En medio de la controversia y el malestar social generado por los reiterados episodios de amenazas y hostigamientos contra comerciantes locales, el fiscal general Mario Daniel Gómez abordó el caso que culminó esta semana con la detención de Sara Cejas, acusada de múltiples delitos de coacción y amenazas. En diálogo con Diario LA OPINION, Gómez analizó la situación judicial, la respuesta del sistema penal y las repercusiones sociales del caso.
El fiscal aclaró que el conflicto con la acusada, quien actualmente permanece detenida por orden del Juzgado de Garantías N° 2 a cargo del juez Julio Caturla, no es reciente. "Se trata de una persona con antecedentes de conflicto con la justicia, pero quiero desmitificar algunos conceptos erróneos. Por ejemplo, no tiene 60 causas, como se ha mencionado erróneamente. Las imputaciones que enfrenta son concretamente dos hechos de amenazas, que por su naturaleza tienen penas excarcelables de entre 6 meses y 2 años", señaló Gómez.
En relación con la primera resolución judicial que negó la detención de Cejas, el fiscal destacó que esta estuvo fundamentada en el marco del derecho. Sin embargo, la acumulación de pruebas y un hecho nuevo presentado por la Fiscalía motivaron una segunda solicitud, que finalmente fue aceptada. "La detención es necesaria para realizar pericias y determinar medidas de seguridad respecto de ella, además de garantizar la tranquilidad de los comerciantes afectados", explicó Gómez.
El fiscal también manifestó su rechazo a los escraches públicos contra integrantes del Poder Judicial, calificándolos de "inconvenientes" y perjudiciales para la confianza en la justicia. "Debemos abordar estas situaciones con diálogo y pruebas, no con agravios públicos que sólo generan mayor desconfianza en las instituciones", afirmó. El jefe de los fiscales se refirió así a un flyer que circuló en redes sociales y grupos de Whatsapp que consideró agraviante a la figura del magistrado interviniente.
En cuanto a la situación de los hijos menores de la acusada, Gómez confirmó que se encuentran en estado de vulnerabilidad y bajo supervisión de organismos especializados. "El Juzgado de Familia y la Asesoría de Incapaces están interviniendo para garantizar la protección de los niños, mientras se evalúa el estado de salud de la acusada y se toman las decisiones necesarias", precisó.
Finalmente, Gómez subrayó el objetivo prioritario de la justicia en este caso: restaurar la paz social. "Nuestra intención es que cualquier delito tenga su sanción correspondiente y que situaciones como esta no se repitan. La comunidad necesita confianza en el sistema judicial, y para ello es fundamental que todos los operadores judiciales trabajemos de manera coordinada y transparente", concluyó.
Durante la semana el fiscal general Gómez se desplegó como un coordinador de las acciones judiciales para lograr la detención que permita darle intervenciones a peritos psicológicos y psiquiátricos que evalúen a la mujer. El caso continúa bajo investigación, mientras se espera el resultado de las pericias que definirán el futuro procesal de la acusada. En paralelo, la Fiscalía General instó a la comunidad a realizar denuncias y confiar en el accionar judicial para resolver conflictos de manera efectiva.
Fiscales, jueces e Intendente
El fiscal general Gómez recibió en su despacho al intendente Javier Martínez y se reunió con el presidente de la Cámara de Apelaciones; como parte de las acciones más destacadas para fomentar el diálogo entre los actores encargados de tomar decisiones en la comunidad ante una situación acuciante.
"Desde el año 2011 que soy fiscal general y desde el año 93 que soy fiscal siempre tuve la misma política, es decir, yo tengo buena relación con todos los operadores judiciales, tanto del Ministerio Público como de la jurisdicción, y cuando hay un hecho como este o más grave que preocupe a la gente, que altere la paz social, que traiga todo tipo de conflictos como puede ser usurpaciones, robos, robos importantes, problemas familiares y demás, yo acostumbro a ir a hablar con el intendente, con Martínez y que tengo muy buena relación, creo que es imprescindible. Nosotros ayudamos a la comisaría en lo que corresponde a la prevención, con la confección del mapa del delito, localizando las zonas más calientes, donde hay más cantidad de hechos, porque para nosotros es importante que los episodios no ocurran, y si pasa tenemos que actuar. Y todo lo que uno pueda acordar, presentando, haciendo las presentaciones judiciales que corresponde, hablándolo en las audiencias y demás, nosotros lo hacemos siempre. Los fiscales estamos para investigar, para hacer las acusaciones cuando corresponda, para llevar las causas a juicio, para hacer los juicios y pedir las penas que correspondan. Los jueces están para dictar la sentencia, dictando la pena que ellos crean que corresponde y haciéndola cumplir en el lugar donde ellos quieran entender o donde se pueda hacer lugar en ese momento. Y la Cámara es la que, en definitiva, localmente con nuestro departamento, pone el punto final en muchas cuestiones", describió los roles de los distintos actores del sistema judicial.
Mario Daniel Gómez destacó el trabajo de los jueces de Garantías y las buenas relaciones que permiten resolver las situaciones de mayores sensibilidades. "Trabajamos constantemente con ellos", destacó. En este sentido reforzó esta idea sobre la buena experiencia del trabajo mancomunado: "este año nos han ayudado muchísimo en los casos de violencia de género. Son los jueces de garantía los que toman las medidas. Los tres magistrados, tanto el doctor (Julio) Caturla, como el doctor (Fernando) Ayestarán, como el doctor (César) Solazzi, ante las medidas que pedimos nosotros, si es que el criterio de ellos corresponde, la sacan enseguida. No tenemos problemas", consideró.
Gómez conoce las experiencias en otros departamentos judiciales bonaerenses donde existen problemáticas de falta de coordinación del trabajo. "Acá tenemos un buen ambiente de trabajo. Por eso le pedimos siempre a la gente que haga las denuncias, que tenga confianza, que todas las veces que requieran una explicación, nosotros le estamos obligados a dar la explicación. No es porque se la damos porque queremos, sino porque estamos obligados, y es un compromiso nuestro y es una obligación nuestra. Es decir, así lo marca la Constitución y para eso nos nombran. Y tratar que conflictos como éste, en definitiva, se solucionen y que no vuelvan a pasar", destacó el jefe de los fiscales.
Testimonio de un comerciante que padeció varios episodios de hostigamiento
La detención de Sara Cejas, acusada de múltiples episodios de amenazas y agresiones hacia comerciantes de la zona céntrica, puso en foco las dificultades que enfrentan los propietarios de locales. Uno de los testimonios más impactantes proviene del dueño de una peluquería ubicada cerca de la Avenida de Mayo, quien expresó su preocupación y la de sus colegas por la situación.
"Estamos todos en la misma situación. Son bastante agresivas, física y verbalmente. Ya no se puede ni siquiera tener tu salón o tu local abierto, porque enseguida te piden y, si no les das, empiezan a agredirte verbalmente, o te arrojan una piedra, o te escupen un vidrio. Ya no se puede vivir así", señaló el comerciante, aludiendo a las reiteradas conductas violentas de Cejas y otros individuos.
El comerciante también narró un incidente grave ocurrido en las cercanías: "Hace un par de meses, en un supermercado muy cerca de esta zona, no le querían dar mercadería y, como no se la dieron, tiraron una piedra. Justo pasaba una clienta y le partieron la boca. Hizo la denuncia, hay fotos de esa boca destruida. Le cosieron con dos puntos. Es decir, de esa forma no se puede vivir".
La situación parece haberse intensificado en los últimos meses, afectando no solo la tranquilidad de los comerciantes, sino también la seguridad de los empleados. "Tengo una empleada y la tienen amenazada. Pasan por mi local y le hacen señas de que le van a cortar el cuello. Ella tiene mucho miedo, no quiere salir", agregó.
Para evitar enfrentamientos, algunos negocios han optado por ceder ante las exigencias de quienes los hostigan. "En locales de ropa, como para que no les hagan líos, les dan una prenda. Como la gente sabe que les tienen miedo, entonces estas personas se aprovechan de la situación", explicó el peluquero.
La detención de Sara Cejas, ordenada por el juez de Garantías Julio Caturla generó alivio temporal entre los comerciantes. Sin embargo, muchos consideran que la paz social no será sostenible sin medidas integrales que contemplen la contención de las personas implicadas y su entorno familiar, incluidos menores vulnerables.
¿Quién defiende a los bebés desprotegidos?
Detrás de un caso que ya genera preocupación por sí mismo, surge una realidad alarmante: la desprotección de dos bebés. Según pudo averiguar LA OPINION, tras la detención de su madre, la Asesoría de Incapaces no habría tomado intervención ni dispuso medidas inmediatas para garantizar el cuidado de los niños.
Fue recién cuando el servicio local tomó conocimiento de la situación que se inició un proceso para abordar el caso. La familia de la joven detenida retuvo a los bebés y prometió trasladarlos al servicio local este lunes, con la posibilidad de que sean alojados eventualmente en el hogar de niños. Sin embargo, esta intervención llegó tarde y expuso inconsistencias en la actuación de los diferentes efectores.
Aunque estas inconsistencias entre organismos no son frecuentes, tampoco son excepcionales. En este caso, la falta de participación activa por parte de la Asesoría de Incapaces dejó un vacío que fue cubierto parcialmente por las asistentes sociales de la Secretaría de Desarrollo Social, quienes actuaron de oficio, pero sin el respaldo necesario.
Desde una perspectiva procesal, es posible que las acciones de los organismos cumplan con los requisitos legales y no sean pasibles de sanciones o multas, aunque sí de reproches de una sociedad que exige resultados. Sin embargo, en la práctica, el forcejeo institucional entre las partes involucradas termina por perjudicar a las víctimas más desprotegidas, en este caso, dos bebés, que al igual que en otros casos, ahora inician un doloroso recorrido por oficinas y trámites burocráticos.
El caso pone en evidencia la necesidad de una coordinación más efectiva entre los actores involucrados en la protección de los derechos de la infancia, priorizando respuestas rápidas y conjuntas que garanticen el bienestar de los más vulnerables.
La compleja realidad detrás de un caso
Los episodios de agresividad sostenida y las amenazas hacia transeúntes y comerciantes, como en el caso de Sara Cejas, exponen una problemática que va más allá de las conductas visibles. Especialistas consultados por La Opinión coinciden en que, aunque cada situación es única, la combinación de pobreza, violencia intrafamiliar y adicciones puede derivar en patologías como esquizofrenia no tratada o cuadros psicóticos severos.
La Ley de Salud Mental, sancionada en 2010, ha generado controversia por limitar la posibilidad de internaciones involuntarias a casos donde exista riesgo de vida propio o de terceros. Sin embargo, esta normativa, inspirada en modelos internacionales, enfrenta grandes desafíos en el contexto argentino, donde la falta de redes de apoyo y recursos adecuados deja a muchas personas sin contención efectiva.
"La agresividad puede ser un signo de descompensación, una muestra de un alejamiento de la realidad", afirman los especialistas. En este sentido, las amenazas constantes podrían indicar una psicosis, consecuencia de una esquizofrenia no tratada. Sin un abordaje integral que incluya tratamiento médico y apoyo social, es casi imposible revertir estas situaciones.
Además, se destaca que muchos de los afectados terminan en situación de calle, especialmente en grandes centros urbanos como la Ciudad de Buenos Aires. La dificultad para institucionalizar a estos pacientes y la falta de alternativas para su atención adecuada agravan el problema.
En casos donde el riesgo para terceros es evidente, los especialistas no descartan la necesidad de una internación compulsiva como medida excepcional. "El desafío es garantizar la seguridad pública sin vulnerar los derechos del paciente, y esto solo se logra con decisiones médicas y legales sólidas", concluyen. La situación plantea la urgencia de revisar y adaptar la normativa vigente para lograr un equilibrio entre los derechos individuales, la atención efectiva y la seguridad de la comunidad.
