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El Gobierno y organismos de derechos humanos se enfrentaron ante la Cidh

Horacio Verbitsky, titular del Centro de Estudios Sociales y Legales. (NA) Horacio Verbitsky, titular del Centro de Estudios Sociales y Legales. (NA)

 

Durante la audiencia en Washington, las organizaciones peticionantes denunciaron que en Jujuy se han violado derechos políticos y existe una “intolerable persecución” por parte del gobernador, el radical Gerardo Morales, aliado de la Casa Rosada.


Buenos Aires, (NA) - Organizaciones sociales y de derechos humanos se cruzaron ayer duramente con representantes del Gobierno ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos (Cidh) en Washington por la situación de la dirigente Milagro Sala, aún cuando el tema estaba fuera de agenda.

Se trató de una audiencia solicitada por organismos que denuncian la “criminalización de la protesta social” en Jujuy y en la que no se trató especialmente el caso de la líder de la Tupac Amaru teniendo en cuenta que en la Cidh estudia una solicitud de medida cautelar para pedir por su liberación, aunque el tema sobrevoló el debate.

Durante la audiencia, las organizaciones peticionantes (organismos de derechos humanos y dirigentes sociales y sindicales de Jujuy, liderados por el presidente del Centro de Estudios Sociales y Legales (Cels), Horacio Verbitsky) denunciaron que en Jujuy se han violado derechos políticos y existe una “intolerable persecución” por parte del gobernador, el radical Gerardo Morales, aliado de la Casa Rosada. Además, el Cels denunció la “supresión de derechos políticos y sociales” a sectores que realizan protestas en Jujuy y “criminalización” del “acampe” por el que, en diciembre del año pasado, se acusó y detuvo a la líder de la agrupación y referente del kirchnerismo.

“En Jujuy no rige la Constitución Nacional, rige la voluntad del gobernador de la provincia y ése es el núcleo del problema”, remarcó Verbitsky que además explicó que “no se mencionó a Milagro Sala porque el problema es general en Jujuy”.

El presidente del Cels señaló incluso que el Estado nacional y provincial utilizan “bellas palabras” de respeto a los derechos humanos pero que “en la práctica es otra cosa, en la práctica hay palos, gases, gendarmería dentro de las empresas”.

“Nos denuncian y reprimen penalmente en las protestas”, advirtió a su vez Rafael Vargas, del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma de Jujuy (Soeail).

El sindicalista subrayó que “en el último año se intensificaron las causas penales por las protestas” y denunció: “Nos reprimen y criminalizan y nos persiguen judicialmente para disciplinar y condicionar al gremio que represento y a los otros sindicatos”.

A su vez, Fernando Acosta, de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) aseguró que el gobierno de Jujuy “dictó un decreto por el que suspende la personería” de las organizaciones que realizaron un acampe en el centro jujeño. “El gobierno de Jujuy detiene, encarcela y mantiene preso a los dirigentes que continúan con la protesta”, remarcó el dirigente sindical.

 

En respuesta a las acusaciones, el fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda, aseguró que en la provincia “está plenamente garantizado el derecho de peticionar a las autoridades, de libertad de expresión y a manifestarse”.