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El Gobierno ya advirtió a los empresarios que no habrá una apertura total de la economía en lo inmediato sino que se dará en forma gradual de aquí a 2019, y que para ese entonces las empresas locales deberán estar en condiciones de competir.
Buenos Aires, (NA) - El oficialismo presentó ayer en la Cámara de Diputados un proyecto que propone crear una Autoridad Nacional de la Competencia que “evite la cartelización”, con el fin de lograr una mayor competitividad de las empresas que a su vez acomode los precios, que incluye la creación de una figura del “arrepentido” para denunciar delitos económicos.
Durante la presentación de la iniciativa, encabezada por el jefe del interbloque de Cambiemos, Mario Negri, y la diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió, también participaron el ministro de Producción, Francisco Cabrera, el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, y el diputado del PRO Nicolás Massot.
El Gobierno ya advirtió a los empresarios que no habrá una apertura total de la economía en lo inmediato sino que se dará en forma gradual de aquí a 2019, y que para ese entonces las empresas locales deberán estar en condiciones de competir.
La lectura del Palacio de Hacienda es que las grandes empresas dejaron de invertir en estos años, acostumbradas a un esquema de cartelización y de recepción de subsidios; en ese marco, el proyecto anunciado en el Congreso intenta forzar al empresariado a invertir para salir a competir, lo que llevaría a encarrilar los precios.
Pese a ser dos proyectos, el contenido es similar: se propone la creación de una Autoridad Nacional de Competencia, como un organismo descentralizado que estará integrado por un Tribunal de Defensa de la Competencia compuesto por cinco miembros elegidos por cinco años y dos Secretarías de Instrucción.
La iniciativa contempla una figura de “arrepentido” que podrá denunciar esquemas de cartelización y fija además tres tipos de sanciones, todas económicas, de las cuales la primera contempla un tope de hasta el doble del beneficio obtenido ilícitamente como resultado de la conducta anticompetitiva.
El segundo tipo de sanción será de hasta el 30% del volumen de negocios en los mercados afectados, multiplicado por el número de años de duración de dicho acto, o hasta el 30% del volumen de negocios consolidado a nivel nacional del grupo económico durante el último ejercicio y el tercero consiste en una multa de 3.000 millones de pesos ajustables por IPC.
