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En una Argentina que intenta el camino de un cambio en el fondo y en las formas de la política y la economía, les llegó el turno a los empresarios de hacer su esfuerzo, lo que hasta ahora no se ha podido lograr. Sin embargo hay un tema que urge resolver y que sería una buena noticia para los sectores del trabajo. Razones de más para que el Gobierno explore la posibilidad. Se trata del blanqueo laboral que es indispensable porque, de acuerdo a datos del Ministerio de Trabajo, la informalidad alcanza a 4,5 millones de personas, promedia el 35 por ciento en el país, pero trepa hasta el 60 por ciento en el NOA y en el NEA. Son empresarios que no pagan cargas laborales, no contribuyen a la caja de jubilaciones y quedan esos millones de empleados sin obra social ni aportes, un tema que además termina siendo dramático en la vejez, cuando llega la edad jubilatoria y el trabajador no está registrado, pese a haber cumplido tareas los treinta años que legalmente se exigen para acogerse al beneficio de los pasivos.
Esta enorme evasión impositiva de las empresas que tienen empleados informales, “en negro” como se lo denomina, es la responsable de que quienes pagan tengan pesadas cargas, en la Unión Industrial saben bien que si todos tuviesen los trabajadores en blanco e hicieran sus aportes, se podría bajar estos caros impuestos al trabajo en la Argentina.
Precisamente, el ministro de Trabajo Jorge Triaca fue a la UIA, donde se concretó una reunión mucho más amplia de lo pensado, ya que estaban los técnicos de la Unión Industrial, pero también los del resto del “grupo de los Seis” que incluye al Comercio, la Construcción, los bancos, la Bolsa y la Sociedad Rural. Fue en ese marco que se trataron dos temas claves, el blanqueo de empleados y la ART. Triaca les dijo que tras la ley de ART y la implementación de comisiones médicas, bajaron un 20 por ciento los reclamos. Los empresarios se comprometieron a empujar desde sus cámaras que la normativa específica de la ley de ART sea aplicada en cada provincia. Esta es una buena noticia para los empresarios, no en sí para los trabajadores, sencillamente porque agrega una serie de trámites y revisiones extras, antes de decretar enfermedades profesionales o secuelas de accidentes de trabajo.
Luego se habló del blanqueo laboral que impulsa el Gobierno, y en este sentido el ministro les aseguró que esperaba consensuar primero el tema con ellos y con la CGT. Les contó que buscan sumar unos 300.000 trabajadores formales por año. El proyecto de Trabajo se presentaría en un mes a los legisladores. Es que la intención del oficialismo es abrir este debate cuando se aquiete el conflicto gremial. En el encuentro, que se extendió por 90 minutos en la sede de la UIA, se habló del costo laboral, que los empresarios consideran excesivo y, precisamente, un blanqueo del empleo en negro es el único vehículo para poder bajar las cargas laborales, como hemos planteado. Los empresarios adujeron lo que significa la competencia desleal con quienes tienen a sus trabajadores en negro, lo que no deja de ser un problema para el Estado, pero también para ellos. Sobre todo cuando hablamos de casi un cuarenta por ciento de evasores laborales en la Argentina. En cualquier otro país del mundo esto sería inaceptable y, aunque hace décadas que los controles en nuestro país no actúan como corresponde, aquí tampoco debiera ser aceptado.
Para entender de qué estamos hablando, de acuerdo a los técnicos del “Grupo de los Seis”, de cada 100 pesos de salario nominal, el trabajador recibe 84 y el empleador paga de su bolsillo 175, que si se añaden otros impuestos sube a 200 pesos. Al respecto todos coincidieron en la necesidad de que haya un mayor control del pago de los aportes previsionales. Es una posición en la que también coinciden los sindicatos más poderosos, lo importante es que el Estado comience a pensar opciones para permitir un blanqueo sin costos retroactivos para las Pymes, que obviamente no estarían en condiciones de pagarlo. La idea es excluir a las empresas grandes. Sin embargo el ministro tendría pensado un perdón más generalizado, a Pymes y grandes empresas.
La verdad es que jamás se debió permitir que la economía en negro creciera a los niveles a los que ha llegado en los últimos años, hay un déficit muy importante en el control del Estado, todo lo que hace sentirse unos tontos por cumplir con las normas a quienes pagan al día todos los beneficios. Por eso saludamos la propuesta del Gobierno para poner un poco de justicia en el plano laboral e impositivo.
