Editorial

Una oportunidad para poner en hechos que "la Patria es el otro"


En Argentina, el plan de vacunación contra el virus Sars-COV 2, causante del Covid-19, fue presentado ante la sociedad como el más grande de la historia y bajo esa definición se hicieron anuncios con estimaciones optimistas respecto de la cantidad de ciudadanos que a esta altura del año iban a estar protegidos. Sin embargo, a poco de comenzar a andar, el dispositivo sanitario mostró varias dificultades, no solo operativas sino de gestión. El bajo porcentaje de personas vacunadas en el país, sumado a las irregularidades que motivaron el escándalo en torno al vacunatorio VIP, erosionaron el éxito prometido y comenzaron a abrir una serie de interrogantes en relación a si se hizo todo lo necesario para conseguir las vacunas en un contexto de escasez mundial y de fuerte competencia entre naciones por un recurso finito. 

Planteado en términos políticos como una épica, el plan de vacunación está exclusivamente en manos del Estado y es el Gobierno nacional el único que gestiona y compra las vacunas; y a través de los gobiernos provinciales, es el responsable de distribuirlas y garantizar que lleguen a la población. En las últimas horas, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, salió a aclarar que tanto los Estados provinciales como los privados están facultados por ley para comprar e importar vacunas, claro que las aprobadas por Anmat o bien otras luego de obtener la aprobación. Rápidamente el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, agregó a esa aseveración una cuota de realismo: si bien todos pueden salir a comprar, las producciones de los laboratorios ya están comprometidas.  

Más allá de las cuestiones que marcaron el proceso de negociación con distintos laboratorios productores y de las discrepancias que abortaron el diálogo con alguno de ellos, hoy la realidad muestra que las dificultades han sido tanto de gestión como de recursos. De otro modo no se entiende la razón por la cual en el mismo escenario de escasez otros países han podido hacerse de vacunas en mayor cantidad para inocular a su población, mientras Argentina ha conseguido que lleguen a cuentagotas y sin un marco de certeza.

Tomando en cuenta lo expresado tanto por Cafiero como por Quirós, y haciendo una observación del escenario mundial, es dable presumir que el motivo por el que solo se recibió hasta el momento el 10 por ciento de las vacunas comprometidas entre los laboratorios y el Estado argentino es la falta de dinero para pagarlas. Es decir que solo se estarían liberando dosis de las 65 millones "compradas", a medida que se realizan los pagos.

Frente a esta dificultad de acceder a más vacunas, por imposibilidad económica o por impericia en la gestión, ¿es descabellado pensar en un esquema solidario en el que la potestad de la compra no quede solo en manos del Estado, pero que le asegure a éste el ingreso de remesas suficientes para garantizar la equidad en la distribución de este recurso vital?

¿Es legítimo pensar que aquel que pueda pagar la vacuna pueda comprarla y que parte de ese dinero se emplee para que el Estado pueda comprar vacunas para quienes no tengan posibilidad de adquirirla?

¿Por qué no pensar un mecanismo que ponga en hechos el remanido discurso de la articulación público-privada?

Si los laboratorios, según dijo Cafiero, prefieren negociar con los Estados nacionales, esas tratativas debieran continuar. Es bueno que las empresas productoras interactúen con autoridades y no con particulares, como resguardo de la llegada equitativa de dosis a todos los puntos del planeta. Pero si hasta aquí llegan a cuentagotas porque Argentina no tiene tanto dinero como otros países, una alternativa sería que el sector privado haga su intervención en este aspecto. Y si la vacuna tiene un costo (como ejemplo) de 10 dólares, que su valor de mercado en Argentina sea de 50 (unos 7.000 pesos). Pero con la consigna de que por cada una que se vende al particular, entran tres al sector público. 

De esta manera, el sector público gana y el privado también se lleva su parte. Y finalmente se cumple con aquello de que "la Patria es el otro", porque aquel que puede estará solventando al que no puede.

Esta es una visión proactiva de ver cómo puede incidir la venta al público de la vacuna. Lamentablemente, algunos verán el brindar la opción de comprarla como una cuestión de privilegio. Pero lo que aquí importa es la visión del Gobierno respecto de este tema. Sería una oportunidad para conocer hasta dónde una cuestión ideológica puede incidir en las soluciones reales y posibles para los ciudadanos. En otras palabras, qué pesa más al tomar una decisión.  

Detractores de este tipo de iniciativas anteponen el argumento de la equidad. Sin embargo ¿no se vulnera el derecho a la salud si un país no cuenta con las dosis y sus autoridades no hacen todo lo verdaderamente posible para obtenerlas en el momento que las precisa?

Argentina no es el único país donde se está abriendo esta inquietud y generado este debate. Hay iniciativas en varias partes del mundo que no apuntan a privatizar la vacunación como se dice, sino a abrir otros canales de gestión complementarios a los del Gobierno. 

Con una segunda ola instalada en el país y atacando con virulencia, hay que pensar estrategias para optimizar el plan de vacunación y para ello es necesario contar con más vacunas y con más actores capaces de gestionarlas de manera eficiente y transparente. En este sentido, no hay que cancelar el debate ni clausurar la posibilidad de que se creen los mecanismos apropiados para que esas acciones entre el sector público y el privado comiencen a ser posibles, no en el espíritu de privatizar la vacunación sino por el contrario, de democratizarla haciendo carne la premisa que defiende el Gobierno cuando señala que "la Patria es el otro".

Hacer real esta convicción es abrir el juego, incluir actores que puedan fortalecer un mecanismo de gestión por lo menos deficiente a la luz de los resultados. Vacunas hay, evidentemente, porque están llegando con normalidad a otros países. Argentina tiene comprometidas 65 millones de las que solo se entregó el 10 por ciento. Si el resto está demorado por falta de dinero, dejemos que quienes lo pueden aportar, lo hagan. Sería una variante más de la solidaridad que impera en todo nuestro sistema (tributario, jubilatorio, de salud): que el ciudadano que más tiene, contribuya al sostenimiento de los que menos tienen.  

Lo que se plantea aquí no pretende aparecer como una verdad revelada; no se trata de tener vacunas solo para aquel que pueda comprarlas sino de alivianar la carga que hoy recae exclusivamente sobre un único actor que es el Estado y que demuestra que no puede conducir a buen puerto esta empresa en la que va la vida de muchas personas que esperan por un derecho que se vulnera cada vez que su vacuna no llega. Quizás es tiempo de pensar en un sistema solidario que haga primar el principio de equidad por sobre cualquier otro, para que todas las personas tengan igual acceso a las vacunas independientemente de su condición socioeconómica. 


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