Será largo el camino de reconstruir la confianza

En el último tiempo, la Iglesia se ha expedido sobre los problemas que afectan a la Argentina, quizá por el impulso que el Papa Francisco les ha dado a los obispos para que profundicen su labor pastoral.

Mediante documentos conjuntos o a través de miembros de alta jerarquía del clero, se ha conocido el pensamiento de la institución católica en cuanto  a la droga y el narcotráfico, la pobreza, la violencia y la inseguridad, por ser éstas, mayormente, las preocupaciones de la sociedad en general. Esto habla de que están manteniendo una cercanía con la gente, que les permite interpretar el sentir popular y, especialmente, que –manteniendo las formas de una institución conservadora y anquilosada- ha saltado la barrera de una neutralidad que no siempre es saludable y más bien se acerca a la cómoda tibieza.

En su intervención formal más reciente, la Iglesia sumó su voz a la preocupación por las presiones y conflictos que afectan a la Justicia. Dos días después de la marcha del silencio en homenaje al fiscal Alberto Nisman, advirtió que es imprescindible asegurar la independencia del Poder Judicial y la división de poderes.

Se trata de un segundo pronunciamiento, más fuerte, emitido por la conducción de la Iglesia desde el 21 de enero. En el primero, tres días después de la muerte del fiscal, la comisión ejecutiva del Episcopado transmitió su “conmoción, perplejidad e incertidumbre” por el trágico hecho y llamó a “superar las sombras de impunidad que dañan la salud de la democracia”.

Ahora, se hace eco del enfrentamiento evidente entre el Poder Ejecutivo y el Judicial (al menos un importante sector de este). A través del arzobispo de Santa Fe, monseñor José María Arancedo, y en ocasión del inicio de la Cuaresma, se conoció un duro mensaje. Reclamó la necesidad de establecer un compromiso con la Patria y planteó que “resulta imprescindible asegurar la independencia del Poder Judicial respecto del poder político y la plena vigencia de la división de los poderes republicanos en el seno de la democracia”. Estas palabras ponen a la Iglesia argentina fuera del eje meridiano y más cercana a la posición expresada durante la marcha del 18F. Porque si habla de “asegurar la independencia del Poder Judicial” es porque se considera que ésta no es respetada o, al menos, está en peligro. 

Si bien el texto está firmado por Arancedo a título personal, sus reflexiones expresan la postura de los obispos en su conjunto, según se aclaró.

Pero hay algo más interesante aún en el comunicado pastoral. Se trata de una verdad indiscutible en este momento, que excede al affaire Nisman, incluso a la relación entre los poderes del Estado: dijo Arancedo que la palabra está devaluada y que eso termina por definir una suerte de enfermedad social, que hace perder a los argentinos la confianza en todo.

Y vaya si así será que, volviendo a la muerte del fiscal, gran parte de la sociedad descree hasta de lo empírico de las pruebas científicas que sustentan el suicidio y considera, de todos modos, que se trató de un asesinato. 

Arancedo apoyó la marcha en el sentido que somos ciudadanos libres que tenemos derecho a elegir ir o no a una marcha, no somos seres pasivos que debemos aceptar todo sin replicar. En este marco aprovechó para decir que era muy negativo el éxito a cualquier precio, porque se pierde sensibilidad frente a la corrupción. Algo similar a lo que planteábamos en nuestra anterior editorial, cuando decíamos que en la Argentina se ha naturalizado demasiado la falta de ética y la deshonestidad. Y que no hemos sido suficientemente exigentes con las instituciones.

Tampoco eludió la cuestión política directa. Arancedo mencionó expresamente que el país se encuentra en un año electoral y pidió fortalecer las instituciones republicanas, el Estado y las organizaciones de la sociedad. Y recordó las expresiones del documento emitido en 2008 y firmado por el entonces cardenal Jorge Bergoglio, hoy Papa Francisco, que ya reclamaba la urgencia de asegurar la independencia del Poder Judicial respecto del poder político y la plena vigencia de la división de los poderes republicanos.

Otra novedad que habla de un nuevo perfil de la Iglesia argentina como institución (porque la verdad es que siempre hubo sacerdotes que asiladamente tomaron posición) es que en la mayoría de las provincias se pudo ver a los obispos acompañando las marchas que se han realizado el 18 de febrero junto a sus feligreses. De esta forma, reforzaron con un gesto lo que se predica, acerca de pedir verdad y pedir justicia, y puntualmente lo expresado por Arancedo dos días después.

Es evidente que en la Argentina las instituciones y la interacción irregular entre poderes del Estado es una problemática de larga data, pero el deterioro es cada vez mayor y los argentinos sienten una desconfianza de tal magnitud, que ya no creen ni lo que es cierto. Dudan, sospechan, afirman que jamás se sabrá quién mató al fiscal Nisman. Y eso es parte de un proceso lento, de ver cómo la Justicia ha sido lo suficientemente acomodaticia con los gobiernos y claramente ineficiente como para no descubrir casi nunca la verdad.  Han visto también cómo fiscales y jueces han sido benévolos con el poder político cuando estaban en su mejor momento y cómo comenzaban a acomodarse con los que vendrán cuando se sienten los cambios de época. También han notado las presiones del poder político sobre quienes tienen que impartir Justicia.

Y lo estamos viviendo ahora mismo. Porque sería ingenuo pensar que la aceleración que se evidenció en la causa más pesada de Boudou es una coincidencia. Más bien es parte de una guerra tácitamente declarada entre ambos poderes del Estado. Con el agregado de que, como se acerca un cambio de Gobierno, es más fácil encontrar los “peones” necesarios en el tablero judicial para hacer mover las piezas. 

De modo que la desazón y la desconfianza no es gratuita, tiene una larga lista de razones que la gente puede esgrimir. Y va a costar, aun comenzando a hacer las cosas bien desde ahora, recuperar la confianza perdida. Ya lo dijimos alguna vez, una mentira invalida mil verdades.

La palabra se nutre de la verdad y la mentira la daña. Y esto es grave porque lleva a que la gente no tenga credibilidad en las instituciones ni en el poder que los gobierna.