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“Pediré al Parlamento que fije la convocatoria de una sesión plenaria, donde los representantes de la soberanía ciudadana debatamos y decidamos sobre el intento de liquidar nuestro autogobierno y nuestra democracia, y actuemos en consecuencia”, dijo Puigdemont, en respuesta a la batería de medidas anunciadas por el mandatario español.
Madrid, (AFP-NA) - Por Alvaro Villalobos y Alfons Luna. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, anunció ayer que pedirá al Senado el cese del gobierno catalán de Carles Puigdemont y poder convocar elecciones regionales en 6 meses como mucho, para impedir una secesión unilateral y “recuperar la normalidad”.
En una comparecencia ante la prensa en Madrid, Rajoy anunció su intención de conseguir el “cese del presidente de la Generalitat (ejecutivo) de Cataluña, del vicepresidente y de los consejeros que integran el consejo de gobierno”, en un Senado en el que su Partido Popular (PP) tiene mayoría absoluta.
“La idea”, añadió Rajoy, es que “los ministerios asuman esta responsabilidad a lo largo del plazo que dure esta situación excepcional”.
Además, el jefe del gobierno pidió la potestad de disolver el Parlamento catalán, una competencia actualmente en manos de Puigdemont, para “convocar elecciones en un plazo máximo de seis meses”. Los últimos comicios fueron en septiembre de 2015 y arrojaron una mayoría secesionista.
“Este es un proceso que ha sido unilateral, ha sido contrario a la ley, y ha buscado el enfrentamiento”, sentenció Rajoy, culpando a los independentistas de la crisis e insistiendo en que el objetivo es “recuperar la normalidad”.
Los independentistas respondieron airadamente a las medidas de Rajoy y 450.000 personas, según la policía local, se manifestaron en Barcelona reclamando la secesión.
El Senado deberá a fines de mes aprobar el uso de estas medidas al amparo del artículo 155 de la Constitución -nunca usado de pleno en 40 años de democracia- y tendrá la posibilidad de sugerir cambios al plan.
En ese trámite en el Senado, de una semana aproximadamente, Puigdemont tiene hasta el martes por la tarde para presentar alegaciones.
Esta semana, Puigdemont había amenazado con una proclamación unilateral de independencia si se aplicaba el artículo 155.
Si el presidente catalán diera el paso de proclamar la independencia unilateralmente, la Fiscalía General del Estado “formularía una querella” por un delito de rebelión, pasible con hasta 30 años de cárcel, advirtió a la prensa una fuente de ese organismo.
El vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, estimó por su lado que “hoy el PP (y sus aliados) no han suspendido solo la autonomía. Han suspendido la democracia”.
El cese del gobierno catalán y la convocatoria de elecciones son las dos medidas más contundentes del gobierno español en virtud del artículo 155 de la Constitución, que permite a Madrid intervenir el gobierno de una comunidad autónoma.
No suspende la autonomía
Rajoy dijo que el origen de su decisión está en el referéndum de autodeterminación que el gobierno catalán organizó el 1º de este mes a pesar de su prohibición por la justicia, por inconstitucional.
Para esa consulta, recordó, se aprobaron en la cámara regional dos leyes en las que “se liquidó por mayoría la Constitución” y el Estatuto de Autonomía catalán.
Pese a todas estas medidas, dijo no obstante Rajoy, “no se suspende la autonomía ni el autogobierno de Cataluña”. “Se cesa a las personas que han puesto ese autogobierno fuera de la ley”, sentenció.
Pero el club de fútbol FC Barcelona no lo entendió así: “hoy, ante la aplicación del artículo 155, debemos reiterar nuestro apoyo a las instituciones democráticas de Cataluña elegidas por sus ciudadanos”, dijo su presidente Josep Maria Bartomeu.
El analista Oriol Bartomeus, profesor de ciencias políticas de la Universidad Autónoma de Barcelona, estimó que las medidas “son muy duras” y que con ellas Rajoy pretende “recuperar la agenda”, tras haber dejado hasta ahora en manos de la justicia la respuesta a los avances independentistas.
Bartomeu puso por otro lado en duda que los funcionarios catalanes vayan a obedecer: “no hace falta ser independentista para negarse a eso, a ser teledirigido desde los ministerios. ¿Cómo puedes controlar desde Madrid? Me parece extraordinariamente difícil”.
Puigdemont contra Rajoy
El presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, afirmó ayer que el gobierno español “se sitúa fuera del Estado de derecho”, y pedirá un pleno del Parlamento regional para que debata sobre las medidas con las que Madrid quiere intervenir la autonomía catalana.
“Pediré al Parlamento que fije la convocatoria de una sesión plenaria, donde los representantes de la soberanía ciudadana debatamos y decidamos sobre el intento de liquidar nuestro autogobierno y nuestra democracia, y actuemos en consecuencia”, dijo Puigdemont en un discurso, en respuesta a la batería de medidas anunciadas por el gobierno de Mariano Rajoy para detener el desafío secesionista catalán.
Dichas medidas deberán ser aprobadas en principio el 27 de este mes en un pleno del Senado, donde el Partido Popular (PP) de Rajoy tiene la mayoría.
El equipo de Rajoy ha pedido al Senado que lo autorice a cesar a todo el gobierno catalán y a controlar todos los organismos dependientes del ejecutivo regional, entre ellos la policía catalana (Mossos dEsquadra) y los medios públicos de comunicación.
Igualmente pide poner bajo su completa tutela la actividad del Parlamento catalán, y asumir la competencia de convocar elecciones en la región en un plazo máximo de seis meses.
“Las instituciones catalanas y el pueblo de Cataluña no podemos aceptar este ataque”, añadió Puigdemont, en un discurso que incluyó partes en castellano e inglés.
El dirigente agregó que con todas estas iniciativas, “el gobierno español, con el apoyo del Partido Socialista y de Ciudadanos, ha lanzado el peor ataque a las instituciones y el pueblo de Cataluña desde los decretos del dictador militar Francisco Franco aboliendo la Generalitat”.
En el fragmento pronunciado en español, dijo que lo ocurrido ayer es “un ataque a la democracia que abre la puerta a otros abusos de la misma índole en otros lugares, y no sólo en Cataluña”. Por su lado, la presidenta de la cámara catalana, la independentista Carme Forcadell, denunció “un golpe de Estado de facto”, y añadió sin más precisiones que “nos comprometemos a defender la soberanía del Parlamento de Cataluña”.
