Pami, el organismo vulnerable de siempre

Cuando se conoció del allanamiento a una farmacia del barrio Malvinas Argentinas en nuestra ciudad a propósito de la sospecha de defraudación y estafa al Estado a través de la obra social de los jubilados, Pami, no tomamos quizás la dimensión de la noticia que estábamos asumiendo. Lo que el Ministerio de Seguridad de la Provincia ya da como un caso consumado, es en realidad uno entre muchos más que se dan en todo el país y que terminan implicando un monto nada despreciable de 500 millones de pesos por año. Lo que sucedió en Pergamino no es un hecho aislado sino parte de estafas sistemáticas perpetradas contra la obra social de los jubilados.

Hay denuncias hacia adentro del Pami y otras hacia afuera, donde desde empleados de la obra social hasta farmacias y profesionales de la salud querían sacar la tajada indebida. Recordemos que en el mismo organismo, durante 2013 y 2015, se utilizaron los nombres de personas fallecidas para vender remedios en forma ilegal a clínicas y farmacias. También se adulteraron las identidades de médicos para llevar adelante este ilícito. Como es casi ocioso explicar, esto pasó no solo porque existen personas inescrupulosas (y siempre las habrá) sino también porque no hubo –y a la luz de los hechos recientes siguen sin haber- controles internos eficientes. Que una investigación puntual haya sido exitosa en orden a desmantelar una operatoria indebida, nos habla que esta se perpetró durante cierto tiempo. Es decir, fue posible sin que en el momento que en se hacían saltara alguna especie de alerta que lo evitara.  

Pami ha sido históricamente un “talón de Aquiles” en todos los gobiernos, un ámbito sencillo de vulnerar por alguna u otra maniobra. Y si es fácil, es por connivencia interna o porque no existen los controles suficientes. Se ha sabido que no se cruzaba el padrón de afiliados con el registro de fallecidos, que hubo médicos que fraguaban las recetas o les fraguaban las recetas y en muchos casos había connivencia de las farmacias y hasta de la propia industria. Esta es la línea gruesa de las maniobras, sin embargo vemos muchas denuncias más, hasta alarmarnos del grado de defraudación en el que se ha caído.

En Salta se investigó a dos médicos y cuatro bioquímicos salteños sospechados de haber emitido órdenes de estudio de laboratorio que no se habrían realizado. La defraudación sería de al menos 3 millones de pesos. Recetas a nombre de muertos, farmacias que facturaban hasta un millón de pesos mensuales por medicamentos para diabéticos y sellos médicos falsificados son algunas de las irregularidades que la Justicia detectó en Santiago del Estero, donde operaba un sofisticado esquema de estafa al Pami.

En Mar del Plata investigaron a 15 farmacias de la ciudad por una millonaria estafa a la obra social de los jubilados.  Es por la provisión de tiras reactivas (para diabéticos, que es un material muy caro) a afiliados fallecidos y la venta irregular de medicamentos con troqueles y fechas de vencimiento adulterados. En Mendoza la Justicia Federal dictó la prisión preventiva para los nueve imputados en la investigación de una estafa millonaria en la sede local del Pami por más de 50 millones de pesos. La banda vendía medicamentos de forma ilegal desde la obra social de los jubilados. Córdoba es un eslabón más en la millonaria cadena de estafas contra el Pami. Esto quedó en escena cuando se allanaron 15 farmacias, donde se encontró documentación relacionada con estas maniobras. 

La defraudación más habitual, que se viene investigando en provincias como Santiago del Estero, Formosa y Corrientes pero que suma a denuncias en todo el país consiste en que determinadas personas llegan con una gran cantidad de recetas que no pertenecen a los pacientes o firmadas por profesionales que en algunos casos no son médicos. Los medicamentos se compran a través del Pami y luego, en forma irregular, se introducen a farmacias y clínicas. Lo mismo pasó en Chubut también en Santa Cruz y toda la Patagonia Sur, es que la gran mayoría de las prestaciones no están por cartera asignada, es decir como prestadores propios de Pami sino que son prestadores alternativos. Eso quiere decir que facturan mediante órdenes de prestaciones y esto se prestaba a que las estafas fuesen más difíciles de detectar.

En definitiva, donde no hay controles estrictos, se introducen quienes quieren estafar al Estado: empleados de la misma obra social, farmacias, clínicas, profesionales de la salud. Una picardía –que es claramente un delito, esto debe quedar claro- que no pueden hacer con las obras sociales privadas que vigilan con una lupa los gastos de los afiliados y el comportamiento de los prestadores. Precisamente con este sector los profesionales se cuidan porque temen que si cometen cualquier adulteración de recetas o prácticas, son retirados de las cartillas de la obra social generándose un perjuicio ya que no podrán atender más a los pacientes de esa entidad. Con Pami, en cambio, el Viva la Pepa ha reinado siempre, dando lugar a que se generen todo tipo de abusos con los fondos públicos.

Es bien cierto que en un país donde quienes tienen más responsabilidades no han dado el ejemplo, muchos se sienten invitados a hacer su propio negocio con el Estado bobo, que no controla y donde los funcionarios son los primeros en armar estructuras de corrupción. De este modo el sector privado terminó haciéndose su agosto a costa de los jubilados y facturando millones de pesos falsificando documentación.

No vamos a poder recuperar los fondos estafados en lo que hace a Pami, porque no tenemos leyes que amparen este tipo de medidas, pero podemos iniciar un camino de mayor transparencia como vemos que se está intentando, con controles más efectivos y sin piedad para con los funcionarios involucrados, por acción o por omisión. Cierto es también que cuando se introducen mayores instancias de control, aparecen justos que pagan por pecadores. Las normativas generales tienen esto de que por abarcativas no contemplan algunas particularidades que deben ser atendidas, pero lo importante sería que por dar respuestas inmediatas no se resuelva por el lado de una mayor laxitud, porque esa es la hendija que utilizan los inescrupulosos. 

Los medicamentos son uno de los gastos más importantes del bolsillo de los jubilados, no solo por el alto costo que tienen sino además porque por la edad de este tipo de pacientes ya tienen medicamentos que consumir en forma permanente. Por eso es tan importante la tarea del Pami para este extendido sector social. Lamentablemente por la falta de controles, que es histórico en nuestro país, muchos se han acostumbrado a que los que es de todos no es de nadie, de modo que ni siquiera se plantean que cometen un delito al robarle a la partida de remedios de la tercera edad y en perjuicio de ellos mismos, ya que lo que roban es plata del Estado proveniente de los tributos. 

Para algunos puede ser una buena noticia que se haya allanado una farmacia local que no estaba haciendo bien las cosas. Pero desde otro punto de vista, no lo es. Más que un allanamiento positivo, nos generaría mayor satisfacción que los controles en  Pami fueran lo suficientemente exhaustivos y eficientes en la diaria, como lo son en las prepagas, para que no fuera menester una intervención policial cuando se trata de los remedios de nuestros jubilados.