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El sindicalista será trasladado al penal de Ezeiza por decisión de la Cámara Federal porteña, que por el resultado de una junta médica determinó que el cuadro clínico puede ser atendido en la cárcel. Hasta diciembre había estado preso en Marcos Paz.
BUENOS AIRES, (TElam) - El extitular del Somu, Omar “Caballo” Suárez, perdió ayer el beneficio de prisión domiciliaria y será trasladado al penal de Ezeiza por decisión de la Cámara Federal porteña, que por el resultado de una junta médica determinó que el cuadro clínico del sindicalista puede ser atendido en prisión.
“La condición de salud de Suárez -verificada en los datos e informes médicos periciales obrantes en autos- demuestra que el nombrado ha recibido- dentro de las limitaciones que lógicamente implica el encierro en una dependencia carcelaria- la atención adecuada respecto de sus dolencias, más allá de los intentos de su asistencia técnica en demostrar lo contrario”, evaluaron los jueces.
Los camaristas de feria Eduardo Farah y Leopoldo Bruglia resolvieron ayer poner fin al arresto domiciliario -con tobillera electrónica en la casa de una de sus hijas en la localidad bonaerense de Olivos- que cumplía Suárez, procesado como supuesto jefe de una asociación ilícita que extorsionó a empresarios del sector y cometió defraudación en la obra social del gremio. Suárez será trasladado en las próximas horas a la cárcel de Ezeiza, luego de haber sido beneficiado con arresto domiciliario desde el 29 de diciembre, a instancias del juez Luis Rodríguez, quien subrogó en ese momento a Rodolfo Canicoba Corral.
Durante algo más de un año, desde septiembre de 2016 hasta diciembre pasado, el sindicalista cumplió prisión en Marcos Paz, pero ahora será derivado a Ezeiza porque los magistrados entendieron que el Hospital Penitenciario Central, que funciona allí, cuenta con una “mayor complejidad asistencial” para dar respuesta a un eventual caso de urgencia.
En los últimos días, Suárez fue sometido a estudios y pruebas realizados por la Unidad Médica del Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, por médicos del Centro de Asistencia Judicial Federal (del Cuerpo Médico Forense) y por especialistas del Instituto Fleni.
Esos informes concluyeron que el procesado está “clínicamente compensado, sin evidencia de sangrados activos, ni patologías físicas agudas en evolución” y que al momento “no surgen evidencias” en cuanto a que requiera una “internación de urgencia en un centro hospitalario”.
Días atrás, el fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó enviar a juicio oral al exsecretario general del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (Somu) y a otros 10 procesados por asociación ilícita y coacción. Además, Pollicita apeló el beneficio de prisión domiciliaria de Suárez por considerar “fehacientemente acreditado” -en conclusiones forenses- que el gremialista no es un “paciente terminal ni portador de una enfermedad incurable”, que “no reúne criterios de internación -siquiera en un hospital penitenciario-, y que sus dolencias pueden ser debidamente asistidas en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz”.
En octubre último, Canicoba Corral amplió el procesamiento con prisión preventiva de Suárez y elevó su embargo a 17 millones de pesos en la causa donde ya estaba procesado por supuesta extorsión a empresarios marítimos, al sumar nuevas acusaciones vinculadas con la administración fraudulenta en la obra social y la mutual del sindicato que condujo. En la resolución, se acusó a Suárez de “haber administrado fraudulentamente los bienes e intereses de la Obra Social del Personal Marítimo”, en su carácter de presidente, obteniendo un lucro indebido, en violación de los deberes correspondientes al cargo que ostentaba en la entidad y en perjuicio de los intereses de los afiliados que le fueran confiados.
En concreto, se lo procesó por el desvío “injustificado” de fondos de la obra social hacia la “Fundación Azul para el Cuidado y Preservación del Medio Ambiente Marino Fluvial y Lacustre”, de la cual también era presidente. Este desvío fue hecho “en forma irregular y sin justificación alguna y/o que guarde relación con los fines de la Obra Social, la suma de tres millones de pesos ($3.000.000) desde los fondos de la Ospm hacia a la Fundación Azul, dinero que nunca fue devuelto”, según el fallo.
La maniobra fraudulenta se materializó mediante el libramiento de cheques de la Ospm posteriormente depositados en la cuenta bancaria perteneciente a la mencionada Fundación por montos de dinero que nunca se devolvieron a la obra social.
