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Editorial

Puigdemont, de héroe a bufón y de presidente a prófugo

La aventura de declarar a Cataluña independiente en forma unilateral, por fuera de las normas establecidas en el reino de España, sin acuerdo con la Comunidad Económica Europea, sin la anuencia de las empresas radicadas en la región que amenazaban con irse, los bancos lo mismo, dejando en el camino empleos y ganancias, terminó en el ridículo internacional. 

No es el concepto, la idea de secesión lo que está en cuestión en la península ibérica, sino el camino elegido por Puigdemont y sus parlamentarios, a quienes les cabe el delito de sedición, entre otros.

Tampoco es cuestionable, desde lo legal, las respuestas arbitradas por el gobierno de Mariano Rajoy, a quien hoy endilgan archivos en los que critica las actitudes de Chávez en su momento y de Maduro luego, en Venezuela, a quienes oportunamente criticó por su persecución a los opositores y por la renuencia a un referéndum. A diferencia de lo que sucedió y sucede en el país caribeño, ningún opositor infringió ley alguna, tan solo resultaron perseguidos por la expresión de sus ideas. En Cataluña, en cambio, el Parlament rompió y eludió todas las normativas imperantes.

Cuando desde Madrid llegó la intervención a la comunidad autónoma, ya Carlés Puigdemont se había fugado a Bruselas donde dice ser un exiliado, un estatus que no le fue reconocido. De modo que cuando esta semana la Justicia española pidió la orden europea de detención contra el expresidente catalán y los cuatro exconsejeros por rebelión, sedición y malversación (que se desprende de las pesquisas que se han realizado desde la intervención), todo se transformó en una comedia de enredos de la que da cuenta la prensa española y europea. 

La magistrada prevé que todos sean detenidos, a petición de la Fiscalía y desoyendo a sus abogados, que pedían que pudiesen declarar por videoconferencia desde Bruselas. Los letrados han remitido esa petición por escrito y ha sido rechazada al no existir ninguna razón que justifique su ausencia. La petición afectaría, aparte de a Puigdemont, a los exconsejeros Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura). 

El Ministerio Fiscal añade que Puigdemont “ha manifestado públicamente su intención de no comparecer y ha solicitado, como también lo han hecho Antoni Comín y Maritxell Serret, efectuar declaración por videoconferencia, sin ofrecer dato alguno sobre su paradero actual”. A última hora de ayer fue emitida la orden de detención por lo que los funcionarios podrían ser arrestados en cualquier momento y ser puestos a disposición de un juez, que deberá decidir si los envía o no a la cárcel mientras se tramita o adopta otro tipo de medidas cautelares.

Esta orden será acatada por la fiscalía federal belga y entregarían a Puigdemont y sus ministros a las autoridades españolas. Porque el Ministerio Fiscal Federal será la autoridad belga que reciba la euro orden de detención de parte de la Justicia española y la encargada de ejecutarla.

No afrontan cargos menores, podrían ser penados a entre 15 y 30 años de cárcel según se determinen las responsabilidades, lo cual quizá hasta les parezca excesivo a los exfuncionarios quienes actuaron como verdaderos adolescentes pensando que crear una república en Cataluña era solo cuestión de tomar la decisión y configurar un relato emotivo, lleno de motivaciones atendibles pero carente de metodología. De todas maneras los funcionarios, en un acto de toma de conciencia aunque sea tardío, decidieron presentarse ante los requerimientos de la Justicia española y a esta hora solo el expresidente resiste en su auto exilio. Así que el expresidente pide resistencia a los funcionarios públicos de la región Catalana pero él huye a Bélgica y como si todo esto ya no fuera incoherente en sí mismo, afirma que acepta y participará de las elecciones a las que ha llamado el Gobierno español para reemplazarlo. Ahora, cuando ya embarcó a legisladores y gran parte de la población en una epopeya ilegal que todos abrazaron como posible, recula para dar lugar a la legalidad. Una incoherencia propia de un niño. 

Lamentablemente, muchos catalanes que habrán deseado realmente esta independencia, por razones históricas, linguísticas y hasta raciales terminaron creyendo el relato, épico en las palabras e inconsistente en la realidad institucional de España, de que estaban fundando una nueva república. Un sueño acariciado por otras regiones como la Vasca, que buscó por medios violentos la separación de España o una parte de Irlanda que ha vivido guerreando contra el Reino Unido. En fin que las normativas propias de los países y, en este caso, la misma unidad de Europa conspira contra este tipo de decisiones unilaterales y así terminó la aventura catalana.

La prensa belga trata a Puigdemont de huésped incómodo, “un circo” en nuestro país, un posible conflicto diplomático. Tanto que el gobierno de Bélgica ha dado orden a todos sus miembros a que no digan una sola palabra sobre el expresidente, ni sobre la crisis catalana, la recomendación se hizo, sobre todo, para los miembros del partido nacionalista que simpatiza con la causa catalana. Porque la realidad es que la presencia del político en Bruselas está tensionando la coalición y no quieren que este “circo”, como lo llama la prensa, termine trayendo un conflicto diplomático con Madrid. 

Algunos creen que Puigdemont en caso de que lo pretendan entregar a la Justicia española huirá de nuevo a destino desconocido, sin embargo su situación ya es de por sí bastante compleja como para añadirse nuevos cargos por los cuales responder.

Sostiene Puigdemont que no vuelve a España mientras que el gobierno español no le prometa un juicio justo, pero cuando llegue la euro orden de detención, el gobierno belga lo más probable es que lo meta en un avión hacia Madrid sin más trámite.

En ese caso debería pedir asilo, pero la normativa europea hace altamente probable que le sea denegado porque es ciudadano de un Estado miembro de la UE y porque el gobierno belga ya ha mostrado su incomodidad con una visita indeseada. En declaraciones a la prensa, el expresidente catalán muestra que su estrategia es la de ejercer una “resistencia pacífica ante la violencia española” y que Europa debe reaccionar “porque la independencia catalana se basa en los valores europeos”. 

Lo que parece no tener en cuenta el exmandatario es que la Unión Europea se creó, principalmente, para evitar que los nacionalismos volvieran a ensangrentar un continente que arrasaron dos veces en la primera mitad del Siglo XX en las dos grandes guerras.

Si Puigdemont pensó que declarar independiente a Cataluña sería visto como una travesura por el gobierno español, en caso de que la aventura, como sucedió, saliera mal, fue un grosero error de cálculos que, al fin, le va a terminar costando su libertad.