El Juzgado Correccional N° 1 de Pergamino resolvió absolver a un agente municipal de 55 años que había llegado a juicio oral acusado del delito de Defraudación por Administración Infiel en perjuicio de la Administración Pública. La causa, originada en 2019, investigaba presuntas diferencias entre el combustible efectivamente cargado en vehículos oficiales y los montos abonados por la Municipalidad.
El debate fue presidido por el juez Carlos Picco, con la participación del fiscal Fernando Pertierra, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 1, y del defensor particular Rodolfo Migliaro. Tras la exposición de las pruebas y testimonios, el fiscal Pertierra decidió desistir de la acusación, al considerar que los elementos reunidos no permitían acreditar con certeza la existencia de dolo, elemento indispensable para configurar el delito imputado.
Durante el proceso declararon dos testigos: un empleado de la estación de servicio involucrada y el encargado del establecimiento, quienes coincidieron en que las irregularidades detectadas no eran atribuibles de forma directa al imputado. De hecho, uno de ellos afirmó que las mismas diferencias entre combustible cargado y abonado también se registraron cuando el acusado estuvo de licencia y fue reemplazado por otro agente municipal.
En base a estos testimonios y al análisis de la prueba documental e informativa, el fiscal concluyó que no se había podido acreditar de manera fehaciente la maniobra fraudulenta ni la intencionalidad requerida por el tipo penal. Por ese motivo, desistió de continuar con la acusación, lo cual fue acompañado por el defensor Migliaro.
Ante la postura adoptada por el Ministerio Público Fiscal y al considerar debidamente fundada la decisión, el juez Picco resolvió dictar veredicto absolutorio para el agente municipal, cerrando así el proceso sin costas para el imputado.
La resolución judicial también fijó los honorarios profesionales para el abogado defensor, reconociendo la labor desempeñada en el marco del juicio.
De esta manera, culminó un proceso que se había iniciado hace más de cinco años y que, tras el análisis de las pruebas y el desarrollo del debate oral, concluyó con la desvinculación definitiva del trabajador municipal.
