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Tras cuestionar la gestión “muy militante” de la jefa de los fiscales, el funcionario nacional advirtió que el expediente en el que se investigan presuntas irregularidades en la compra de un edificio de la Procuración es “una causa judicial realmente muy grave”.
El ministro de Justicia, Germán Garavano, reiteró su pedido a la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, para que renuncie o pida licencia tras haber sido procesada y resaltó que «el Congreso es el que tiene que actuar» para desplazarla.
Tras cuestionar la gestión «muy militante, muy apegada al Gobierno anterior» de la jefa de los fiscales, el funcionario nacional advirtió que el expediente en el que se investigan presuntas irregularidades en la compra de un edificio de la Procuración es «una causa judicial realmente muy grave más allá de los cuestionamientos políticos que puedan hacérsele».
El titular de la cartera jurídica afirmó que el procesamiento contra Gils Carbó dictado por el juez Julián Ercolini por presunta administración fraudulenta «es una situación institucional muy delicada» que, al menos, «debiera motivar un pedido de licencia».
«Mientra tanto genera a los fiscales una situación incómoda de estar liderados o tener como como jefe a alguien que está siendo investigado», lamentó.
“Transición”
En ese sentido, Garavano consideró que la situación es una muestra de «la transición que la Argentina está viviendo de un Gobierno que intentó coptar la Justicia, poner funcionarios militantes, leales políticamente y lo que hay que hacer es institucionalmente salir de este esquema y avanzar hacia una República consolidada en la que se respeten las instituciones».
Asimismo, el ministro acusó a Gils Carbó de estar «bloqueando una transformación de la Justicia Penal, no ha encarado el liderazgo de combatir el delito y la corrupción y ha generado un relacionamiento político».
El funcionario nacional también indicó que organismos de derechos humanos «seguramente hagan presentaciones sobre su situación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh)», ante lo cual apuntó contra un «accionar político que ha caracterizado a la procuradora».
«El Gobierno ha marcado una línea de respeto institucional, más allá de las críticas hemos respetado a la procuradora, su investidura y los procedimientos constitucionales y así seguiremos», remarcó el titular de la cartera jurídica, quien se refirió a la posibilidad de un juicio político contra Gils Carbó y señaló que «el Congreso es el que tiene que actuar en este momento».
La causa
Alejandra Gils Carbó está procesada por “administración fraudulenta” en la compra de un edificio para la Procuración General de la Nación (PGN). El Dr. Julián Ercolini también la embargó por 7 millones de pesos y también procesó a Guillermo Bellingi, Juan Carlos Thill, Bárbara Jaureguiberry y Adrián Marcelo Fernández Fischer. Al primero lo embargó por 7 millones de pesos y al resto, por 5 millones de pesos. En cambio, declaró la falta de mérito para procesar a Blas Héctor Zurita, Jorge Daniel Domanico, Osvaldo Roberto Leguizamón, Ignacio Costa Urquiza, Pedro Antonio Donato Viceconte y Roberto Daniel Martino. La jefa de los fiscales, que declaró en indagatoria el 31 de agosto, está en el ojo de la propia Justicia que integra por una trama que incluye irregularidades en el proceso administrativo, comisiones millonarias y hasta un medio hermano de un hombre clave en la PGN. Todo comenzó en julio de 2013 cuando la Procuración General de la Nación compró por 43.850.000 de pesos el inmueble ubicado en la calle Juan Domingo Perón 667. Gils Carbó, que llegó al cargo tras jurar el 30 de agosto de 2012 ante la expresidenta Cristina Kirchner, mudó allí su despacho. La primera licitación por el edificio se realizó a finales de 2012 con un presupuesto de 27 millones de pesos, pero la Procuración la canceló supuestamente por falta de recursos. A principios de 2013, llamó a un nuevo proceso, pero esta vez por 43 millones de pesos.
