Pergamino

El oficialismo pergaminense busca transparentar las funciones públicas


El martes llegar al Concejo Deliberante este propuesta que seguramente generar un amplio debate político

Crédito: LA OPINIO

El martes llegará al Concejo Deliberante este propuesta que seguramente generará un amplio debate político.

El concejal Ignacio Maiztegui adelantó que viene trabajando con el intendente Javier Martínez en la elaboración de una ordenanza. El objetivo es evitar que las personas condenadas por determinados delitos puedan ser designadas para ocupar cargos jerárquicos y/o políticos en el Ejecutivo. La propuesta será elevada el martes en la sesión. 

Hace unas semanas se aprobó en el Concejo Deliberante una iniciativa presentada desde el bloque de Juntos, a través de la cual Pergamino adhirió al proyecto de ley denominado "Ficha Limpia".

Según explicó el concejal Ignacio Maiztegui, presidente de la facción oficialista, esta iniciativa es, además de una propuesta legislativa, un movimiento ciudadano que muestra un compromiso con la ética en el ejercicio de la función pública que cuenta con más de 424.000 firmas de apoyo en la plataforma Change.org.

Si bien se presentaron desde 2015 distintos proyectos, tanto a nivel provincial como nacional, que buscan establecer prohibiciones a postulaciones para cargos electivos y/o partidarios, ninguno de ellos consiguió ser aprobado. Solo hay cinco provincias que a la fecha adoptaron esta normativa y son Mendoza, Chubut, Salta, Jujuy y San Juan. 

"En la provincia de Buenos Aires no se pudo lograr todavía la aprobación de la ley, lo que hace aun más necesario entonces avanzar en la confección de normativa de aplicación local".

Ante la posición adoptada por la mayoría de las jurisdicciones de la Nación, Maiztegui dice no comprender la negativa a la herramienta que contribuiría a transparentar la función pública y a toda la clase política en general, algo exigido por la comunidad y muy declamado desde la clase política pero nunca concretado: "Estamos hablando de inhabilitar a personas condenadas por delitos de fraude, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos e enriquecimiento ilícito; entre otras cosas. También evita que participen ciudadanos con encubrimientos contra la seguridad de la Nación y el orden público, por mencionar solo algunos", detalla el edil.

Una bajada local 

Las prerrogativas incluidas en el proyecto de ordenanza son todos estos delitos descriptos en el Código Penal y muchos de ellos vinculados a la corrupción.

Maiztegui aclara en este punto que "la iniciativa no hace ningún tipo de distinción partidaria ni está dirigida a nadie en particular. Es clara en ese sentido, y aplicará para toda persona condenada por los delitos que se describen". 

"Es impensado que todavía no esté prohibido que quienes se encuentren en esa condición puedan acceder a cargos de representación o ser designados como funcionarios", considera el legislador pergaminense. 

Para Ignacio Maiztegui, esta clase de propuestas son las que la sociedad viene demandando a sus dirigentes desde hace tiempo, que permitan brindar mayor transparencia, eleven la calidad de las instituciones y logren acercar a la clase política con los ciudadanos.

En el ámbito de nuestra ciudad, según anticipó el presidente del bloque de Juntos, los legisladores oficialistas estuvieron trabajando con el intendente Javier Martínez en la redacción de una ordenanza sobre el tema, ampliando incluso las causales de inhabilitación, incorporando condenas por femicidios, violencia de género y abusos sexuales en todas las modalidades previstas en el Código Penal. 

"Y también todos aquellos delitos que se incorporen en el mencionado Código o por legislaciones especiales en cumplimiento con las convenciones interamericana y de las Naciones Unidas contra la corrupción o cualquier otra que pueda ser ratificada por nuestro país en el futuro", agregó el concejal. 

- ¿De qué manera se aplicaría esta normativa en el Partido de Pergamino?

- La restricción aplica en el orden local al nombramiento de secretario y subsecretario del Concejo Deliberante, y además de una docena de cargos entre jerárquicos y políticos dentro del escalafón del Ejecutivo municipal, estableciendo la obligatoriedad para el acceso a los mismos, de la presentación de un certificado de antecedentes penales, poniendo también como condición indispensable no estar incluido en el registro provincial de deudores alimentarios. Solo quedan algunos detalles, seguramente estaremos en condiciones de presentarla para que pueda ser tratada en la sesión del martes en el Concejo Deliberante.

Despierta mucha expectativa e interés la noticia, por la demanda permanente de la sociedad hacia la clase política sobre estos temas, y porque nuestra ciudad sería una de las pioneras en avanzar con este tipo de normativa de orden local en todo el país.


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