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Editorial

¿Qué hacemos con el Estado agigantado?

No hay reglas fijas respecto del tamaño ideal que tiene que tener el Estado, definido este como la estructura de reparticiones y los empleados que la componen. En realidad, depende y va en relación con el crecimiento de una nación y del modelo de prestaciones que se pretende, si modernas y eficientes o anacrónicas y burocráticas.

Lo que en cualquier caso termina perjudicando la economía de un país es que el Estado gaste muy por encima de lo que recauda. El déficit fiscal es una suerte de cáncer que más temprano que tarde devora las células buenas del organismo.

Este tema siempre ha traído conflicto en la Argentina donde hay bolsones de empleo público que funcionan para suplir la falta de trabajo privado, de modo que se toma personal, en muchos casos, para generar un salario y no por la necesidad de tener más gente en determinadas áreas. También es sabido que los apoyos políticos se “pagan” con puestos, muchos de los cuales no son precisamente de duración política sino que se quedan en planta por siempre, a pesar de que no haber sido nunca necesitado. Así, cambian los gobiernos y llegan nuevos funcionarios que quieren hacer la misma operatoria de meter su gente y sucede que gestión tras gestión, vamos sumando entre los que no se van y los que llegan. De este modo, y por más tecnología que se incorpore (o justamente por ello), el Estado es cada vez más caro y burocrático.

El problema se plantea cuando se pretende hacer más eficiente al Estado, quitando los puestos innecesarios, las áreas que hace falta reconvertir o los “ñoquis” que también existen. Se genera tensión social porque en definitiva se trata de despidos y eso, normalmente, no es una medida que sea bien recibida.

Cuando Mauricio Macri llegó a la Casa Rosada activó una política de desvinculaciones y ruptura de contratos que heredó de la gestión anterior. El recorte más amplio, de unas 10.000 personas, se concretó entre 2015 y 2016. Desde entonces y hasta la actualidad, se abrió una etapa de evaluación técnica y de control de presentismo en cada organismo de la administración pública nacional y entes descentralizados que derivó en 1.191 cesantías más, solo en diciembre pasado.

Las casi 1.200 bajas que se concretaron recientemente podrían incrementarse a 2.600 en marzo, ya que durante el verano caducan muchos contratos temporarios. Estas desvinculaciones son adicionales al plan oficial de reducir en un 20 por ciento los cargos políticos y jerárquicos.

El Gobierno aduce que la no renovación de contratos son casos de ausencias sin justificación, enfermedades prolongadas e incumplimiento de tareas. Los organismos que más bajas sufrieron hasta ahora fueron Fabricaciones Militares, con 354 despidos en lo que va de 2018, y la Televisión Digital Abierta, con 180.

Uno de los desafíos de la Casa Rosada será llegar a que solo el 10 por ciento de los aproximadamente 200.000 empleados de la administración pública nacional esté bajo la modalidad de contrato temporario que se rigen por el artículo 9 de la Ley de Empleo Público (Nº 25.164). Esta cuestión de que el Estado tenga empleados en “negro”, con contratos temporarios que se extienden a veces por más de 10 y 15 años, es claramente una ilegalidad que comenzó con Domingo Cavallo y que se sigue cometiendo aun hoy en la cara misma del sector privado, al que se le exige que tenga empleo registrado. La realidad es que se debe dar cumplimiento a la ley marco de regulación del empleo estatal.

En este escenario la pelea con los gremios estatales Upcn y ATE está al rojo vivo porque para los sindicatos estos despidos restan a sus planillas de aportantes, pero además porque su función es defender al empleado público. Lamentablemente, tanto al que trabaja como al que no y eso en muchos casos desvirtúa la labor sindical. No obstante acusan al Gobierno de que el ajuste de Macri no es redituable, “si lo quieren buscar desde el Gobierno por el lado del ahorro. En 2016 echaron a 10.000 personas de bajo rango, pero incorporaron otras 10.000 con salarios más altos, de 70.000 pesos” dicen en la ATE.

En paralelo a la política de desvinculaciones, el Gobierno amplió en la administración pública un plan de retiro voluntario y de jubilación anticipada como parte del ajuste. Uno de los casos paradigmáticos sería el del Correo Argentino, que cuenta con más de 16.000 empleados y es una de las empresas del Estado que más dinero le demanda al Tesoro, en tiempos en que su funcionalidad (por la existencia de Internet y el correo electrónico) no es la misma que hace 20 años. Sin embargo, la nómina no ha parado de crecer.  El objetivo a corto plazo de la compañía postal sería reducir al menos un 10 por ciento de su plantilla.

En esta temática, cuando se quiere insuflar los ánimos del ciudadano común se recurre a los ejemplos donde más se ha pervertido el empleo público, que es el Parlamento. Capas y capas geológicas de empleados que cada partido político ha ido dejando con cada diputado y senador que ha pasado por las cámaras.

En su plan de reducir el plantel de personal, las autoridades de la Cámara de Diputados instrumentarán este año un régimen de retiros voluntarios y de jubilaciones anticipadas destinado a aquellas personas que ya cuenten con 30 años de aportes y que tengan entre 60 y 65 años. Habría entre 300 y 400 empleados que reúnen estas condiciones.

En la Cámara baja la planta permanente asciende a 5.589 personas. Son 257 diputados los que allí trabajan. ¿Cómo es posible que haya 21 personas para atender su labor? Es que en las últimas décadas, muchos contratados lograban el pase a planta permanente a partir de favores políticos; es decir, llegaron con un diputado (que está en todo su derecho de contratar asesores) pero nunca se fueron. Luego fueron llegando nuevos diputados que traían gente propia y así sucesivamente hasta hoy, en que los nuevos legisladores tienen suspendidos los contratos de sus asesores hasta tanto se “purifique” la nómina vigente.

Para ello, en noviembre y diciembre la Cámara baja instrumentó un sistema de control de asistencia de su personal. Según los primeros registros, ya se detectaron 190 empleados de planta permanente que no fueron nunca a trabajar, pero cobraban un sueldo. A 160 de los empleados que no concurrían a su lugar de trabajo ya se les inició el trámite de cesantía, mientras que otros 30 presentaron su renuncia.

De todos modos, descontando esta gente y aun estimando un equipo de cinco asesores por diputado, además de personal de maestranza, seguridad, biblioteca, sigue siendo un despropósito que en Diputados haya más de 5.000 empleados. 

Donde realmente se está trabajando en un achicamiento real es en la Gobernación bonaerense, donde María Eugenia Vidal viene usando la tijera primero en cargos políticos innecesarios y luego en áreas completas que no son productivas. Esto es para destacar porque comenzó por donde correspondía, los salarios más altos y menos útiles, antes de bajar a los empleados.

También hay municipios trabajando en achicar su déficit, solo en Quilmes, Morón y Tres de Febrero no se renovaron los contratos de 804 empleados, según los números que la Nación constató en los tres municipios.

A estos 804 casos deben sumarse los 116 contratos no renovados en la Unidad Ejecutora Provincial, que superponía tareas con otras áreas del Ministerio de Educación y fue disuelta. En Quilmes, donde gobierna Martiniano Molina, el 1° de enero se dejaron sin renovar un total de 445 contratos. Frente a una de las plantas de personal más sobredimensionadas de la provincia -Quilmes paga el sueldo de 8.203 personas- representa un recorte del 5 por ciento.

En Pergamino, un Municipio que no tiene déficit y tiene por el contrario una administración sana, apenas asumió Javier Martínez se abrió un registro de retiros voluntarios y se jubiló al personal que estaba en condiciones, lo que dio un resultado no tan importante en el número, aunque los datos oficiales nunca se terminan conociendo. También en las oficinas locales funcionan dispositivos electrónicos para el control de la asistencia. Es de esperar que, además de registrar el ausentismo, motive acciones cuando este sea detectado. Así como el número de empleados es el secreto mejor guardado de la Comuna, se conocen los estable (unos 1.400), pero de los contratados poco y nada. Circulan así rumores de altas en el año electoral que tampoco se terminan de confirmar oficialmente. Lo que podemos reclamar al Municipio es mayor transparencia en estos datos.

Que hay que achicar el Estado, no hay dudas. El criterio que se aplique para lograrlo corresponde al actual Ejecutivo nacional y puede gustar o no. Obviamente nunca será del agrado de la oposición, los gremios y mucho menos por los propios cesanteados. A los ciudadanos nos interesa que el achique sea eficiente: pagar a los que trabajan y que los trabajos por los que se pagan sean necesarios.

Al fin, no es incumbencia del Estado dar trabajo sino administrar eficazmente los dineros de todos.