BUENOS AIRES, (NA) - La vicepresidenta Cristina Kirchner volvió a hablar hoy sobre la que considera que son "las veinte mentiras" del juicio por fraude en la obra pública, en oportunidad de dar sus últimas palabras.
Se trata de las que la ex mandataria ya hizo alusión en su alegato de noviembre y con las cuales dijo que los fiscales nunca probaron "absolutamente nada" sobre las 51 obras que ella entregó durante su Gobierno al empresario Lázaro Báez.
Sobre la asignación de fondos públicos en Santa Cruz dijo que la distribución de las mismas es resorte exclusivo de los órganos políticos y que esa provincia tenía un déficit en esa materia que lo justificaba.
También sostuvo que ni ella ni Néstor Kirchner fueron quienes presupuestaron las obras, sino que fue algo que pasó por distintos órganos políticos.
En ese sentido, remarcó en ese escrito que el Congreso Nacional tuvo un rol central en la sanción de las leyes de presupuesto.
También que no hubo coacción sobre los legisladores para que aprobasen esas leyes.
Otro de los puntos es que fue el Congreso Nacional el que avaló las partidas presupuestarias decretadas por el Poder Ejecutivo sobre las obras cuestionadas.
"Todos los ex Jefes de Gabinete declararon bajo juramento de decir la verdad que jamás recibieron instrucciones por parte de Néstor Kirchner o Cristina Fernández de Kirchner para que direccionaran partidas presupuestarias para financiar proyectos viales en la provincia de Santa Cruz", fue otra de las verdades de la vicepresidenta para refutar uno de los puntos.
En su "mentira 12", recalcó que es falso que se hayan aumentado las partidas presupuestarias a favor de Báez: "Durante el año 2015, el Poder Ejecutivo Nacional redujo considerablemente las partidas presupuestarias asignadas por el Congreso a la provincia de Santa Cruz para realizar obras viales".
Sobre la acusación del fiscal Diego Luciani acerca de que se reunió con ella en Santa Cruz el 30 de noviembre de 2015 para diseñar "el plan criminal", ella mostró que esa jornada participaba de un acto político en Río Negro.
"La Presidencia de la Nación no tiene competencia alguna en los procesos de licitación, ejecución o pago de los proyectos viales investigados en la causa ni en ningún otro que se hubiese realizado en el período 2003 y 2015", fue otra de sus verdades para despegarse de Báez.
Ante las sospechas de sobreprecios en las obras asignadas a Báez, la vicepresidenta dijo que eso quedó descartado por los peritos y que el Tribunal sólo analizó 5 de las 51 obras sospechadas.
