permanente sobre las obras y el de re expropiar el inmueble en caso de incumplimiento, en el estado en que se encuentre; pactándose el plazo de cinco años para la finalización de obra.

Todos estos trámites se encuentran plasmados en el expediente administrativo que se armó al efecto, en el cual, además, se encuentra el proyecto civil, firmado por el integrante de un estudio de ingenieros especializados en parques industriales, el cual concluye con la firma del convenio, siendo elevado al HCD para su aprobación.

La utilidad pública está plasmada y asegurada en dicho convenio, siendo necesario derogar la Ordenanza que la declara sobre el inmueble, a los fines de que puedan escriturarlo, pues como consecuencia del dictado de dicha Ordenanza y por disposición legal, se dejó un registro, una constancia, en el legajo del inmueble en el Registro de la Propiedad Inmueble, el cual si no se remueve, ningún escribano puede llevar a cabo escritura alguna sobre ese predio. Y sin escriturar, los inversores no pueden arrancar el proyecto de construir en la feria Giácoma un parque industrial modelo como el que proyectaron y proponen.