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El ministro de Comunicación aseguró que se buscará impedir que la empresa deudora, perteneciente a Franco Macri, el padre del presidente, “trate de cobrarle al Estado los juicios” pendientes que le inició y subrayó que no le van a “perdonar ni un peso de capital”. Además admitió que “es probable” que el mandatario “supiera” acerca de esas negociaciones.
Buenos Aires, (NA) - En una acalorada audiencia informativa en la Cámara de Diputados, en la que no faltaron duras recriminaciones por parte de la oposición, el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, defendió ayer la actuación del Gobierno respecto del fallido acuerdo para condonar la deuda del Correo Argentino, aunque anticipó que trabajará para que “la familia que es dueña” de esa empresa le “pague lo que le debe al Estado”.
En un clima tenso, aseguró además que se buscará impedir que la empresa deudora, perteneciente a Franco Macri, el padre del presidente Mauricio Macri, “trate de cobrarle al Estado los juicios” pendientes que le inició y subrayó que no le van a “perdonar ni un peso de capital”.
“Yo no sabía del juicio, pero estoy tratando de que no puedan cobrar un peso de ese juicio. La familia que es dueña de la empresa Correo Argentino tiene que pagarle al Estado lo que le debe, y no le vamos a perdonar un peso de capital, y vamos a impedir que trate de cobrarle al Estado los juicios que tiene pendientes”, adelantó el funcionario, que recordó que el Gobierno dispuso volver a “foja cero” el acuerdo firmado que beneficiaba a la familia Macri a fin de fijar una nueva audiencia.
Pese a asumir ese compromiso, Aguad se dedicó a justificar lo obrado inicialmente por el Gobierno nacional al señalar que la Ley de Quiebras impedía actualizar y agregarle intereses a la deuda original que contraía la empresa de Franco Macri, que era de 296 millones de pesos y que en la actualidad ascendería, según se estimó judicialmente, a 70 mil millones de pesos.
“Las deudas de un concurso verificadas no se pueden ni actualizar ni recargarle intereses. Consecuentemente, lo que heredamos era un pasivo que debíamos cobrar desactualizado en un 90 por ciento”, resaltó Aguad ante la comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados, que preside el massista Juan Brugge.
Por eso, justificó la decisión del Gobierno de llegar a un arreglo, aunque sea para cobrar apenas el 10 por ciento en términos reales, ya que era la mejor de las opciones en el marco de la ley, y teniendo en cuenta que se estaba lidiando con una empresa “insolvente” que se había quedado “sin bienes” tras la estatización de 2003.
“El acuerdo es lo mejor que se pudo lograr. Si se hubiera podido lograr algo mejor, lo habríamos intentado. Estamos frente a un actor insolvente, que no tiene bienes”, insistió.
Tras reconocer que existe “un enorme quebranto en perjuicio del Estado”, apuntó contra el kirchnerismo por haber desatendido la resolución del caso durante los años en que gobernó, y también dirigió críticas hacia un sector de la Justicia por no “haber pedido la inconstitucionalidad de la Ley de Quiebras durante todo ese tiempo, que a su entender “produce una inequidad evidente” dado que “se perjudica escandalosamente al acreedor”.
Pese a admitir el perjuicio al patrimonio público, Aguad negó que exista un “conflicto de intereses” en el convenio, aunque aceptó que “existe una duda” al respecto y que por eso el presidente ordenó volver a “foja cero” el trámite y propuso elaborar un “protocolo” para proceder en los casos en que estén comprometidos funcionarios públicos.
No convenció
“Nosotros estamos tratando de ser lo más transparentes que podamos. Obviamente que siempre se puede hacer algo más. Yo creo que no hay conflicto de intereses. De todos modos, existe una duda sobre eso. Por eso el presidente entiende que tenemos que hacer un protocolo para los casos donde se pueda entender que hay conflicto de intereses”, subrayó.
La exposición de Aguad estuvo lejos de convencer a los legisladores de la oposición, que con severos cuestionamientos, lo acusaron de haber sido un “instrumento protagónico para que ese delito se haya consumado”.
Uno de los más incisivos fue el diputado del Frente Renovador Felipe Solá, que calificó como un “cuento” la explicación proporcionada por Aguad y con ironía recordó que en el decreto del 2003 en el que se rescinde el contrato del Estado con Correo Argentino S.A. se consignaba otro crédito post-concursal por un monto similar que ahora no es tenido en cuenta.
“Cuando firma un convenio de gravedad importantísima, ¿no sabe que esa familia es parte, no lo sabe el presidente que se llama Macri ni el jefe de Gabinete (Marcos Peña)? ¿A todos tenemos que acusar de que no están informados?”, se preguntó Solá, que cuestionó el hecho de que el Gobierno no le haya dado intervención a la Procuración del Tesoro.
Por su parte, el diputado de la Coalición Cívica (Cambiemos) Fernando Sánchez señaló que el origen del problema fue la estatización del Correo en 2003: “Si hubiésemos estatizado bien, no hubiéramos tenido el cúmulo de deudas y de conflictos judiciales y de reclamos judiciales que parecen interminables”, manifestó.
En tanto, el diputado del Frente de Izquierda Néstor Pitrola insistió en el pedido de interpelación de Macri, propuso el remate de los bienes del Grupo Socma hasta tanto se haya cancelado la deuda y sugirió la convocatoria del exdirector del Banco Nación Carlos Melconian, dado que integrantes de su equipo técnico habían advertido sobre las inconsistencias del convenio.
“Es probable que supiera”
El ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, negó ayer haber dicho que el presidente Mauricio Macri no conociera el acuerdo celebrado entre el Gobierno y el Grupo Socma por la deuda que esa empresa, perteneciente a su padre Franco, mantiene con el Estado por la gestión del Correo Argentino, y en ese sentido admitió que “es probable” que el mandatario “supiera” acerca de esas negociaciones.
