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“Se abrió un período para recibir observaciones, impugnaciones, propuestas, que tuvo varias prórrogas y culminó recién en septiembre del año pasado y ese material se viene analizando desde hace un par de meses” informó el abogado Roberto Carlés.
Buenos Aires, (NA) - El abogado Roberto Carlés, candidato propuesto por el Gobierno para la Corte Suprema de Justicia y coordinador del equipo encargado de la reforma del Código Penal, anticipó ayer que “la versión definitiva” del proyecto de reforma estará lista el mes que viene.
“Se abrió un período para recibir observaciones, impugnaciones, propuestas, que tuvo varias prórrogas y culminó recién en septiembre del año pasado y ese material se viene analizando desde hace un par de meses y la idea es tener una versión definitiva del texto para abril, sobre la base de las propuestas recibidas”, señaló Carlés.
En declaraciones a Radio Nacional, Carlés recordó que “a partir de marzo del año pasado, cuando la presidenta (Cristina Kirchner) anunció el envío de este proyecto al Congreso, se desató un gran problema, incluso antes de que nadie tuviera la posibilidad de leerlo, de analizarlo”, en alusión al fuerte rechazo liderado por el diputado Sergio Massa.
“A partir de ese momento lo que se hizo fue abrir el debate en todo el país. Particularmente yo he recorrido el país entero debatiendo propuestas, el contenido del proyecto, no sólo en universidades y en ambientes elitistas, como algunos quisieron dar a entender”, destacó el aspirante a la Corte Suprema.
El letrado atribuyó el rechazo a la reforma penal a “una cuestión político-mediática y coyuntural” que “tiene que ver con especulaciones políticas de algunos sectores”.
Esto, según dijo, “es difícil de entender porque se trató de una comisión integrada por al menos un representante de los principales partidos políticos con representación parlamentaria”.
La comisión estuvo integrada por el entonces juez de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni, el abogado León Arslanian, exjuez del Juicio a las Juntas Militares, y los diputados María Elena Barbagelata (Partido Socialista), Ricardo Gil Lavedra (UCR) y Federico Pinedo (PRO).
Carlés también se refirió a la pena de muerte y a la cadena perpetua, sobre lo cual ratificó la postura a favor de la abolición que había manifestado hace dos días, tras una reunión que mantuvo en Roma con el papa Francisco.
“En el caso de la Argentina la pena de muerte ni siquiera es un tema discutible, porque nuestro derecho constitucional, con la incorporación de los tratados internacionales, directamente la prohíbe”, explicó el abogado.
Dijo que “es un debate que se ha dado y el Papa Francisco apoya la causa de la abolición en los países donde esto sigue siendo una realidad” y sostuvo que “el número de ejecuciones, además, ha crecido y crece todos los años”, con 1.700 sólo durante 2014.
Con respecto a la cadena perpetua, Carlés sostuvo que “si bien figura en el código de 1921, se introdujo con la libertad condicional a los 20 años para el condenado perpetuo” y que “esto se modificó con las reformas de 1994, llevándose a 35 años”.
Massa contra la reforma
El líder del Frente Renovador (FR), Sergio Massa, decidió ayer reflotar la campaña contra la reforma del Código Penal, luego de que Roberto Carlés, coordinador de la iniciativa oficial, anunciara que el mes próximo estará lista la versión definitiva del proyecto.
Massa convocó para el viernes a especialistas en material penal para relanzar la campaña de firmas y retomar la confrontación contra el nuevo Código, según informó el equipo de prensa del Frente Renovador.
Para el viernes están convocados por el jefe de campaña electoral, Juan José Alvarez, “los especialistas en Seguridad y Justicia, el equipo de comunicación para la campaña en redes y los legisladores nacionales y provinciales que lideraron el año pasado este tema y frenaron el proyecto”, ampliaron.
Según se indicó, “el equipo liderado por Ramiro Gutiérrez y Diego Gorgal tiene la orden de preparar el paquete de propuestas de aumento de penas, la lista de artículos contra la corrupción y la impunidad, y los cambios en materia procesal para eliminar las ventajas procesales para las excarcelaciones”.
