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La decisión de la Corte de aplicar el derogado 2x1 a un detenido condenado por crímenes de lesa humanidad, abrió una vez más en la Argentina la caja de Pandora que lleva a rediscutir temas dolorosos del pasado, en los cuales nos habíamos puesto ya de acuerdo en la línea gruesa del consenso social. Este fallo fue dividido entre magistrados que en la discrecionalidad de la interpretación de la letra deciden aplicar la norma de la “ley más benigna” a secuestradores y torturadores, y entre otros que consideran que la “lesa humanidad” no es un delito común por lo que no cabe la aplicación por tratarse de un crimen imprescriptible, con características particulares. Es decir, para un mismo articulado, dos interpretaciones.
Un beneficio que, por otra parte, hace años ha sido derogado de nuestra legislación, porque era al fin la coartada que escondía la ineficiencia y la lentitud de la Justicia. La decisión demuestra que ante la fría letra de la ley, está la discrecionalidad de los jueces en la interpretación y se nota, sobre todo en fallos como este que, claramente, no son inocuos. Lo mismo sucede con los crímenes comunes, cuando un juez haciendo uso de su discrecionalidad deja libre en forma anticipada a un violador, o le permite aguardar su juicio en libertad a pesar de su peligrosidad y se vuelve a repetir el delito. La interpretación de las normas parece estar haciendo estragos en la Argentina.
La verdad es que no vemos la necesidad de la Corte de volver a traer un tema tan doloroso para el país al debate, un modo de que terminemos por estar siempre parados en el mismo lugar, el de las enormes grietas que ha generado este asunto. Con condenas firmes de tribunales ordinarios respecto de estos graves delitos esta extemporánea decisión de aplicar un beneficio derogado que abre la puerta a que buen número de represores y de delincuentes comunes exijan el mismo tratamiento. Porque a la hora de buscar atajos, siempre un buen abogado los encuentra. Como en este caso, que se retrotrajo al momento de la condena, cuando estaba vigente el beneficio. El tema es que cuando estas situaciones se plantean, la discrecionalidad debería jugar a favor de espíritu de la norma y, más que nada, del sentido común.
Desde el punto de vista político el tema impactó de lleno en la gestión de Mauricio Macri. Pese a que el presidente desde el primer momento se mostró rotundamente contrario a este fallo, y no obstante ser la Corte un órgano independiente del Ejecutivo, el repudio social también cayó de lleno sobre él. Porque alguno ve su mano detrás del fallo y porque precisamente entre quienes suscribieron a favor están los magistrados propuestos por Macri. La gobernadora María Eugenia Vidal se mostró también absolutamente en contra, pero muchos creen que desde que el PRO llegó al poder hay un cambio de época que beneficia a los condenados por estos aberrantes delitos. Hoy habrá marcha de repudio a Plaza de Mayo contra la decisión de la Corte, pero el oficialismo tendrá que soportar los avances y las acusaciones que ya se vienen insinuando. Carteles como “Macri basura vos sos la dictadura” van a cruzar toda la movilización, sin lugar a dudas.
Este tema recién comienza y como novedad, frente a la reacción de distintos sectores políticos y sociales, el fiscal federal Guillermo Marijuán abrió una investigación penal contra los jueces de la Corte Elena Highton, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, por haber votado la aplicación del 2x1 a Luis Muiña, condenado por delitos de lesa humanidad cometidos en el Hospital Posadas durante la dictadura. Marijuán aceptó impulsar la denuncia del abogado Marcelo Parrilli, cuyo sorteo cayó en sus manos y en las del juez Daniel Rafecas. Además de recordar que con el voto mayoritario de los tres imputados la Corte convalidó aplicar una ley que fue derogada por el Congreso en el 2001, el fiscal reitera que Muiña había sido condenado por el secuestro y aplicación de torturas a cinco personas a cumplir una pena de 13 años de prisión. Siguiendo el planteo del denunciante Parrilli, el fiscal comparte que la aplicación de la ley más benigna en el caso Muiña “resultaba contraria a las leyes e instrumentos internacionales que rigen en la materia”.
Y aquí se plasma la cuestión política: el denunciante vinculó “los alcances de ese pronunciamiento con ciertas declaraciones que se habrían hecho públicas por parte de diferentes integrantes del Poder Ejecutivo, como así también con el modo en que fueron designados inicialmente dos de los ministros de Corte que conforman el Máximo Tribunal de Justicia de la Nación”, desliza la imputación en su nudo argumental. Marijuán explica que para Parrilli, la sentencia de la Corte “respondería a una nueva política de Estado para aquellos casos en donde se juzguen delitos cometidos durante la última dictadura”. Si la sentencia de la Corte está vinculada de algún modo con una supuesta nueva política del gobierno respecto de las violaciones de los derechos humanos en la dictadura, ese fallo sería el instrumento práctico de un movimiento más amplio y, a criterio del fiscal, mucho más grave.
“Este acusador considera que la solución brindada por los juristas podría contrariar el contrato social de los argentinos y la política de Estado sostenida por sus tres poderes para perseguir, juzgar y sancionar graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar”, advierte Marijuan. Este planteo desde lo jurídico deberá ser analizado ahora por el juez Rafecas, a quien le toca evaluar la supuesta amenaza al “contrato social de los argentinos” respecto del modo en que se están juzgando los crímenes de la dictadura, y el papel que habrían tenido los tres jueces de la Corte con su fallo en esta amenaza.
Pero además el Gobierno nacional, siempre busca despegarse, ya tiene listo el proyecto que presentará en el Congreso para frenar un pedido masivo de genocidas y represores. Por eso se presentará un proyecto que tiene por objetivo delimitar el alcance de la derogada ley 24.390, que estuvo en vigencia entre 1994 y 2001. El proyecto, avalado por el Ministerio de Justicia que dirige Germán Garavano, será presentado por el presidente provisional del Senado Federico Pinedo y varios senadores de Cambiemos. También lleva la rúbrica del jefe de la bancada del FPV-PJ Miguel Pichetto y de otros senadores peronistas, como el entrerriano Pedro Guastavino y el bonaerense Juan Manuel Abal Medina. Lo que asegura un paso sencillo en el Senado.
La iniciativa busca impedir que el 2x1 se aplique indiscriminadamente para los delitos cometidos antes del año 1994. La idea de abrir el juego a la oposición es que tenga el mayor consenso posible para enviar “un mensaje fuerte a los jueces desde la política”, dice Pinedo.
No podemos asegurar si los jueces de la Corte que en su mayoría emitieron este fallo tuvieron plena conciencia de la dimensión social que implica la temática, pero las reacciones que se han generado demuestran que la Argentina no quiere dar pasos atrás en lo que hace a derechos humanos, en referencia a lo sucedido en el proceso militar, un capítulo que aun cuando hay cosa juzgada parece que siempre vuelve por alguna razón al presente.
Como único aspecto a rescatar de este espinoso asunto y a la luz de los hechos consecuentes, podemos decir que la Corte actuó con total independencia del poder político. Es más, terminó perjudicando al oficialismo, por si alguna duda quedara.
Es lamentable lo sucedido, pero ver actuar una Corte de manera independiente siempre es buena noticia.
