Taruselli: "Pedimos una alcaidía para Pergamino, pero nunca hay respuestas"

La reciente fuga de detenidos de los calabozos de la Comisaria Tercera dejó en evidencia la urgencia que tiene el Departamento Judicial de contar con una alcaidía, donde los detenidos preventivamente (que no pueden ser alojados en penales) estén alojados en condiciones adecuadas, en edificios preparados para tal fin y al cuidado de personal del Servicio Penitenciario. Las alcaidías son los espacios que contempla la ley para alojar preventivamente a todas aquellas personas que están sometidas a un proceso penal y un juez ordena la privación de su libertad, es decir solo personas sin sentencia condenatoria, ya que una vez condenadas, la privación de la libertad se cumple en las unidades carcelarias. Eso dice la ley pero el Departamento Judicial Pergamino no cuenta con una alcaidía. En su defecto, los escasos calabozos de las comisarías, domiciliarias con monitoreo o, cuando se consigues, plazas "prestadas" en alcaidías de otros distritos.

Para Pergamino no

"Estamos trabajando advertidos por el Comité Permanente de Seguimiento de Personas Privadas de la Libertad del Departamento Judicial de Pergamino respecto de un proyecto de la Subsecretaria de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos sobre un ambicioso plan tendiente a disminuir la sobrepoblación carcelaria, haciendo unas 30 nuevas alcaldías", señaló la concejal Gabriela Taruselli, presidenta del cuerpo deliberativo local, dado que el tema nuevamente fue abordado en la última sesión. Es decir, la Provincia prevé la construcción de estos espacios en los próximos meses, pero nuestra ciudad no fue considerada. "Nos preocupa que Pergamino, a pesar de gestiones llevadas adelante desde 2003, con motines recurrentes, el incendio y la pérdida de vidas de siete detenidos y las ultimas fugas, no se encuentra incluida en estas construcciones". 

No hay lugar

De acuerdo a lo expuesto en el recinto legislativo, con fecha 4 de mayo y horas antes de que escaparan los detenidos, se recibía un informe donde la Comisaria Tercera manifestaba haber tenido con anterioridad tres Habeas Corpus de parte de los tres Juzgados de Garantías donde "se les exigía /intimaba/advertía que no podían alojar más de 10 detenidos penales en el sector de calabozos. Es que aunque parezca increíble nuestro Departamento Judicial cuenta con cinco plazas en la Comisaria de Colón y 10 en nuestra localidad", señaló la edil que forma parte del bloque Juntos. Es decir que superadas esas cifras de alojados, cosa sencilla dado el crecimiento exponencial del delito, se estaría incurriendo en un delito contra los derechos humanos, por no garantizar condiciones apropiadas de estancia, al tiempo que se dan las condiciones ideales para otro tipo de delitos más complejos aun, como motines. Entonces, si el mandato es no superar ese número de 10 detenidos, ¿qué hacer con el número 11? Alguien irá a su casa o, si hay voluntad y suerte, a alguna alcaidía cercana.

Taruselli plantea que esta situación de saturación es habitual, incluso sucedía en el mismo momento en que se recibía el informe previo a la fuga: "Al momento de recibirse el informe había 13 detenidos alojados, poco antes de la fuga, de los cuales se habían recibido oficio judicial de solicitud de cupos para su traslados en algunos casos desde el 2 y 19 de marzo; en otros desde el 5, 8, 25 y 20 de abril", cupos que evidentemente no fueron cedidos por otros Departamentos Judiciales y el número tope fue superado. 

Pedir plazas, todos los días

Durante el debate del martes en la sesión del Concejo Deliberante se explicó ante el cuerpo deliberativo cómo es la dinámica diaria para "emparchar" la falta de una alcaidía, cumplir con la normativa vigente respecto de las prisiones preventivas y, al mismo tiempo, no dejar de privar de su libertad a sujetos peligrosos por falta de espacio. Todos los días se solicita, a las 7:00, la gestión de plazas ante el Centro de Operaciones Pergamino, que lo eleva a la Superintendencia de Seguridad Regional Interior Norte II en San Nicolás, para peticionarle al Servicio Penitenciario Bonaerense que otorgue el cupo según las vacantes existentes para el traslado de detenidos. "Y justamente, quien hasta ese momento no habilitaba la posibilidad de estos traslados, seguramente por falta de vacantes como sucede recurrentemente, no respondió", advirtió la legisladora respecto de lo ocurrido con los fugados, uno de los cuales ya contaba con su orden de prisión preventiva y debía estar en una unidad carcelaria al momento de la fuga.

En sus fundamentos durante el debate, la edil detalló la situación de superpoblación de los establecimientos carcelarios, "que se impone a las necesidades de la Justicia en materia de alojamiento de personas privadas de la libertad": al 4 de mayo la Alcaidía Nº 49 de Junín, con una capacidad de 407 internos, tenía una población de 809; la Unidad Penal Nº 16 con 620 plazas poseía en ese momento 1.032 internos y de la misma manera la cárcel de San Nicolás duplica su capacidad".

Según el último informe disponible, las personas de Pergamino detenidas y a disposición de los magistrados son 313 y de acuerdo a lo manifestado por el Juzgado de Ejecución Penal, 167 ciudadanos se encuentran con condena firme privados de su libertad.

Pedido de alcaidía 

"Esta realidad se impone y contrasta con las condiciones de detención que prevé nuestra legislación; con el acceso inmediato que debieran tener los funcionarios judiciales para agilizar los procesos y con las demandas de seguridad de nuestros vecinos que a 'gritos' manifiestan que quienes delinquen estén presos", dijo Taruselli en la sesión.

Asimismo contó a LA OPINION que desde agosto pasado viene peticionando al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos una audiencia para que conjuntamente con las autoridades judiciales, y con los intendentes de Colón y Pergamino, incorpore dentro del Plan de Infraestructura Penitenciaria una alcaidía en el Departamento Judicial de Pergamino. "Pero nunca hay respuestas", lamentó.  

La oposición no acompaña

La oposición en el Concejo Deliberante no aprobó el proyecto presentado en agosto y tampoco lo hizo en la última sesión. "Sus argumentos no resisten demasiados análisis, solo aparecen como una excusa disuasiva que en todo caso pudo haberse trabajado durante este tiempo en que el proyecto estuvo en Comisión, apartándose del histórico acompañamiento que tuvo 2003, 2004, 2005 y 2016 donde este tema logró siempre la unanimidad. No son tiempos de correrle el cuerpo a esta problemática. Seguiremos poniendo esta necesidad en agenda, sino la realidad una y otra vez nos regresará a este lugar con un hecho que haya que lamentar", concluyó.