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El gobierno español se puso al mando de Cataluña y destituyó al jefe policial


 El destituido Carles Puigdemont  y su esposa Marcela Topor dialogaron con lugareños en Girona (NA)

'' El destituido Carles Puigdemont y su esposa Marcela Topor dialogaron con lugareños en Girona. (NA)

 

Rajoy, enfrentado al mayor desafío de la democracia de su país, se mueve con rapidez para evitar cualquier vacío de poder. Convocó a elecciones regionales anticipadas para el 21 de diciembre y nombró a su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, para asumir los asuntos en el palacio de la Generalitat. También destituyó al jefe de la policía regional.


Barcelona, (AFP-NA) - Cataluña se despertó ayer en calma y bajo control de la vicepresidenta del gobierno español Soraya Sáenz de Santamaría tras una declaración de independencia no reconocida internacionalmente.

La bandera española seguía ondeando por la mañana en el palacio de la Generalitat, la sede centenaria del autogobierno catalán, y el ambiente en Barcelona era de resaca, tras una fiesta popular por la proclamación independentista que se saldó sin incidentes destacables.

En el centro de Madrid, y en medio de una marea de banderas nacionales, unas 4.000 personas se manifestaron por la unidad de España, convocadas por una organización conservadora.

Los ánimos estaban caldeados. “Lo que queremos es la ilegalización de los partidos secesionistas. Porque si se vuelven a presentar a elecciones, van a dirigir Cataluña, y vuelta a empezar”, dijo a la prensa la pensionista Cándida Jiménez, exfuncionaria de la policía municipal de Madrid, con un cartel en la mano que dice “No a la impunidad de los golpistas”.

El presidente del gobierno español, el conservador Mariano Rajoy, enfrentado al mayor desafío de la democracia española, se mueve con rapidez para evitar cualquier vacío de poder.

Convocó elecciones regionales anticipadas para el 21 de diciembre y nombró a su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, para asumir los asuntos en Cataluña.

También destituyó al jefe de la policía regional, Josep Lluis Trapero, al mando operativo de 16.000 agentes, los Mossos dEsquadra.

Decenas de altos funcionarios del gobierno catalán también cesarán en sus cargos y desaparecen algunos órganos de gobierno de la Generalitat, como las delegaciones en el extranjero o un consejo asesor para la transición nacional.

La fiscalía general prepara una querella contra el destituido presidente catalán Carles Puigdemont, de 54 años, por rebelión, que puede acarrear una pena de cárcel de hasta 30 años.

Todos los ojos están puestos ahora en Puigdemont y sus aliados, que deberán movilizar otros recursos ante la disolución del parlamento por la convocatoria electoral.

A media mañana reinaba el silencio en sus filas, mientras el gobierno central se esforzaba en ofrecer un rostro de legalidad y serenidad. De cara a los comicios “todos los partidos que estén registrados se pueden presentar. Esta cuestión legal no ha cambiado”, aseguró en entrevista radiofónica el delegado del gobierno en Barcelona, Enric Millo.

“El objetivo de la independencia es legítimo, nadie ha dicho lo contrario. Lo que se está diciendo en estos momentos es que se defienda desde la propia democracia, desde la propia legalidad”, añadió.

El riesgo de un poder paralelo en Cataluña es real, aunque es una incógnita la capacidad organizativa de los independentistas sin instituciones.

Puigdemont y sus aliados proclamaron en el parlamento una “República catalana” con el hemiciclo semivacío, por la protesta de la oposición. Invitaron a dos centenares de alcaldes, en representación de los responsables locales, que sí se mantienen en sus cargos en la Cataluña bajo tutela.

“Ustedes representan precisamente de una manera muy ejemplar esta unión, esta coordinación, esta complicidad, esta solidaridad entre instituciones y ciudadanía”, dijo Puigdemont en su discurso. 

 

Incertidumbre

En Barcelona, la proclamación independentista parlamentaria fue seguida de una fiesta en la plaza Sant Jaume, donde miles de personas se congregaron pacíficamente.

Una pequeña manifestación antiindependentista en otro barrio de la ciudad acabó con incidentes, protagonizados por un pequeño grupo de encapuchados ante la sede de la radio pública catalana.

“Me entristece y luego también tengo un poco de miedo. Somos ciudadanos que trabajamos y que queremos poder vivir el día a día y la verdad es que bueno. Incertidumbre, mucha incertidumbre”, explicó a la prensa ayer Marta González, una doctora de 50 años.

“Aunque hayas conseguido lo que se llevaba tiempo luchando es como si no se hubiera conseguido nada, porque han hecho que entre nosotros nos peleemos”, constataba Raquel García, camarera de 39 años.

Los catalanes se muestran profundamente divididos con respecto a la independencia.

La actual fiebre secesionista comenzó a subir en 2010, en plena recesión económica en España, y alimentada por las históricas reivindicaciones de más autogobierno del nacionalismo catalán.

El sueño de una República de todas maneras es añejo en esta región con lengua propia: en 1934 el entonces presidente Lluís Companys anunció una “República catalana”, pero de efímera duración.

Internacionalmente, la declaración de independencia en Cataluña fue recibida con rechazo.

La Unión Europea (UE), Alemania, Francia, Reino Unido, Italia o Portugal apoyaron sin fisuras al gobierno español, mientras Estados Unidos dijo tajantemente que consideraba a Cataluña “parte integral de España”.

 

Puigdemont llama a resistir 

El presidente catalán destituido Carles Puigdemont llamó ayer a resistir pacíficamente ante la toma de control de Cataluña por el gobierno español tras la declaración de independencia en el parlamento regional.

“Seguiremos trabajando para construir un país libre”, afirmó Puigdemont en un discurso televisado menos de 24 horas después de una declaración de independencia que agravó, todavía más si cabe, una crisis de proporciones inusitadas en décadas.

Oficialmente esta región de 7,5 millones de habitantes se levantó bajo control de la vicepresidenta del gobierno español Soraya Sáenz de Santamaría y con sus antiguos dirigentes independentistas destituidos.

 

“Tenemos claro que la mejor manera de defender las conquistas obtenidas hasta hoy es la oposición democrática a la aplicación del artículo 155” de la Constitución, que sirvió al poder central para proceder a la toma de control de la administración regional.


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