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Héctor Rodríguez, jefe de la bancada chavista, durante la sesión afirmó que dicha decisión es violatoria de la Constitución y también denunció un “golpe parlamentario” contra Nicolás Maduro. Hoy realizarán en Caracas dos manifestaciones una a favor y otra en contra.
CARACAS, (AFP-NA) - Por Alex Vasquez y Alexander Martinez. La mayoría opositora del Parlamento venezolano inició ayer un proceso para destituir a magistrados del máximo tribunal de justicia, que tiene escasas posibilidades de prosperar ante el poderoso muro institucional chavista.
En un clima político cada vez más tenso, el debate se centró en la acusación de que los jueces perpetraron un “golpe de Estado” contra el Legislativo, atado de manos pues el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) lo declaró en desacato en enero de 2016 y ha anulado todas sus decisiones.
“Nuestra lucha es por devolverle a la Asamblea sus competencias, el golpe de Estado no es solo contra la Asamblea sino contra el pueblo”, dijo durante el debate el presidente del Parlamento, Julio Borges, refiriéndose a la aguda crisis socioeconómica.
“Ustedes no pueden por ninguna razón destituirlos sin violar la Constitución”, replicó Héctor Rodríguez, jefe de la bancada chavista, que llegó a mitad de la sesión. El dirigente también denunció un “golpe parlamentario” contra el presidente socialista Nicolás Maduro.
Los alrededores del hemiciclo, en el centro de Caracas, fueron militarizados. Para hoy están convocadas manifestaciones de la oposición y el oficialismo en la capital. Una protesta opositora que reunió a unas mil personas el martes degeneró en actos de violencia, que según sus organizadores dejaron medio centenar de heridos -uno baleado- y una docena de detenidos.
Ayer, enfrentamientos entre la policía y estudiantes de una universidad pública que protestaban contra el TSJ en San Cristóbal (frontera oeste con Colombia) se saldaron con 21 lesionados, informó José Molina, directivo del centro educativo.
La bancada opositora acusa a los jueces de “golpe” tras emitir, la semana pasada, dos sentencias con las cuales asumieron los poderes de la Asamblea y retiraron la inmunidad a los diputados.
En medio de un fuerte rechazo internacional, la corte -acusada de servir a Maduro- anuló los fallos parcialmente el sábado.
Las probabilidades de remoción de los jueces son escasas, pues dependen del Poder Moral, integrado por la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría, cercanas al gobierno.
La fiscal general, Luisa Ortega, consideró los dictámenes del TSJ como una “ruptura del orden constitucional”, lo que abrió una fisura en el oficialismo e impulsó la ofensiva opositora.
Pero para que el Poder Moral declare que los magistrados cometieron una “falta grave” y el caso pueda ser resuelto por el Parlamento, se requiere el voto de al menos dos de sus tres integrantes.
Ya el defensor del pueblo, Tarek William Saab, descartó una “ruptura constitucional”. Aun así, la Asamblea pidió al Poder Moral calificar la “falta grave”.
Salvo la Asamblea, el chavismo controla todos los poderes del Estado.
A esas trabas se suma el de-sacato declarado por el TSJ -que desconoce las actuaciones legislativas-, a raíz de la juramentación de tres diputados acusados de fraude electoral.
Además del proceso contra los magistrados, la cámara exigió elecciones y la liberación de “presos políticos”.
Maduro descarta un adelanto de los comicios presidenciales, pautados para diciembre de 2018. Los de gobernadores fueron pospuestos para este año, pero no tienen fecha.
